El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, al acudir a Fiscalía. Foto: EPALICANTE (AP/EP). Nuevas diligencias en la investigación sobre el supuesto intento de compra de la tránsfuga de Guanyar, Nerea Belmonte. La Fiscalía ha citado a declarar este viernes a los portavoces municipales de Guanyar y compromís, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, para que expliquen su participación en las conversaciones mantenidas en los días previos al desarrollo del pleno de investidura del nuevo alcalde, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. Ambos han sido citados en calidad de testigos este mismo viernes tras recibir una llamada telefónica de Fiscalía.
Pavón ha comparecido durante cerca de dos horas, en las que habría explicado que él había trasladado a Belmonte que ni él ni el grupo municipal de Guanyar podían comprometerse a aprobar que Belmonte percibiese un sueldo por su labor como concejal, y que sólo accedían a que se tramitara la reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para que se eliminase el impedimento a presentar declaraciones institucionales y mociones, además de participar en todas las comisiones municipales. Se trata de la reforma que Belmonte había venido reivindicando para que se le reconociesen derechos políticos y económicos en igualdad de condiciones que el resto de concejales de la oposición.
El portavoz de Guanyar ha confirmado, al término de su declaración ante el fiscal, que ha aportado, además, "el documento de objetivos que elaboraron las tres formaciones políticas del anterior equipo de gobierno formado por PSOE, Guanyar y Compromís para la investidura de la socialista, Eva Montesinos, como alcaldesa de Alicante. En esta línea, ha explicado que "le he detallado al fiscal que el acuerdo, que fue validado el día 18 de abril, incluía la modificación del ROP, lo que abría la puerta a la restitución de los derechos políticos y económicos de los ediles no adscritos, condición sobre la que hablamos con la exconcejala de Guanyar, para que se sumara al pacto de las formaciones de izquierdas".
Así, Pavón ha explicado al fiscal que él participó en las negociaciones entre las tres formaciones políticas del documento de objetivos políticas el día 18, el día previo al pleno de investidura, y que en el documento se incluyó en el punto 9: "Tramitar y aprobar en el plazo más breve posible - antes de agosto de 2018 - la reforma del Reglamento Orgánico del Pleno incluyendo la propuesta normativa presentada por la concejala no adscrita Nerea Belmonte Aliaga, a fin de favorecer la democracia participativa, la transparencia y la restitución de los derechos de los concejales no adscritos".
El líder de Guanyar ha insistido en que se trataba de "una propuesta informada por la Secretaría General de Pleno y, a petición de Guanyar, por los servicios jurídicos municipales". Sin embargo, según Pavón, Belmonte "no dio señales de vida tras la reunión que el PSOE mantuvo con ella" en la que se le trasladó ese documento de compromisos políticos.
El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido.Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, que ha comparecido en Fiscalía tras Pavón, ha asegurado, al término de su declaración, que "el debate" sobre los derechos políticos y económicos de Belmonte, podía ser "legítimo", pero que pasaba a ser "ilegítimo" si "lo quería llevar" como "condición" al pleno de investidura del pasado abril.
Bellido se ha cuestionado si Belmonte no hablaría "con otras formaciones" y ha trasladado al fiscal que en el pleno de investidura hubo "votaciones raras", por lo que ha instado a "seguir la pista" de a quién "ha beneficiado" el voto en blanco de la no adscrita. "Sobre eso, no tenemos ninguna información con la que poder apoyar esto", ha subrayado.
Según Bellido, él ha trasladado al fiscal que Compromís transmitió a Belmonte su "posición" sobre la legitimidad de sus reclamaciones y ha opinado que se trata de una idea en la que coincidían "el resto de grupos". Sin embargo, ha precisado: "Si ese debate sobre sus derechos económicos lo quería llevar a la votación de investidura se convertía en un debate ilegítimo, y nosotros no íbamos a entrar ahí".
Así, ha manifestado que la modificación del ROP se podía tener "sin problema", porque además era "un compromiso de gobierno" del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), que "no se había llevado a cabo". Ahora bien, ha señalado que en ningún caso Compromís iba a comprometerse a asignar un sueldo a Belmonte si eso se planteaba como condición para que ella votase a favor de la investidura de Montesinos.
Bellido ha explicado a la Fiscalía cómo transcurrió el día previo al debate del pleno de investidura -miércoles 18 de abril-, y ha recordado que había una reunión prevista entre el PSOE y Belmonte. El portavoz de Compromís ha mantenido que, al término de esa reunión, los socialistas mostraron "preocupación" porque "las cosas no iban bien" y porque Belmonte "no aclaraba" su voto.
Por su parte, fuentes del grupo municipal socialista han asegurado que la Fiscalía anticorrupción no ha citado a declarar ni a la candidata Eva Montesinos ni a ningún otro concejal del grupo.
Como viene informando Alicante Plaza, PSOE, Guanyar y Compromís firmaron un documento con 18 propuestas políticas entre las que se recogía esa modificación del ROP para tratar de sumar el voto de Belmonte a la investidura de la candidata socialista, Eva Montesinos. Sin embargo, la edil expulsada de Guanyar y de Podemos por dar contratos menores de manera directa a personas afines emitió un voto en blanco en el pleno de elección de nuevo alcalde, lo que propició que la Alcaldía fuese a manos del popular Luis Barcala como candidato de la lista más votada en 2015.
Más tarde, en el primer pleno ordinario posterior, Belmonte sostuvo que había recibido una supuesta oferta de sueldo de 3.500 euros y la posibilidad de figurar en las listas electorales de 2019 y que esa oferta no procedió de nadie del PP. La Fiscalía decidió abrir diligencias un mes después a instancias de la denuncia de dos activistas vecinales, militantes de Podemos, José Luis Valdés y Francisco García.
