En defensa de la legalidad

Estamos, muchos de nosotros, noqueados con la situación española, que está evolucionando muy deprisa en estos últimos días por causa de los cambios de nuestra legislación, instados por el Gobierno. La amnistía que pretende Sánchez es un traje a medida para contentar al independentismo, que espeluzna a varios millones de españoles. El propósito de los cambios no es otro que acomodar nuestras normas a las exigencias de algunos de los partidos independentistas, cuyos votos necesita el PSOE para poder seguir gobernando. Muchas personas se muestran preocupadas porque creen que nos hallamos en unos momentos similares a los que precedieron el inicio de la Guerra Civil de 1936. Sin embargo, considero que no hay que exagerar la nota y que conviene mantener la calma por encima de todo, para evitar el efecto contagio y no dar coartadas al Gobierno, que justifiquen la necesidad de utilizar instrumentos extraordinarios, a fin de reprimir los desórdenes públicos. Las protestas han de ser pacíficas, es obligado. El hecho de que existan protestas no significa que nos encontremos al borde de una guerra en España. Tranquilidad, ante todo.

Es cierto que nos encontramos ante una situación de gran complejidad, en la que se está atacando la esencia de nuestra Democracia, por parte de quien más debería cuidar de ella, que es el Gobierno de la nación. En este sentido, me acojo a las palabras que el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid destinó esta semana a los abogados noveles que estaban jurando el cargo, junto a los abogados que cumplían sus bodas de plata y oro con la profesión: “Los juristas advierten de la puesta en jaque del Estado constitucional de Derecho y de la decoloración del límite de la separación de poderes”, así como recordó la obligación de los abogados de “defender el reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales de las personas, que los ciudadanos y los poderes públicos se sometan a la ley y a la norma suprema”, de manera que en España “ningún ciudadano se encuentre, ni se le pueda colocar, en una posición de ventaja frente a otro”.

Muchos nos hemos llegado a creer esto de la separación de poderes que ideó el sabio Montesquieu, para poder hacer efectiva nuestra democracia y preservar los derechos individuales. Supongo que será por de lo de ser juristas, aunque no estamos solos, muchos ciudadanos sin conocimientos jurídicos también se lo creen. Hemos asumido que donde exista el poder político también existirá la tentación de abusar del mismo, tentación que ha de ser controlada y reprimida por medio del equilibrio de poderes.

Obviamente, muchos de nuestros políticos se creen tan listos como para diseñar ellos nuevas teorías de ciencia política, y hasta puede que traten de convencernos de que es legítimo que un gobierno -el dirigido por ellos- cambie a su voluntad las sentencias que dicten los jueces, erigiéndose con ello en supremos vigilantes del Derecho de nuestro país y en amos absolutos de sus designios. En caso de consolidarse esta línea de actuación, sin duda daría lugar al establecimiento de una auténtica dictadura.

Los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- han de mantener su independencia, según esta teoría que el filósofo ilustrado plasmó en su libro “El espíritu de las leyes”, a fin de ejercer cada uno de ellos de contrapeso de los demás. La concentración del poder en manos del Ejecutivo puede devenir en un franco abuso del poder, que conduzca al absolutismo y acabe con nuestra democracia, como digo. Ningún partido político, por listo e iluminado que se crea su líder, puede hacer un mal uso del mandato de las urnas y detentar -he dicho bien- el poder de manera absoluta, pues esto acabaría constituyendo un perjuicio para los ciudadanos, como ocurrió en Alemania tras las elecciones de 1933, por poner un ejemplo francamente espeluznante.

Multitud de asociaciones y colegios profesionales relacionados con la Justicia han mostrado su oposición a la amnistía. Y considero que un Gobierno, para ser legítimo, no puede gobernar en contra del poder judicial, ni dictar normas para “corregir” previas decisiones judiciales. Simplemente, no es posible hacer tal cosa, es contrario a nuestra ley y nadie se puede situar en nuestro país por encima de las leyes, ni siquiera el Rey, ni el presidente del Gobierno, ni Puigdemont. Absolutamente nadie. Nuestra Constitución así lo dicta, la razón nos lo impone, y el respeto a la legalidad que como sociedad nos hemos dado a nosotros mismos, en ese contrato social que es la Constitución, constituye la única garantía de que estamos a salvo de iluminados, abusones, pagados de sí mismos, y artistas varios del trapicheo de cargos, que están dispuestos a lo que sea, con tal de seguir en el machito. No, no lo podemos consentir y estoy completamente segura de que al final la razón se impondrá y las aguas volverán a su cauce. Necesitamos defender nuestra Constitución frente a los ataques contra la misma, como norma suprema del Estado. Y, si en algún punto necesita ser reformada, hágase por los cauces legalmente previstos, no a la de ya y porque yo lo valgo, y me viene bien, y qué guapo soy, qué tipo tengo. Por favor, seamos serios.

La Transición española nos trajo el período más largo de estabilidad en nuestro país. Hemos de defenderla a capa y espada, con los instrumentos que legalmente están a nuestro alcance, también a través de manifestaciones pacíficas, aparte de los miles de comunicados, que le enseñen a Sánchez lo que pensamos millones de españoles. Ha de ser el presidente de todos, respetando el principio de legalidad y acatando las sentencias judiciales. En caso contrario, se adentrará en un terreno pantanoso de inciertas consecuencias, arrastrándonos a todos con ello. Esperemos que se imponga la sensatez, y que la UE nos ampare.