Foto: JOSÉ CUELLAR/CORTSVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública publicó el pasado mes de diciembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la segunda tanda de plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria que trata de reducir la temporalidad en la Administración valenciana hasta el 8%, para las que sí está prevista una fase de oposición y en la que se ofertaron 1.214 puestos. La cifra se sumaba a las otras 2.514 plazas que previamente la Generalitat ya había convocado días atrás y que se cubrirán mediante un concurso de méritos.
El proceso extraordinario, como ya publicó este diario, se solapa con la resolución de varias convocatorias de las oposiciones anteriores, las OPE de 2017, 2018 y 2019. Una circunstancia que ha provocado que personas que se presentaron a estos procesos anteriores también decidieran inscribirse en las mismas categorías en la OPE extraordinaria de 2022 sin saber si ya habían aprobado o no. El dilema no es baladí, dado que el atasco en las correcciones es considerable. Tanto, que trae de cabeza a los responsables de la Conselleria, que buscan fórmulas que pudieran servir para agilizar la resolución de las convocatorias.
Actualmente, el decreto 3/2017 regula la elección y composición de los órganos técnicos de selección (OTS). Es decir, los tribunales de cada oposición que se encargan de la preparación de las pruebas selectivas, las labores de corrección, la baremación de los méritos de los aspirantes y la resolución de las alegaciones o recursos que presentan los examinados.
Su composición, grosso modo, se lleva a cabo por sorteo entre los funcionarios de la Administración y es obligatorio que estos participen en ellos salvo causa justificada, como por ejemplo que exista incompatibilidad porque guarden un vínculo familiar con alguno de los aspirantes. Siempre deben ser impares y su número no puede ser inferior a cinco. Además, la Conselleria de Función Pública también debe nombrar suplentes y tener en cuenta los criterios de paridad.
El problema principal, precisamente, reside en que estos funcionarios deben realizar las labores como miembros de tribunal fuera de su horario laboral en la Administración. Una circunstancia que la convierte en una tarea no demasiado atractiva para los empleados, pues en la práctica supone hacer horas extra que, a pesar de estar en cierto modo remuneradas -perciben unas indemnizaciones por ello-, no son lo suficientemente elevadas si se tiene en cuenta la "carga de trabajo" que estos procesos implican.
Todo este escenario ha contribuido a que el departamento que dirige Gabriela Bravo se haya planteado la posibilidad de liberar a estos funcionarios de sus obligaciones en la Generalitat de forma temporal para que se centren en la corrección de las convocatorias en las que han participado y, así, desatascar varios procesos. Al concluir esas labores, volverían a centrarse en sus puestos de trabajo.
La idea, todavía en fase de análisis, fue trasladada a los sindicatos hace unas semanas y tuvo buena acogida por parte de las organizaciones sindicales. Esto es porque consideran que se descargaría de trabajo a estos empleados públicos que actualmente deben compatibilizar ambas tareas y no supondría una merma retributiva. Si hasta ahora cobraban su sueldo como funcionarios junto a las dietas específicas por ser miembros de tribunal, la intención sería que pasaran a percibir tan solo su salario y dejaran de cobrar las dietas, pero a cambio se centrasen en la corrección de las oposiciones.
El planteamiento, sin embargo, aunque contaría con el aval sindical en caso de ponerse en marcha, podría sumar fisuras de otro tipo. Especialmente, de fondos. Si se liberasen a los miembros de los OTS de forma provisional, Hacienda debería autorizar la sustitución de todo este personal para que las labores que desempeñan en la Administración no quedasen huérfanas. Una operación compleja porque se debería contratar a más de 400 personas de forma temporal en la Generalitat. Una cifra suficiente para enfriar un plan de este calado.
Con todo, cabe recordar que el Consell aprobó hace un par de semanas en un pleno aumentar hasta un 83% las indemnizaciones que perciben los miembros de los órganos técnicos de selección que llevaban más de 25 años congelados -la normativa anterior se aprobó en 1997-. La modificación, huelga apuntar, hace las tareas más atractivas.
