El portavoz municipal de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, en un pleno, en imagen de archivo. ALICANTE. El grupo municipal de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante anticipa su posición de voto respecto a la propuesta de actualización de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos al manifestar su "rotundo rechazo" a la propuesta planteada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), que actualmente se encuentra en periodo de presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos de la oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem). El plazo para su registro se cierra este próximo miércoles, con lo que, tras su estudio, se emitirá un informe técnico de resolución con una propuesta de admisión o rechazo, que se debatirá en el seno de una próxima comisión informativa de Hacienda, todavía pendiente de fecha.
Por lo pronto, el grupo municipal de la confluencia sostiene que "esta ordenanza, que ignora lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, llega tarde o con el tiempo muy justo para su aplicación, ya que el plazo límite para la aplicación de las tasas es el 1 de enero de 2025. El equipo de gobierno municipal no ha cumplido con los tiempos adecuados y, además, ha redactado una normativa incompleta y deficiente", según exponen portavoces de Esquerra Unida Podem, a través de un comunicado.
A juicio de dicha formación, "el texto se centra únicamente en la tasa que deben pagar los ciudadanos, olvidando los otros dos pilares fundamentales que deben asumir los costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Entre estos pilares se incluyen el cierre de vertederos, las campañas educativas, y la responsabilidad ampliada del productor". En esta línea, Esquerra Unida Podem considera que "uno de los aspectos ausentes en la ordenanza es el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y coincineración, el cual establece una cuota de 40 euros por tonelada métrica de residuos municipales y de 30 euros por tonelada métrica para rechazos".
"Este impuesto, regulado en el artículo 93 de la Ley, está destinado a fomentar la prevención en la generación de residuos. Nos preocupa que el gobierno municipal ni el autonómico hayan presentado estimaciones claras sobre este impuesto, el cual podría suponer un ahorro de hasta un millón de euros para la ciudad de Alicante. Un ahorro que, paradójicamente, podría destinarse a cubrir los elevados costes de los directores generales nombrados a dedo por el gobierno local, quienes no han demostrado una labor destacada", sostiene la nota pública.
Por otro lado, según la confluencia, "la responsabilidad ampliada del productor, especialmente en cuanto a la reducción de plásticos, ha sido ignorada. La ley permite a los gobiernos autonómicos implementar sistemas de depósito, devolución y retorno si no se alcanzan los objetivos de recuperación de envases, objetivos que, según diversas pruebas, no se están cumpliendo. Esto es especialmente preocupante dada la presencia de contaminantes plásticos en el medio ambiente, incluyendo la leche materna".
En esta línea, el portavoz municipal de la coalición, Manolo Copé, ha señalado que "esta propuesta de modificación, en estos momentos, tiene un efecto discriminatorio para los colectivos de Alicante más vulnerables económicamente y si no se enmienda va a suponer un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva".
"Desde Esquerra Unida-Podem consideramos que esta ordenanza es un ejercicio coercitivo que impone una vez más sanciones sobre la ciudadanía, sin respetar el principio de 'quien contamina, paga'. La responsabilidad de la gestión de residuos recae injustamente sobre los ciudadanos de Alicante, mientras que en el pasado, estos recursos fueron utilizados para financiar campañas de organizaciones políticas". "Es imprescindible que los gobiernos autonómicos den un carácter finalista a los impuestos relacionados con los vertederos y la responsabilidad ampliada del productor, descargando la presión tributaria sobre los ciudadanos y las entidades locales. Sin embargo, parece que esta no es la intención de Barcala", concluye la nota pública.
