Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Conselleria de Economía consuma la hoja de ruta que se marcó y este 25 de febrero culmina la primera fase de la reversión del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana. De este modo, a partir de este sábado algunas estaciones pasarán a ser gestionadas por la Generalitat Valenciana tras 25 años de concesión privada. Un proceso que no será fácil, ya que desde las concesionarias llevan semanas advirtiendo del "caos" y "la mala planificación" con amenazas de acabar en los tribunales enfrentándose así a la Administración.
En un principio, la reversión estaba fijada para el pasado 1 de enero, pero finalmente el departamento que dirige Rafa Climent concedió una prórroga a las empresas como compensación por las pérdidas en el negocio por el tiempo que permanecieron cerradas durante la pandemia. El plazo de ampliación fue de entre 55 y 62 días, según los casos. Una diferencia en base a que la desescalada del confinamiento se produjo en diferentes momentos en las diferentes áreas de salud de la Comunitat Valenciana.
Así, este sábado 25 de febrero vencía la concesión para las estaciones de ITV de Alcoy, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela-San Bartolomé, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs y Xàtiva. En cambio, será el próximo 4 de marzo cuando pasarán a ser públicas las de Alicante, Alzira, Castelló, Catarroja, Elche, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria, Sagunt-Port de Sagunt, San Antonio de Benagéber, València-Campanar, València-Vara de Quart y Vila-real.
Con la vuelta a la gestión pública, se cierra un periodo de 25 años de privatización del servicio por decisión del Gobierno de Eduardo Zaplana en 1997 y que ha tenido como derivada el juicio -pendiente de fecha- al exministro y expresident por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.
Unos años después de implantarse la privatización, en 2004, el entonces conseller de Territorio con el PP Rafael Blasco -condenado por desvío de fondos de ayudas públicas a la cooperación internacional- instauró una prueba de sonometría a los vehículos para pasar la ITV que encareció el precio de la prueba y que desde este 1 de enero de 2023 se ha suprimido.
Ahora, será la nueva empresa pública Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SVITV), dirigida por el abogado Josep Albert, la que asumirá la gestión del servicio y a los cerca de 1.200 trabajadores, con un presupuesto de 80 millones de euros. Una de las primeras medidas ha sido precisamente la supresión de la prueba de sonometría, lo que ha permitido un ahorro de 11,25 euros.
Además, hace solo unos días que la nueva mercantil, dependiente de la Conselleria de Economía, lanzaba una nueva web de cita previa para evitar la parálisis que se estaba generando. Eso sí, lo hacia 48 horas antes de recuperar el servicio. Esta herramienta online está adaptada a todos los dispositivos móviles y operativa y disponible en www.sitval.com.
En ella, los usuarios pueden seleccionar la estación de ITV que más les convenga y, después de rellenar un formulario con datos personales y del vehículo, reservar día y hora para realizar la inspección. De esta forma, se unificará el servicio de cita previa, que hasta ahora estaba disponible mediante siete páginas web diferentes, dependiendo del lote al cual pertenece cada estación de ITV.
Desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana (Aecova-ITV) llevan meses criticando la "precipitación" en el proceso, la "mala planificación" y la falta de comunicación con la Generalitat Valenciana. Principalmente su queja se ha centrado en el desconocimiento de la hoja de ruta a seguir y sobre el futuro de los trabajadores, la mayoría de ellos con diferentes convenios en función de los lotes.
"Hemos de decir que por parte de la Conselleria de Economía, y a los efectos de la finalización del contrato, nada se nos ha indicado, más allá de indicaciones que, en su mayor parte, se consideran contrarias a derecho, con imposiciones de carácter coercitivo, y pretendiendo vulnerar derechos mediante la exigencia de obligaciones tras quedar extinguido el contrato", aseguraban desde la asociación.
En este sentido, advertían de la falta de información sobre "cómo va a acometerse la reversión del servicio, la de los bienes o la forma y garantías de su entrega", lo que, a su juicio, ha generado durante estos últimos meses "una gran incertidumbre". Todo ello, abocaba, según Aecova, a un proceso en el que iba a imperar "el caos y colapso" con consecuencias directas para los usuarios.
Por ello, pedían una nueva prórroga de 15 meses más para evitar deficiencias en un servicio que, según defienden, durante estos 25 años "ha sido de calidad y ha funcionado bien". No obstante, la ausencia de una interlocución con la Administración les llevaba a tomar la decisión de presentar recursos por la vía de los contencioso-administrativo para ampliar la concesión, así como para recuperar la prueba de ruido eliminada.
No obstante, a días de la reversión Climent llamaba a la calma y remarcaba que "no habrá ningún problema" con la gestión de las ITV por parte de la Generalitat Valenciana. "Todos los pasos se han hecho de una manera adecuada", destacaba el conseller, quien este sábado visitará la estación de Gandia para conocer de primera mano el protocolo de traspaso del servicio de la actual concesionario a la gestión directa.
Una visita en la que estará acompañado por el director general de la Societat Valenciana d'ITV y la policía autonómica, que les acompañará aunque aseguró que "no precintará nada". Sin embargo, sí tomarán nota si hay algún incidente o si tienen que levantar acta por no encontrarse alguna instalación en las condiciones adecuadas.
De hecho, para poder acometer el traspaso, las estaciones en las que hoy se acometerá la reversión -las de Alcoi, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs y Xàtiva- permanecerán cerradas.
En el traspaso, también se personará personal del Ivace provisto de la correspondiente acreditación, en representación de la Generalitat. Por parte de la empresa concesionaria deberá acudir personal debidamente acreditado como representante legal para poder proceder a la entrega de la instalación y firmar el acta de inspección técnica previa a la recepción provisional.
De esta forma, Climent y Albert acompañarán a los técnicos, que realizarán las actuaciones y comprobaciones pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento del servicio una vez finalice el periodo de concesión indirecta, que dará por finalizada una etapa de 25 años de concesión.
