ELCHE. Ya han empezado las obras para la demolición de parte del edificio de Nuevos Riegos el Progreso, un inmueble centenario y único debido a que en su interior alberga una sala de venta de aguas, algo extinto y autóctono que tuvo un gran impacto en la ciudad y en la zona. Tras los intentos realizados por diversos agentes sociales para evitar el derribo, por el momento los esfuerzos han resultado infructuosos. Según lo previsto, la intervención tendrá una duración de quince días, hecho que a su vez daría lugar en breve a la construcción de las nuevas viviendas, según señalan los propietarios, particulares; cuya cuya licencia ya les fue otorgada.
Un asunto que ya generó cierta polémica al conocerse la licencia de derribo concedida, dado que esta fachada, la que da a la Plaza de la Constitución, no está protegida, al contrario que la que da a la calle Empedrat, donde se encuentran las oficinas de la empresa. Sin embargo, sí llegó a estar protegida y recogida en el catálogo de edificios que necesitaban ese estatus, pero a raíz del Plan General de 1998 se decide desproteger, según señalan miembros de la Comisión de Patrimonio del Consell de Cultura, debido a la alineación de calles del nuevo plan. “Antes se tiraba todo lo que molestaba, pero la cuestión del patrimonio pasa por otros asuntos para evitar que el patrimonio sufra: que los nuevos planes se adapten al patrimonio y no al revés”, indican.
El inmueble se incluyó en el primer Catálogo de Edificios Protegibles de 1982, con nivel de protección estructural. Después se introdujeron modificaciones para adecuarlo a los Planes Generales de 1986 y 1998, aunque manteniéndose intacto el estatus de nivel de protección estructural. Según señala el informe enviado desde la comisión tanto a la Conselleria de Cultura como a la concejalía de Cultura para que se evitara la demolición, hay una contradicción en dicho catálogo, ya que en la parte concreta que se refiere a este edificio, en la ficha técnica le priva de la protección atribuida en el mismo documento por quedar fuera la alineación en la nueva propuesta urbanística —de 1998— que contempla la alineación de los edificios de la Plaza de la Constitución en su lado oeste, quedando únicamente protegida la fachada del edificio del edificio modernista que da a Empedrat.
En cualquier caso, los propietarios tendrán que retranquear la fachada del nuevo edificio de viviendas para adaptarlo a la actual normativa urbanística y alinearlo como corresponde. Pero por parte de quienes están en contra de esta obra —desde Àgora hasta el Institut d’Estudis Comarcals, pasando por Margalló, Asociación de Amigos de la Alcudia y otros colectivos—, señalan en dicho documento que no entienden porqué la protección únicamente parte del edificio recayente en la calle Empedrat, ya que el propio catálogo asevera que la finca —compuesta por las oficinas, la sala de venta de agua y el patio interior— deben considerarse como ‘un todo’. Opinan que si no era así, la sala de Venta de Agua debió descatalogarse en 1998 con el nuevo plan, ya que en 1996 dicha sala dejó de ser propiedad de la sociedad y pasó a ser propiedad de particulares. Pero en cambio, seguía incluida como ese ‘todo’.
En ese sentido, esta comisión, que ha sido la que más activa ha estado en este asunto —de todos los colectivos locales que actualmente se encuentran inmersos en intervenciones relacionadas con el patrimonio—, no ha recibido respuesta a dicho documento. En lo que toca al ámbito local, según señala el portavoz de la comisión, Josué Cerdán, “a Urbanismo no le llegó el informe que les tenían que haber enviado desde la concejalía de Cultura”, a quienes lo enviaron a través del Consell de Cultura. También apunta que se encontraron con muchas trabas y burocracia para entregarlo. De todas formas, siguen esperando que la Conselleria dé alguna respuesta, aunque el tiempo corre en su contra. “Lo único que queremos es que se paralice el derribo cautelarmente, que se valore la situación y que se dé un veredicto al respecto de la situación”, aclara Cerdán.
Como posibles alternativas para no derruir el inmueble, señalan que desde instancias municipales se valoró desmontar la fachada y montarla en otro lugar, lo cual tenía un coste de 50.000 euros, pero finalmente se descartó. Algunas alternativas que proponen es que el Consistorio negocie con los propietarios una permuta, ofrecerles a cambio otra parcela municipal para la construcción del nuevo inmueble. “Elche es muy grande, se puede construir en otros sitios y dejar el casco antiguo intacto, pensemos en el legado que dejaremos a las próximas generaciones”, apuntan, e inciden en la singularidad del edificio y en lo bien conservado que está, con detalles como los sillares. A este respecto apuntan que se desvirtuaría el sentido del edificio si se retranquea y se pierde el espacio: “su singularidad va unida a su funcionalidad”.
En ese sentido, señalan que incluso se podría musealizar para darle importancia al valor material e inmaterial que tiene. Destacan, además, el carácter incluso revolucionario que tuvo este servicio de venta de agua, porque supuso un impacto geográfico, económico y social, pues cambió los tradicionales campos de secano en campos de regadío y supuso un cambio respecto a los tradicionales sistema de regadío del Camp d’Elx. Aprovechaba las aguas sobrantes del río Segura cerca de Guardamar para ser impulsadas por sistemas mecánicos de bombeo para después iniciar su ciclo de riego.
