España, segundo país de la UE que más falsificaciones compra solo por detrás de Bulgaria

VALÈNCIA (EFE). El 20 % de los españoles afirma haber comprado intencionadamente productos falsificados en los últimos doce meses, un porcentaje que se sitúa por encima de la media de la Unión Europea (13 %) y que solo es superado por Bulgaria (24 %).

Además, el 43 % de los consumidores de nuestro país no está seguro de si un producto es auténtico o no y, por lo que respecta a la piratería online, el 21 % de la ciudadanía española admite haber accedido, descargado o transmitido contenidos de fuentes ilegales intencionadamente en el último año.

Estos son algunos de los datos correspondientes al último estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), titulado "Los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual: percepción, sensibilización y comportamiento", cuyos resultados han sido dado a conocer por esta euroagencia, con sede en Alicante.

El informe revela también que para un tercio de los europeos (31 %) es aceptable comprar falsificaciones cuando el precio del producto auténtico es alto, una cifra que asciende a la mitad (50 %) en el caso de los más jóvenes, de entre 15 y 24 años.

La proporción de consumidores que han comprado intencionadamente falsificaciones varía entre el 24 % de Bulgaria y el 8 % de Finlandia. Aparte de Bulgaria, la compra intencionada de falsificaciones se sitúa por encima de la media de la UE en España (20 %), Irlanda (19 %), Luxemburgo (19 %) y Rumanía (18 %).

Este comportamiento se produce a pesar de que el 80 % de la ciudadanía europea está de acuerdo en que las falsificaciones sirven de apoyo a organizaciones criminales, arruinan negocios y destruyen empleo. Además, dos de cada tres ciudadanos consideran que las falsificaciones son una amenaza para la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Un precio más bajo de los productos originales sigue siendo la razón mencionada con más frecuencia (43 %) para dejar de comprar falsificaciones. El riesgo de experiencias negativas (productos de mala calidad para el 27 % de las personas, riesgos de seguridad para el 25 % y sanciones para el 21 %) también es un factor clave para que los consumidores dejen de comprar falsificaciones.

La incertidumbre respecto a la autenticidad también va en aumento. Casi 4 de cada 10 europeos (39 %) se han preguntado alguna vez si han comprado un producto falsificado, mientras que la mitad de los jóvenes (52 %) asegura lo mismo.

Las diferencias entre Estados miembros también son significativas: mientras que en torno a una cuarta parte de los consumidores de Dinamarca y los Países Bajos (26 %) no estaban seguros de si lo que compraban era auténtico o no, esta cifra se eleva hasta el 43 % en España y el 72 % en Rumanía.

Los europeos también tienen dudas sobre la legalidad de las fuentes que utilizan para ver contenidos online: el 41 % se pregunta si la fuente a través de la que accedió era legal o no. En el caso de nuestro país, solo un 31 % de los españoles comprueba si una fuente de acceso, descarga o emisión de música o vídeos es legal o no.

El estudio destaca que la legalidad gana terreno: 4 de cada 10 europeos han pagado por acceder a contenidos de fuentes legales en el último año, cifra que en el caso de España alcanza el 50 %.

En general, los europeos se oponen al consumo de contenidos pirateados: El 80 % afirma que prefiere utilizar fuentes legales para acceder a contenidos en línea si se dispone de una opción asequible.

Sin embargo, una gran mayoría de las personas encuestadas (65 %) considera aceptable piratear cuando el contenido no está disponible en su suscripción.

"Conocer las percepciones de la ciudadanía nos ayuda a entablar un debate útil tanto con los consumidores como con las partes interesadas, en el marco de nuestras actividades de concienciación y divulgación", ha explicado el director ejecutivo de la Euipo, Christian Archambeau.

Ha destacado que esta última edición del estudio sobre la percepción de la propiedad intelectual "aporta nuevas perspectivas sobre cómo se percibe la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y pone de relieve, una vez más, la necesidad de apoyar y proteger a los consumidores".

También "confirma los avances positivos respecto a la concienciación y la disponibilidad de contenidos digitales de fuentes legales", ha indicado.