Finaliza el plazo para que las partes se pronuncien sobre la subasta del Rico Pérez

ALICANTE. Este viernes finalizaba el plazo que de acuerdo con el Ley de Enjuiciamiento Civil tenían los acreedores de Aligestión y la propia mercantil para pronunciarse sobre el cierre de la subasta de los bienes y derechos de esta (entre los que se encontraba el estadio José Rico Pérez) y más concretamente sobre la mejor oferta presentada: la formulada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Los 3.750.000 euros de la puja del banco del Consell no alcanzan el 30% del valor de tasación del lote subastado (ascienden al 25,5% del precio de salida, 14.748.871,36 euros) pero permiten hacer frente a las costas del procedimiento y varios créditos contra la masa lo que unido a que el IVF es titular del 85% de la deuda de la mercantil, 'allana el camino'. 

Este trámite de audiencia a las partes o el informe solicitado en su día al administrador concursal, han de ayudar al letrado de la Administración de Justicia (y por extensión al titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante) en su decisión.

Condición resolutoria

Paralelamente, se espera que el próximo martes la junta de gobierno municipal apruebe la cancelación de la condición resolutoria que grava la compraventa del Rico Pérez por parte de Aligestión desde 2007 y que sigue pendiente de levantarse pese a que en 2012 ya se acordó hacerlo por el anterior gobierno del PP. Como ha venido contando Alicante Plaza, el asunto estaba previsto que ya se hubiera abordado esta semana pero uno de los socios del tripartito, Compromís creyó conveniente solicitar informes adicionales que aseguren que con la cancelación de la citada cláusula no se lleve a término un acuerdo lesivo para el interés público que además constituya un ilícito penal y es que las dudas sobre si la exigida reforma de 4,2 millones de euros se llevó a cabo por la mercantil siguen ahí, tal y como han dejado patente sendos informes del área de Urbanismo que está en manos de Guanyar.