Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (EFE). Tras un año de aplicación del límite del 2 % en la subida del alquiler decretado por el Gobierno, las rentas en las grandes ciudades siguen en máximos históricos y la oferta se ha contraído porque muchos propietarios han aprovechado para vender sus viviendas o simplemente han preferido retirarlas del mercado, aseguran fuentes del sector.
La medida, que el Ejecutivo de coalición estudia elevar al 3 % en el marco de la ley de vivienda, ha dejado de mover unos 1.500 millones de euros en los pagos de la renta que se hubieran actualizado con la inflación, ha calculado la administradora de fincas Solfinc.
En el sector coinciden en que la principal consecuencia de la medida es que los propietarios han subido los precios en los nuevos contratos para compensar esa limitación, que solo afecta a las actualizaciones anuales.
Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler de vivienda en España ha subido cerca de un 9 % en el último año (de febrero de 2022 al mismo mes de 2023), lo que supone el máximo de su registro histórico.
Las alarmas se encienden porque en los mercados más tensionados los incrementos se disparan: Málaga (23 %), Barcelona (20 %), Valencia (19 %), Palma (18 %) y Madrid (11 %).
Por su parte, la oferta disponible cayó un 17 % de media en 2022 y hasta un 32 % en Madrid y 28 % en Barcelona, los dos focos donde se concentra la demanda.
El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha explicado a EFE que "algunos propietarios, para compensar la limitación que les están imponiendo de no poder actualizar sus alquileres por encima del 2 %, han decidido subir los precios de los alquileres para no perder poder adquisitivo, porque la actual situación de inflación también les está afectando a ellos".
Zurdo confirma que "muchos arrendadores están decidiendo, a la finalización de sus contratos, o no alquilar más las viviendas, o venderlas".
Según sus datos, en el último año están aumentando las causas de necesidad que alegan los propietarios que quieren recuperar antes de tiempo su vivienda alquilada: "Este tipo de conductas se están produciendo con más asiduidad, pero no sabemos si son simuladas o necesidades verdaderas, pero sí estamos notando que está creciendo".
La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, recalca que la medida ha supuesto un "respiro" para los inquilinos que ya tenían contrato, pero que al mismo tiempo está "dificultando el acceso a la vivienda de los futuros inquilinos que están en proceso de búsqueda, al haber contraído la oferta".
Desde pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, reconoce que no pueden saber cuál habría sido la evolución del mercado durante 2022 si no se hubiera aprobado esta medida, pero incide en que el tope del 2 % al alquiler "no ha frenado el incremento de precios".
Font coincide en que "el problema de base reside en los precios de la vivienda de alquiler que sale al mercado ahora, cuya subida ha dificultado, y sigue dificultando a día de hoy, a muchas personas el acceso".
También la directora general adjunta de la empresa especializada en inversión en alquiler Masteos, Beatriz Toribio, se muestra convencida de que, tras un año de aplicación, la medida "no ha servido para mejorar el problema de raíz de este mercado, que es la falta de oferta, sino todo lo contrario", ya que en su opinión está afectando, junto a otras medidas intervencionistas, a la "seguridad jurídica".
Ángel Martínez León, vocal del Consejo General de los COAPI de España, recuerda que el perfil del arrendador en España es heterogéneo y que, "si bien a los grandes tenedores, fondos de inversión en su mayoría, la medida no les afecta, sí lo hace a los pequeños propietarios, que son los más perjudicados pues no tienen demasiado margen de beneficio con el alquiler de sus activos".
En esa línea, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) presentó hace unos días al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2.000 reclamaciones de 300 pequeños y medianos caseros solicitando al Estado compensaciones por el daño patrimonial causado en la renovación de sus contratos en 2022.
Asval, asociación que preside el exministro socialista Joan Clos, calcula que durante el tiempo que estará en vigor la medida, desde el 1 de abril de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, cada propietario perderá 2.000 euros de media por vivienda alquilada.
El último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que unos tres millones de hogares viven de alquiler en España, aunque otras fuentes como la consultora Savills elevan la cifra a 4,5 millones de viviendas en régimen de alquiler, de las que calcula que un 5 % están en manos de instituciones.
Aunque la consideran "tímida", los sindicatos de inquilinas defienden que la medida ha ahorrado miles de millones de euros a las familias arrendatarias y quieren que se incorpore a la ley de vivienda, lo que se articularía, igual que en el decreto de hace un año, vinculando las subidas interanuales al Índice de Garantía de la Competitividad (un índice que nunca supera el 2 %), en vez de al IPC.
La última propuesta del PSOE, a través del Ministerio de Asuntos Económicos, a sus socios parlamentarios en la negociación de la ley de vivienda fue, sin embargo, un tope del 3 % el primer año y que después el límite lo determine un índice de precios por elaborar, lo que rechazó Unidas Podemos y mantiene atascada la tramitación de esta ley.
