ALICANTE. El Hércules llamará en breve a Hacienda. Eso es lo que dejaban entrever desde la oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta la semana pasada y, aunque no lo garantizaban al cien por cien, la situación que se vive en el club obliga a tomar decisiones, empezando por implorar una contestación de algún tipo al fisco.
Como ya apuntamos en Alicante Plaza, la Agencia Tributaria no está obligada legalmente a contestar al Hércules sobre la propuesta presentada en el Registro el 25 de mayo, pero parece claro que si el club se dirige por segunda vez a preguntar por cómo se encuentra la situación sí encontrará respuesta, aunque puede que no sea la que buscaba (o sí).
El Hércules adeuda 4,3 millones de euros a Hacienda, cuyo pago estaba hasta hace tres meses ordenado en un convenio suscrito en 2013 que desde septiembre de 2015 el club ha incumplido sistemáticamente, si bien se da la paradoja de que ha pagado y no poco dinero: en los últimos doce meses casi medio millón de euros más de lo que, de acuerdo al convenio, le correspondía. La peculiar forma de cumplir que ha tenido el Hércules terminó por acabar con la paciencia del fisco, que en marzo dio por vencido el citado acuerdo singular y emplazó a la entidad blanquiazul a pagar en 10 días el total de la deuda o exponerse a los embargos, pero abriendo la puerta también a celebrar un nuevo convenio, contemplando incluso el pago de sumas mensuales inferiores a las pactadas en 2013 (algo que el Hércules había estado persiguiendo sin suerte desde su descenso a Segunda B), pero siempre que garantizase el pago del total de la deuda, cuyo pago se aplazaba con un aval bancario. Desde ese momento y hasta la fecha el Hércules, además de abonar 560.000 euros, ha formulado tres propuestas de nuevo convenio de las que las dos primeras han sido denegadas expresamente y la segunda de manera tácita. Ninguna de ellas se ajustaba a las exigencias de la Agencia Tributaria, si bien hay una gran diferencia entre la primera y la última, toda vez que en su propuesta del 25 de mayo el Hércules, o más bien Juan Carlos Ramírez (y Enrique Ortiz), se ofrece a pagar de manera inmediata dos millones de euros y de manera fraccionada el resto, cuyo pago quedaría garantizado con bienes inmuebles de naturaleza urbana (titularidad del empresario vasco, si bien no le han sido identificados al fisco) .
Desde la Agencia Tributaria negaban a Alicante Plaza, como sostiene Juan Carlos Ramírez, que se esté cometiendo un agravio con el Hércules al exigirle un aval bancario por el total de la deuda y no se acepten en su lugar garantías reales. Los técnicos del ministerio de Hacienda, por su parte y a preguntas de este medio, valoraban como correcta la actuación del Departamento de Recaudación y emplazaban al club a acudir a la justicia si cree que se conculcan sus derechos.