ALICANTE. La agrupación local de Esquerra Unida (EU) en Alicante ha registrado este lunes una denuncia ante la Fiscalía por las supuestas anomalías que, a su juicio, existirían en la tramitación de hasta siete contratos menores (de adjudicación directa, sin concurso) impulsados por la Concejalía de Urbanismo, relacionados con los proyectos de transformación del frente litoral y con la rehabilitación del edificio de titularidad municipal de Las Cigarreras.
En su denuncia, la coalición solicita "que se disponga la realización de las diligencias pertinentes para la averiguación de las causas, circunstancias y, en su caso, responsables de los hechos denunciados para el esclarecimiento de eventuales responsabilidades penales", según concreta EU, a través de un comunicado. En principio, EU sostiene que en la formalización de esos encargos podría observarse indicios de un delito de prevaricación administrativa, tras lo que considera un supuesto fraccionamiento de contratos.
El registro de la denuncia llega "tras la redacción y revisión de la denuncia el pasado viernes 2 de julio, que ha contado con la colaboración de los servicios jurídicos de Esquerra Unida del País Valenciá", según concreta el comunicado de EU. Además, concreta que "el primero de los posibles casos de fraccionamiento se refiere al bloque de estudios técnicos relacionados con la reconfiguración urbanística del frente litoral de la ciudad. Estudios que, en aplicación del principio de unidad operativa o funcional en la contratación pública, tal como se recoge en la Guía de fiscalización de la contratación de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana y en la jurisprudencia estatal y comunitaria, deberían haberse integrado en un único contrato".
De igual modo, EU detalla que "el segundo de los casos es en relación a los contratos licitados por parte de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante relativos a la redacción del proyecto de rehabilitación de la Fase I del complejo Las Cigarreras". "Para EU Alacant no cabe duda de que el objeto de todos estos contratos ha de entenderse como unitario, por lo que la tramitación, licitación y adjudicación debería haberse realizado en un único contrato ordinario o, en su caso, recurriendo a la figura legal de la adjudicación por lotes prevista en el artículo 99.3 de la LCSP, pero en ningún caso a la contratación menor para objetos contractuales que forman una unidad funcional u operativa, ya que ninguno de llos tiene sustantividad propia ni aprovechamiento autónomo desligados de la actuación general", insiste EU.
De este modo, EU decide poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, "respaldados por once documentos anexos, con la convicción de que podrían revestir caracteres de infracción penal. Ahora será la fiscalía quien determine si admite a trámite esta denuncia". El propio coordinador general de EU, Manuel Copé, ha señalado a las puertas de la Audiencia (en la que se encuentra la sede de la Fiscalía provincial) que "hemos detectado una serie de hechos que creemos que son irregulares y queremos que la Fiscalía sea conocedora de ellos". "Hemos presentado una denuncia que contiene 129 páginas con toda la documentación de las contrataciones que entendemos que habrían podido ser fraccionadas y, en realidad, esto viene a corroborar la labor de lucha contra la corrupción que nuestra organización política lleva ejerciendo desde hace tantos años, con el caso Taula o con el caso Brugal", ha señalado. Así, ha apuntado que la Fiscalía tendrá que determinar "si hay delito o no; nosotros simplemente ponemos a disposición de la Fiscalía estos posibles fraccionamientos para que determine si hay irregularidad".
"Entendemos que la Ley de Contratación no permite dividir este tipo de contrataciones, sino que debería haberse promovido una única contratación, y que los estudios topográficos y los estudios geodinámicos constituyen una única unidad" y no con "esos fraccionamientos que permiten casualmente la atribución a personas que se ven beneficiadas por unas asignaciones que se realizan de manera directa", ha recalcado.
No obstante, como informó este diario, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ya negó la existencia de cualquier tipo de anomalía respecto a la formalización de esos encargos tras sostener que se trataba de trabajos diferentes con gabinetes de arquitectura o equipos de ingeniería sin ninguna relación entre sí. Y que, además, se registraron en años distintos. Así, descartó todo tipo de irregularidad y atribuyó la denuncia de EU a "desconocimiento" de la normativa sobre contratación y a la búsqueda de protagonismo político.
De hecho, el propio Santos Pérez ha comparecido este mismo lunes, tras conocerse el registro de la denuncia, para abundar en esa misma posición, en defensa del trabajo realizado por los técnicos de su concejalía. En esta línea, ha considerado que, con su denuncia, "EU cree haber encontrado un filón mediático" para desacreditar su gestión "con el fin de lograr un protagonismo político que no tienen". En esta línea, ha señalado estar "tranquilo" al tener la garantía de que no existe ninguna anomalía ni irregularidad en esos encargos "que obedecen a objetos distintos" y ha mostrado su predisposición a aclarar la información que resulte necesaria tanto a requerimiento de la Fiscalía como del resto de grupos políticos que lo requieran.
El alcalde, el popular Luis Barcala, también se ha pronunciado sobre la denuncia registrada por EU para expresar su absoluto respaldo a la labor desarrollada por el edil de Urbanismo y por los técnicos del departamento. "No conocemos en profundidad los términos de la denuncia y vamos a estudiarla, pero por los antecedentes que se han ido publicando y por las explicaciones que me ha facilitado el propio concejal de Urbanismo, lo único que puedo decir es que el concejal tiene el apoyo y la confianza absoluta del equipo de gobierno", ha enfatizado, al término del minuto de silencio celebrado a las puertas del Ayuntamiento en señal de respulsa por la muerte de un homosexual en A Coruña supuestamente provocada como consecuencia de una agresión homófoba. "Confiamos en la gestión que se ha hecho desde Urbanismo y entendemos que no hay nada tras esta denuncia salvo el ruido mediático que con un interés evidentemente político se está tratando de hacer; no hay más", ha concluido.
Sea como fuere, EU también deunció la semana pasada otra supuesta irregularidad relacionada con la licencia para la instalación de un negocio hostelero en un solar con fachada a la avenida de Alfonso el Sabio. Según EU, "la Concejalía de Urbanismo ha sometido a exposición pública la solicitud de autorización de licencia ambiental para un uso provisional de bar (en funcionamiento y carente de cualquier instrumento de intervención ambiental desde hace años). El mismo negocio al que ya en 2016 se le trasladó que no podía dársele licencia de uso provisional y que por entonces solicitó licencia de obra nueva en un expediente del que se desconoce el resultado, cosa que no ha impedido el ejercicio continuado de la actividad desde entonces".
Como concretó EU a través de un comunicado, "el nuevo expediente en fase de alegaciones hace en su memoria una relación detallada de toda la normativa de aplicación que sería favorable a la implantación de la actividad, obviando (deliberadamente o no) el articulado de la normativa más específica de la zona, que prohíbe taxativamente la implantación de bares en los usos provisionales".
EU considera que "se podría estar incurriendo desde la concejalía en una presunta prevaricación, en el sentido de que se adopta la decisión de admitir a trámite dicha solicitud con plena conciencia de su injusticia". No obstante, fuentes de la Concejalía de Urbanismo también negaron la existencia de esas supuestas anomalías al asegurar que el único paso que se había dado hasta ahora es un mero automatismo: la exposición pública de la solicitud de licencia.
Por su parte, el grupo municipal de Unides Podem planteará al resto de grupos progresistas representados en la corporación municipal el registro de una iniciativa para la constitución de una comisión de investigación con el objetivo de "aclarar y esclarecer las responsabilidades políticas en los hechos denunciados en Fscalía, y que denuncian una presunta prevaricación por el presunto fraccionamiento de contratos", según han indicado fuentes de la confluencia, a través de un comunicado.
El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha explicado que su grupo va a abrir "una ronda de contactos con los grupos progresistas para ver la posibilidad de impulsar una comisión de investigación acerca de estos hechos, para que se depure las responsabilidades políticas que pueda haber por parte del concejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez". López ha expresado su confianza en que "sea ampliamente respaldada porque las dudas sobre la regularidad de los procesos son más que evidentes".
Además, ha incidido en que "cuando tenemos serias dudas sobre los procedimientos que se han llevado a cabo en la Concejalía de Urbanismo y su regularidad, es nuestra obligación como coalición electoral acudir a la Fiscalía para que desde los juzgados se diriman si esas sospechas que tenemos son reales, y se abran las investigaciones pertinentes, o si se descarta, pero es nuestra obligación porque creemos que esas dudas existen". Por último, han abundado en que "estamos convencidos de que los compañeros de EU han
hecho un trabajo de investigación sobre la contratación de Urbanismo que tenía que llegar hasta la fiscalía".