VALÈNCIA (EFE). La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga a partir de este lunes al autodenominado "yonki del dinero", Marcos Benavent, y otros ocho procesados en la primera de las piezas separadas de la macrocausa Imelsa que llega a juicio.
Además de Benavent, exgerente de la empresa pública que da nombre a la causa, se sentará en el banquillo otro antiguo cargo del PP valenciano, como es el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina.
Los procesados son, además de los citados, Rafael García Barat, administrador de la empresa Thematica Events, utilizada para el desvío de fondos; dos jefas de sección del Ayuntamiento de València; el ex director financiero de Imelsa y tres empresarios.
Los delitos por los que podrían ser condenados son prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
La Fiscalía reclama una condena de 8 años y 3 meses de prisión para Benavent, 5 para Medina y 7 para Rafael García como principales responsables.
En la primera sesión está prevista la presentación de cuestiones previas y las declaraciones de tres acusados, entre ellos la de Benavent.
El resto de declaraciones de acusados se ha previsto para los días 4, 5 y 10 de mayo, y las de los testigos los días 12, 17, 18, 19, 26, 30, 31 de mayo y 6 de junio.
Los días 7, 8, 20 y 21 de junio se han reservado para la presentación de conclusiones e informes.
En su relato de hechos, la jueza señala el uso delictivo de fondos públicos de Imelsa con tres finalidades, la primera de las cuales era la financiación ilegal de campañas electorales, motivo por el cual el PP está procesado en esta causa como responsable civil subsidiario.
La instructora consideró que "las investigaciones llevadas a cabo permiten afirmar indiciariamente" que se usó ese dinero para sufragar campañas electorales en Moncada y Vilamarxant (ambas en la provincia de Valencia) y en las candidaturas respectivas de Juan José Medina y de Vicente Betoret para las elecciones municipales de 2008.
Así, Medina habría gastado 11.782 euros de dinero público, mientras que el actual diputado del PP en el Congreso habría recibido 8.147 euros -aunque no se dirige acusación contra él por estar prescritos los hechos-.
Además, el auto describe la trama diseñada desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València y la empresa Thematica Events. El presunto testaferro García Barat constituyó la empresa y luego le vendió participaciones a Benavent; la magistrada explica que éste utilizó la sociedad "en beneficio propio, consiguiendo de forma fraudulenta determinadas adjudicaciones".
Algunas de las adjudicaciones investigadas son los contratos del Bibliobús, un autobús que repartía libros en las playas, y los contratos que desde Imelsa se hacían con el museo valenciano MuVIM, de los que se desvió dinero para Benavent, como pudo suceder con 'Metamorphosis', un espectáculo audiovisual en el que estaba implicado el museo dependiente de la Diputación.
El contrato del Bibliobús, que era de 89.431 euros, debería haber salido a concurso, pero se fragmentó para poder adjudicarlo a dedo a Liberty Iceberg y a Thematica. Para ello, se informó favorablemente por la jefa de Servicio de Acción Cultura y con el visto bueno para el abono de las facturas de la jefa de Sección Administrativa, ambas procesadas en la causa.
La jueza estima que en este caso el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento de València ascendió a 53.364,18 euros, al ser el coste real de los servicios prestados para el Bibliobús de 35.955,38 euros.
La Audiencia Provincial expone las trampas del partido para financiar las campañas de 2007 y 2011. En esta última no se ha podido demostrar el origen de los fondos
Los magistrados ven acreditada la "mecánica fraudulenta" para la financiación de la campaña: de un lado, el desvío de fondos de la Fundación Turismo Valencia y del Centro de Estrategias y Desarrollo; de otro, un total de 1,6 millones de aportaciones "clandestinas" de empresas, algunas de ellas contratistas del Ayuntamiento