MADRID (EFECOM). Las solicitudes para conectar nuevos consumos a la red eléctrica para plantas de producción de hidrógeno, centros de procesamiento de datos o instalaciones de almacenamiento se están disparando, y se acerca la posibilidad de que el Gobierno convoque concursos y se apliquen medidas para evitar la acaparación de permisos con fines especulativos.
En diciembre pasado, el Gobierno, dentro del real decreto ley 8/2023, de medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, alertó de que, al igual que ocurrió con los permisos de acceso y conexión a la red para conectar instalaciones de generación renovable, ahora hubiera quienes los estuvieran acaparando para la demanda, aunque no tuvieran intención de llevar a cabo proyectos que requirieran ese consumo.
El Gobierno introdujo en su día medidas para poner coto a esas prácticas de acaparar permisos de acceso a la red para proyectos de generación renovable, aunque luego no hubiera avances para hacer las instalaciones, ya que la finalidad de esos solicitantes era poder revender los permisos obtenidos a otros que los necesitaran.
Entre otras medidas, obligó a depositar garantías económicas y puso plazos para la obtención de otras autorizaciones y para la puesta en marcha de las instalaciones, que, de incumplirse, llevaban a perder el permiso. En diciembre pasado, el Gobierno alertó de que algo similar podía estar ocurriendo ahora con las conexiones solicitadas para consumo.
En el citado real decreto ley, señalaba que, según los datos facilitados por los gestores de la redes de transporte y distribución, a lo largo de los últimos meses estaban observando un fuerte aumento de las peticiones de acceso a las redes para conectar nuevos consumos. Añadía que los principales solicitantes de permisos eran plantas de producción de hidrógeno, centros de procesamiento de datos e instalaciones de almacenamiento.
"Al igual que ya sucedió con la generación en el periodo 2018 a 2020, se observa un crecimiento extraordinariamente rápido y que, en algunos casos, los proyectos comienzan a desarrollarse rápidamente, pero en otros no", explicaba el Ejecutivo en el real decreto ley.
Según el Gobierno, "este eventual acaparamiento de permisos de acceso a la red para grandes consumos", unido a que esos permisos no tienen una caducidad claramente definida, aconsejaban tomar medidas para evitar "el acaparamiento especulativo por proyectos que no tienen una clara visibilidad para su desarrollo".
El texto establecía que, en los casos en que exista competencia por el acceso para demanda (consumo) en un determinado nudo de la red de transporte, la adjudicación se haga mediante un procedimiento de concurso, en que se tendrían en cuenta criterios de madurez de los proyectos, volumen de inversiones asociadas y contribución a la descarbonización de la demanda energética, entre otros.
La norma introdujo el pago de garantías para los proyectos que se conecten a redes de tensión igual o superior a 36 kilovoltios (kV), es decir, los grandes proyectos de consumo. Asimismo, establecía que los permisos de acceso y conexión caducarían si en cinco años no se hacía un contrato técnico de acceso por una potencia equivalente al menos al 50 % de la capacidad de acceso del permiso.
En el caso de los permisos ya otorgados, se establecía un periodo transitorio para constituir las garantías necesarias y el plazo de caducidad comenzaría a computar desde la entrada en vigor del real decreto-ley.
El desarrollo de concursos de capacidad de acceso en los nudos de la red con gran demanda está pendiente aún de desarrollo normativo. En el último listado de solicitudes de acceso de demanda en nudos de la red de transporte del operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, a 12 de septiembre sumaban 28,25 GW de capacidad de acceso pedida.
Según la información de Red Eléctrica, hay 17 nudos en los que concurren las circunstancias para celebrar un concurso. Andalucía y Aragón, con seis y cinco nudos, son las que más tienen en esa situación, seguidas de Castilla-La Mancha, con dos. También figuran en la relación la Comunidad de Madrid, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña con un nudo cada una.
En estos momentos, las principales energéticas tiene planteados grandes proyectos para la producción de hidrógeno renovable y gigantes tecnológicos como Google, Amazon o Microsoft tienen anunciadas inversiones en proyectos relacionados con centros de datos en España, lo que incrementa las solicitudes de acceso.
Las dificultades para el acceso a la red están, según explica el director ejecutivo de Spain DC -la asociación española de centros de datos-, Manuel Giménez, en la distribución, es decir para llevar la energía de donde se genera a donde se necesita, y no en la producción, pues el país produce tres veces más electricidad de la que consume.
Considera que uno de los problemas es que el Plan de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, aprobado en 2022, se hizo con datos de 2018, cuando las necesidades de infraestructuras eléctricas nada tenían que ver con las actuales.
Además, dice que la posterior propuesta de modificación puntual del Plan de Transporte de Energía Eléctrica "dejó fuera todas las propuestas de centros de datos que no estuvieran ya incluidas" y pide al Gobierno que "rectifique y redacte un nuevo plan que se ajuste a las necesidades reales".
Giménez señala que hay muchas inversiones en juego, si no se asegura la potencia necesaria, y dice que sólo en Madrid, donde se concentra más del 60 % de los centros de datos en España, la construcción de redes eléctricas está condicionando la llegada de 38.000 millones de euros.
En cuanto a posibles prácticas especulativas, explica que hay una demanda real por el aumento de la digitalización y, ante las dificultades de seguir los procedimientos de la administración pública, se presentan intermediarios o promotores. Giménez distingue dentro de éstos entre aquellos que impulsan los proyectos para que lleguen a buen término y los que "tienen interés en especular" aprovechando los cuellos de botella y la opacidad.
De cara a los futuros concursos, advierte de que la actual incertidumbre sobre los criterios que se establecerán activa "el riesgo de comportamientos arbitrarios, o cuando menos intervencionistas" por parte de la Administración, y añade que las incertidumbre sobre los tiempos provoca "especulación y pérdida de inversión".