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archiva el recurso de los populares porque la generalitat facilitó tarde la documentación

El TSJCV impone 700 euros en costas al Consell por no entregar al PP los contratos de emergencia 

8/08/2022 - 

VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha impuesto 700 euros de costas procesales a la Generalitat por la entrega tardía al PPCV de los contratos de emergencia relacionados con la lucha contra la covid en 2020. 

Los populares solicitaron a través de Les Corts Valencianes el pasado marzo la copia de esta documentación, así como los justificantes de encargo, pago y facturas relativos a las compras internacionales (el Ejecutivo valenciano adquirió material en China en un momento en el que había desabastecimiento).

El Gobierno autonómico hizo caso omiso a la petición, por lo que el PPCV presentó un recurso contencioso administrativo ante TSJCV. La argumentación del escrito fue la habitual en estos casos y se basa en la protección de los derechos fundamentales que asiste a los diputados en el acceso a la información.

Rubén Ibáñez y María José Catalá, en Les Corts. Foto: PPCV   

El Consell, finalmente, entregó los contratos el pasado junio, por lo que lo comunicó a la Sala. Ahora, ha dictado un auto por el que ordena el archivo del recurso por satisfacción extraprocesal. El TSJCV entiende que no se advierte infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, pero impone las costas a la Generalitat a petición del PPCV por los gastos que supone poner en marcha el recurso.

Los contratos de emergencia han sido foco de polémica. Diversos los órganos han cuestionado que se relajaran los controles posteriores y la transparencia, como la Sindicatura de Comptes. Pero a ello se añade el informe final de investigación de la Agencia Antifraude sobre este asunto. 

Tal como publicó Valencia Plaza, la entidad detectó diversas irregularidades y "déficits" en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo tras analizar 11 adjudicaciones de suministro de material sanitario, efectuadas entre marzo y junio de 2020 y que suman más de 18 millones de euros. Entre ellas, unas comisiones de dos empresas como margen comercial que superaron los dos millones de euros repercutidos a la Conselleria de Sanidad. 

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