Foto: E. PARRA/EPLos morados señalan que primero se critican sus medidas y se tachan de imposibles pero finalmente se adoptan
VALÈNCIA (EP). El ala socialista del Gobierno confirmó este jueves su disposición a aprobar un impuesto a las grandes fortunas a pesar de que hace pocos meses se opuso a una iniciativa similar de su socio de coalición Unidas Podemos. A lo largo de la legislatura esta situación se ha repetido con varias propuestas de los morados que los socialistas rechazaron en primera instancia pero terminaron llevando a cabo.
Medidas como la creación de un impuesto a eléctricas y entidades financieras, el Ingreso Mínimo Vital y el límite al precio de los alquileres, por las que los líderes de Unidas Podemos advierten de que primero sus medidas son criticadas y tachadas de imposibles pero terminan siendo adoptadas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el gravamen a las grandes fortunas, precisó que será temporal y con vistas a aplicarla el próximo 1 de enero y también deslizó que afectará a una población que no va a superar "el 1% de la ciudadanía".
De este modo, el PSOE ha dado un giro en su posición sobre este asunto, ya que el pasado mes de junio votó en contra de una proposición de ley de Unidas Podemos para impulsar un nuevo impuesto a las grandes fortunas por encima de 10 millones de euros.
En el debate en el Congreso de los Diputados celebrado el 7 de junio la diputada del PSOE, Patricia Blanquer, criticó que el impuesto supone una recentralización de esta política tributaria y afirmó que no estaba consensuada con las comunidades. Además, puso en duda su eficacia recaudatoria y advirtió de que podía solaparse con el impuesto sobre el patrimonio.
Al ser cuestionado sobre este viraje, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que "el contexto ha cambiado" y que en este momento de crisis es necesario "un reparto mucho más justo" de las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
En la misma línea la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló que "en un año han cambiado muchas circunstancias" y que los que más tienen deben ayudar a sufragar las medidas que está aplicando el Ejecutivo, cuya factura asciende a más de 30.000 millones de euros hasta final de año.
Tras conocer la nueva posición del PSOE, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique ironizó con que muchas de sus propuestas primero son "bolivarianas", luego "imposibles", después "ilegales", porque la Unión Europea no lo permite, "luego empiezan a sonar bien", luego son aceptadas pero de forma temporal, hasta que después son permanentes.
El portavoz morado explicó el cambio de postura del PSOE en que, al ser una propuesta "de sentido común", "se acaba abriendo paso" y provoca que las posiciones de los partidos se muevan, recordando cómo su propuesta de acabar con los beneficios caídos del cielo no solo ha sido aceptada en España, sino en el marco de la Unión Europea.
En este sentido los morados han venido insistiendo en aplicar un recargo temporal a las grandes eléctricas y un impuesto a las entidades financieras, medidas incluidas a su programa fiscal y que incluso llevaron al Congreso.
De hecho, en febrero defendieron una iniciativa en esta materia que fue rechazada por el PSOE, aunque después ambas formaciones acordaron una proposición de ley para desplegar un gravamen extraordinario a los beneficios de ambos sectores.
Este gravamen a energéticas y bancos fue la medida estrella que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación del pasado mes de julio y marcó el inicio de un cambio de discurso en el PSOE para presentarse como los defensores de los intereses de las clases medias y trabajadoras frente a los poderes económicos y mediáticos que, según sostienen, están vinculados al PP.
Otro pulso que mantuvieron los socialistas y los morados se circunscribió al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Durante su etapa como vicepresidente segundo y con motivo de la pandemia Pablo Iglesias pidió y logró acelerar la puesta en marcha de esta prestación --uno de los compromisos del acuerdo de gobernabilidad-- a pesar de que varios ministros del PSOE entendían que era una medida de calado que requería meses de preparación.
La cuestión del IMV volvió a aflorar en los Presupuestos Generales del Estado del año 2021, cuando Unidas Podemos exigió mejoras para dotar de más rapidez a la concesión de esta ayuda ante los problemas burocráticos que presentaba, una medida a la que los socialistas accedieron finalmente.
Los socios del Gobierno de coalición también discreparon por la fijación de un límite legal al precio de los alquileres. Desde el principio de la negociación de la Ley de Vivienda, Unidas Podemos abogó por establecer un control de precios mientras que el PSOE prefería la fórmula de los incentivos fiscales.
A este respecto el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmaba en febrero de 2021 --con las conversaciones en fase inicial--que era partidario de incentivar con estímulos fiscales la salida al mercado de más viviendas para alquilar y no penalizar a los arrendadores.
Unidas Podemos por el contrario siempre fue partidario de controlar por ley el precio de los alquileres y en última instancia, aunque rebajó sus exigencias por el camino, logró que el texto aprobado en el Consejo de Ministros permitiese limitar el precio en zonas tensionadas y a empresas e instituciones propietaria de más de diez viviendas.
La materia fiscal ha sido uno de los principales puntos de fricción entre los socios y ante la insistencia de los morados de desplegar en esta legislatura una reforma fiscal ambiciosa, que en su versión completa han rechazado los socialistas en el Congreso, aunque finalmente han logrado acuerdos en varias figuras tributarias.
Por ejemplo ocurrió con la subida del 15% en el impuesto de Sociedades, que los morados venía reclamando con insistencia desde comienzos del año pasado, aunque el PSOE y la titular de Hacienda enfriaba las prisas de Podemos aludiendo al informe del comité de expertos sobre el modelo tributario y su posterior estudio.
La cuestión llegó a los Presupuestos Generales del Estado y fue una de las exigencias de Unidas Podemos que finalmente se incluyeron en las cuentas públicas, pero circunscrito a la base imponible y no a los resultados contables, como demandaba el espacio confederal.
Con el decreto anticrisis el espacio confederal también vio colmada varias de sus principales demandas, como la limitación del tope de los precios del alquiler al 2%, la reducción del coste de los abonos de transporte en medios estatales o un cheque ayuda a las familias vulnerables de 200 euros, aunque los morados plantearon inicialmente una ayuda de mayor impacto centrada en una cuantía de 300 euros para hogares con rentas de hasta 70.000 euros.
Los morados llevan meses reivindicando que son el motor de las principales medidas del Ejecutivo y que durante la legislatura se repite la dinámica de que, primero, sus propuestas con criticadas o se tildan de imposibles, pero con el paso del tiempo son finalmente asumidas por su socio.
La propia Ione Belarra ha exigido en diversas ocasiones al PSOE que "pise el acelerador" en el tramo final de legislatura y que los socialistas "aciertan" cuando se acercan a sus postulados, pero que no pueden tardar meses en que las medidas a que su socio acepte medidas urgentes ante la escalada de los precios y la crisis. Por ejemplo, recientemente los morados han demandado un tope temporal a la subida de las hipotecas variables que, por ahora, el PSOE ha rechazado.
