Imagen de archivo de la primera sesión del juicio del Caso Brugal. Foto: PEPE OLIVARESORIHUELA. Las sesiones de declaraciones de testigos en el juicio del Caso Brugal continúa esta semana. Ayer fue el turno de Fernando Urruticoechea, el interventor del Ayuntamiento de Orihuela desde abril de 2014 a marzo de 2017. El testigo respondió a cuestiones del fiscal Pablo Romero para aclarar, entre otras dudas, las circunstancias que rodeaban a facturas anteriores a su llegada, de la UTE adjudicataria del contrato de recogida de residuos sólidos en 2008. En concreto, en un informe redactado por el interventor, se daba cuentas de pagos realizados a la UTE y se apuntaba a que existían también pagos pendiente de resolución, por reclamación judicial hacia el Ayuntamiento de Orihuela, del pago de facturas no autorizadas por el técnico, por intereses de demora.
Así, Urruticoechea, aseguró que ese apunte en las facturas pagadas con anterioridad se debía a que conocía de la existencia de "toda una serie de facturas retenidas aquella época en Intervención o judicialmente". Aportó, además, que había reclamaciones por otras facturas. "Para que un interventor pueda dar cuenta o fiscalizar facturas, estas tienen que estar previamente conformadas por los técnicos correspondientes. Si no decían que en cantidad, tiempo y servicio eran correctas, no se le puede dar visto bueno".
Dentro de su declaración, el interventor en Orihuela de 2014 a 2017, afirmó que en la época en la que llegó al Consistorio, había "un pozo negro de múltiples causas". Según la declaración del testigo, había un problema de gestión, múltiples reclamaciones judiciales no liquidadas y problemas de gestión y de fuerte demora en el Ayuntamiento de Orihuela. La causa, apuntó era la falta de técnicos correspondientes y que existía "cerca de un millón de euros pendientes de tramitar con reclamaciones judiciales". Ahondando en este sentido, Urruticoechea criticó que "di el visto bueno de los pagos, pero también di cuenta de que las facturas estuvieron hechas por un órgano incompetente y complaciente" y que las personas en el puesto, anterior a su llegada eran, bajo su declaración, "personas complacientes con el equipo de gobierno anterior".
Además, en su intervención como testigo en el juicio, ratificó uno de sus informes emitidos en el que daba cuenta de facturas pagadas a la UTE que se encargó de la recogida de basuras en Orihuela antes de municipalizar el servicio en 2012. Allí daba el visto bueno de la contabilidad de la que el era responsable e informaba de pagos relacionados con esa UTE, factura por factura. Consistía en un volcado de datos del Ayuntamiento verificado por él mismo. En ese informe es donde matizó que existían otros pagos pendientes.
Asimismo, ante las preguntas del fiscal Pablo Romero, el interventor señaló que esas facturas retenidas se debían "a que el Ayuntamiento no había hecho sus deberes". Apuntó a que no se había constituido una Comisión de Liquidación cuando se municipalizó el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. "Esa comisión tenía que haber evaluado las cantidades que se debían a la antigua empresa. Esa comisión no existió a pesar de mis peticiones, indicando que estaba pendiente de hacer y que era muy grave que no se liquidara adecuadamente". Las cuantías debidas y retenidas fueron reclamadas judicialmente por la UTE.
Además, Urruticoechea mantuvo en su declaración en el juicio, que lo que él evaluaba era la fiscalización de lo que ocurría de 2014 a 2017 pero que no podía analizar los hechos anteriores, o estudiar qué hechos quedaban pendientes, a menos que por Junta de Gobierno o por Pleno se lo hubieran demandado. Asimismo, ante la pregunta de si las facturas revisadas llevaban algún apunte negativo, "si lo hubieran llevado me tendría que haber posicionado con respecto a ello". Y apuntó a que los técnicos tenían que verificar si la factura cumplía con los requisitos necesarios para sacarla adelante. "La Intervención solo verifica en este momento si el proceso se ha seguido, yo daba cuenta y emitía certificados de los pagos ya realizados, la responsabilidad era responsabilidad del interventor anterior". En este sentido, apuntó que fue "el primer interventor -que entró en Orihuela- con plaza de concurso y no a dedo". Anteriormente a él, afirmó el testigo en su comparecencia, "los interventores eran todos señalados, de la casa. La fiscalización de la factura adolecían de rigor y se debió a una clarísima incapacidad profesional y complacencia total con los gobiernos anteriores".
