La corrupción desde hace años viene siendo considerado uno de los principales problemas de los ciudadanos junto al paro y los partidos políticos. El mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia como control preventivo.
En el año 2006 España firmaba el Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción que representa un instrumento necesario para frenar las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, por cuanto socava las instituciones y valores democráticos tan relevantes como la ética, la justicia, la igualdad, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible. En el año 2013 se aprobaba la Ley estatal 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. También en el marco autonómico existe pluralidad de normas reguladoras de la transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno, siendo la Gallega de 2006 la que inicie el proceso legislativo sobre la materia, seguida de Islas Baleares, Navarra, Extremadura, Andalucía, etc. La Comunidad Valenciana se dotó de la ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y participación ciudadana y en esta Comunidad se creó por Ley del Gobierno valenciano una Conselleria de Transparencia que ha sido un buen instrumento para dar visibilidad a la importancia de la cultura de la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana.
En el año 2015 accedieron a las instituciones nuevos partidos que propugnaban la regeneración política y una nueva forma de hacer política, sin embargo cuatro años después todavía existen fallas en la transparencia y cuando te detienes en el estudio detallado de las administraciones se aprecia que falta mucho camino por recorrer. Así por ejemplo en la página de gobierno abierto de la Generalitat valenciana se aprecia que hay conselleres que todavía no han publicado las retribuciones que perciben. Así tenemos en estas circunstancias;
Rubén Martínez Dalmau, de Podem
Mireia Mollá de Compromís
Arcadi España del PSOE
Carolina Pascual del PSOE
Rosa Pérez de EUPV - (Unides Podem)
Fueron nombrados el 17 de junio de 2019. Desde entonces están ostentando el cargo. Da la casualidad que todos ellos son los conselleres nuevos de esta legislatura. Los que repiten en el cargo si tienen publicada la información. Ya se sabe que las cosas de palacio van despacio.
Pero existen más fallas en la transparencia. Así por ejemplo en el ámbito de la administración local encontramos que muchos de nuestros ayuntamientos no tienen puestas las pilas. Así la plataforma DYNTRA, plataforma colaborativa que mide la información pública de gobiernos y administraciones nos deja algunos casos curiosos en la Comunidad Valenciana.
El ayuntamiento de Valencia obtiene un 6,6
El de Gandía un 6,9
Ayuntamiento de Alicante un 6,2
El ayuntamiento de Castellón, un 5,8
Ayuntamiento de Orihuela; 5,5
Ayuntamiento de Torrevieja, suspende con un 4,6
El ayuntamiento de Elda un 4,2
El ayuntamiento de Campello un 3,8
El ayuntamiento de Santa Pola, un 3,2
El ayuntamiento de Crevillente, un 3
El ayuntamiento de Benidorm un 2,5
El ayuntamiento de Elche, un 1,6
El ayuntamiento de Callosa de Segura ocupa la última posición de la provincia de Alicante de los ayuntamientos evaluados por la plataforma.
La Diputación de Valencia obtiene 5,7
La diputación de Castellón; un 6
La diputación de Alicante; 6,6
¿Qué indicadores se miden? pues son heterogéneos, tales como la publicación de las retribuciones de los altos cargos, la relación de cargos de confianza, la declaración de bienes de los cargos públicos de la administración evaluada. También se mide si se específica los órganos de gobierno y sus funciones, las publicaciones de las actas de juntas de gobierno y órganos colegiados, la relación de puestos de trabajo y su modo de provisión, las actas de la mesa de contratación o información contable y presupuestaria.
La transparencia y buen gobierno no sólo se refiere al acceso a la información pública sino que se trata de un conjunto de medidas necesarias para poner al ciudadano en el centro de la acción pública, la actividad pública se orienta hacía la ciudadanía y está sujeta al principio de responsabilidad y la rendición de cuentas.
Lo de la transparencia, información pública y buenas prácticas nos lo tenemos que creer e interiorizar porque se trata de una cultura o valor que debe ser transversal. Debe impregnar todas las instituciones y actuaciones públicas y los ciudadanos a su vez deben exigir esa cultura de la transparencia.
