Un pleno de la Diputación Provincial de Alicante, de archivo. Foto: RAFA MOLINAUno de los grandes retos del progresismo moderno es desmontar dos falacias impuestas por aquellos que se hacen llamar liberales.
La primera falacia es que los empresarios, dada la voluntad lucrativa inherente a la misma actividad empresarial, representan un grupo homogéneo de intereses. Pues bien es sabido que empresarios hay de muchos tipos: los hay de los que en raras ocasiones sienten la necesidad de pisar las dependencias de su empresa y los hay que ejercen de peón, dirección, logística y secretariado a la vez; hay empresarios con yates y jets privados, y los hay que han tenido que hipotecar (y en demasiadas ocasiones liquidar) su patrimonio personal para mantener el negocio que resulta ser sustento de más de un núcleo familiar; los hay de honrados, y los hay que no lo son tanto… en fin, predicar la homogeneidad del grupo es simplificar la realidad hasta hacerla absurda, costumbre ésta arraigada en gran parte de la clase política.
La segunda falacia a desmontar es que ellos, el Partido Popular, son los que defienden este grupo de intereses, y en este sentido la política extendida a nivel de externalización de servicios, al menos por lo que respecta al área de contratación de la Diputación de Alicante es significativa pues, resulta que es costumbre que todos los procedimientos de contratación en que se permite por razón de cuantía se sigan mediante procedimiento negociado sin publicidad. De todos los expedientes examinados por un servidor la justificación para acudir a este procedimiento, que debería ser excepcional, es siempre la misma: "La posibilidad misma de tramitarlos por razón de cuantía", confundiendo así lo que es un requisito necesario con lo que debería ser una motivación argumentada.
Las consecuencias que derivan son tan claras como preocupantes: en las licitaciones de obra cuyo importe presupuestado no supera los 200.000 € se invita a tres empresas de manera arbitraria (o no), y solo estas tres empresas invitadas tienen la opción de competir por la adjudicación de la obra en concreto. Preguntados sobre qué criterios se sigue a la hora de invitar a estas empresas el equipo de gobierno de la Diputación provincial prefiere guardar silencio. Así las cosas, son ya varios los empresarios que han denunciado la impermeabilidad del sistema y que observan que además de no optar nunca a participar de estas obras en ocasiones son subcontratadas por adjudicatarias que ejercen demasiadas veces de meras intermediarias comisionistas.
El problema va más allá puesto que, aquellas empresas que no pueden acceder a las adjudicaciones menores ven limitado su volumen de facturación, por lo que la infraestructura de estas empresas es normalmente más reducida lo que condiciona que en raras ocasiones puedan acceder a proyectos cuyo presupuesto ascienda a más de 200.000 €, (licitados, estos sí, mediante concurso público), lo que en la práctica supone una barrera infranqueable para las nuevas pymes, que además y por cuestiones generacionales pocas veces participan de la "farándula social" y mucho menos de rendir pleitesía al diputado de turno.
Para el que suscribe lo deseable sería recuperar la gestión pública de los servicios en la medida de lo posible, pero somos conscientes de que el panorama político actual impide una política de máximos. Ahora bien, el mandato electoral nos obliga a optimizar los recursos públicos, democratizarlos y mejorar la eficiencia de las administraciones, y si hay algún principio en economía que no sea controvertido es que a mayor oferta, menor es el precio. No hay nada que justifique una limitación a la libre competencia para licitar. Así pues, parece conveniente una profunda reflexión por parte de los gobiernos sobre el tema y una movilización del sector empresarial contra este tipo de políticas, que parecen más propias del capitalismo de estado que de una socialdemocracia moderna.
Joaquin Perles, abogado de Compromís
