VALÈNCIA. A menos de una semana de que se celebre la comisión de Coordinación en la que deben votarse las enmiendas a la Ley de Publicidad Institucional, PSPV y Compromís se emplazaron este jueves para dar forma a tres modificaciones de la norma esenciales que han permitido que su tramitación se desbloquee: la eliminación de todo el capítulo de sanciones que solicitaban los socialistas, la supresión del órgano que debía controlar que se cumpliera la ley y la inclusión en el articulado de medidas correctoras que disuadieran a la prensa de incluir anuncios de prostitución entre sus páginas.
Así, el texto que socialistas y valencianistas acordaron incluir en el artículo 6 de la ley, que establece la "determinación de los medios de difusión", concreta que la "inserción de publicidad institucional debe realizarse con preferencia por los medios que no contengan anuncios de prostitución".
Una redacción que si bien establece que deba hacerse "con preferencia" y, por tanto, ofrece a las administraciones la posibilidad de realizar una elección entre los medios o de ordenarlos atendiendo a este criterio, no fija que sea un principio excluyente. Esto es, la presencia de publicidad institucional en medios que inserten todavía anuncios de prostitución y que, como denunció la diputada de Compromís Isaura Navarro "hace negocio a costa del maltrato de las mujeres", no será incompatible.
La convivencia de ambos contenidos publicitarios, el institucional y el de prostitución, va en sentido contrario a lo acordado en el Pacto contra la Violencia de Género y Machista al que todos los partidos se adhirieron en septiembre de 2017. Este acuerdo contempla en el artículo 17 del cuarto eje que "las administraciones públicas valencianas no contratarán y/o subvencionarán medios de comunicación que utilizan la cosificación de las mujeres y la prostitución".
Se supone que, desde entonces, la Generalitat debería incluir en las próximas convocatorias esta consideración, aunque de momento no ha sido así y en el futuro no habrá obligación alguna, si sale adelante la nueva ley en los términos pactados por PSPV y Compromís.
No obstante, para los socios del Botànic es un gran avance que esta consideración se incluya por primera vez entre los márgenes de una ley. "Estamos invitando a los medios a que dejen de contribuir a la explotación de la mujer; ahora sería un acto de sensatez y coherencia que voluntariamente dejaran de publicar esos anuncios sin necesidad de prohibirlo porque no tiene sentido que, además, hayan firmado el pacto y lo incumplan diariamente", señala Isaura Navarro.
Pese a no plantearlo como incompatible, la diputada impulsora de la ley de Publicidad Institucional -cuyo fin es establecer criterios objetivos bajo los que realizar contratos de publicidad y así evitar "el uso partidista o particular en la gestión comunicativa pública"- es contundente con el posicionamiento de su grupo en lo que respecta a estos anuncios de contactos: "Los medios que contribuyen a la explotación de la mujer con anuncios de prostitución no deben recibir ni subvenciones ni ayudas públicas y no deberían ser considerados medios óptimos para contener publicidad de nuestras instituciones".
Esta enmienda todavía debe superar la comisión del próximo miércoles 28 de marzo, ya que de los 15 parlamentarios que la componen, socialistas y valencianistas sólo suman seis votos, por lo que el apoyo de su socio parlamentario -Podemos tiene dos diputados- resulta indispensable para que este artículo sea incluido en la futura ley.
Aunque el apoyo de Podemos a iniciativas que vayan dirigidas a eliminar este tipo de anuncios se dé por descontado porque también se adhirieron al pacto impulsado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, no se descarta que la formación morada trate de ir más allá para que la redacción sea más dura. Es decir, que el grupo que lidera Antonio Estañ quiera que la ley no lo plantee como un mero incentivo y plantee poner más trabas a estos medios con el fin de conseguir que estos anuncios desaparezcan definitivamente.
De momento, las propuestas serán trasladadas también al resto de grupos parlamentarios; el PP, que no presentó ninguna enmienda en este sentido, y Ciudadanos, que no registró modificación alguna al texto legislativo original desde que se presentó en septiembre de 2015 hasta que se cerró el plazo en marzo del año siguiente.
Los partidos que forman parte del Gobierno del Botánico también acordaron ya este miércoles eliminar el apartado sancionador -a petición de los del puño y la rosa-, que contemplaba que si un medio infringía la ley debía devolver a las arcas públicas los costes económicos que hubiera tenido la campaña publicitaria. Además, también prohibía contratar con la administración durante un periodo de tiempo variable -de 5 a 10 años- en función de la gravedad de la infracción que hubiesen cometido.
Aunque costó llegar a un punto de encuentro, finalmente Compromís accedió a cambio de que la norma recogiera un mecanismo mediante el cual se pueda exigir "la rectificación, la retirada de la campaña o revisión de adjudicaciones a los medios de comunicación en caso de que vulneren algún aspecto de la ley", indicó Navarro a Valencia Plaza.
El tercer acuerdo es que no se constituya finalmente el Consejo de Control de la Publicidad Institucional. Un órgano cuyo fin era "informar de las campañas públicas institucionales previas a su publicación o difusión" o "presentar, por lo menos una vez al año, el informe anual de la actividad de publicidad institucional ante la comisión parlamentaria correspondiente de Les Corts". PSPV y Compromís no creen "necesario" crear "un organismo controlador si la ley es clara".