VALÈNCIA (EP). Sin problemas de 'quorum' para dirimir asuntos relativos al procés, con un una cierta paz en el plenario entre conservadores y progresistas, y con seis meses por delante antes de afrontar otra renovación. El Tribunal Constitucional arranca el 2022 con los deberes hechos tras las sentencias relativas a los estados de alarma.
El nuevo Constitucional, presidido por Pedro González-Trevijano, vive una Navidad relativamente tranquila después del vendaval que supusieron las sentencias tanto sobre el primer estado de alarma como sobre su prórroga, resoluciones que dividieron abruptamente al plenario.
Esta tranquilidad responde al acuerdo al que llegaron los magistrados -entre los que ya se encuentran las nuevas incorporaciones del mes de noviembre--para nombrar tanto al presidente como al vicepresidente, el progresista Juan Antonio Xiol. Fuentes del tribunal de garantías han explicado a Europa Press que la sintonía entre ambos es total y que ello ya se ha hecho notar en el día a día de la sede de la calle Doménico Scarlatti.
Con todo, el último trimestre del año no fue sencillo para esta corte, que se vio envuelta en la polémica después de que se conocieran los cuatro nombres que estaban llamados a ocupar plaza en el plenario: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel, quienes tomaron posesión de sus cargos el 18 de noviembre.
Tras ese bache se le presentó a González-Trevijano el primer escollo de su mandato, los diversos incidentes de recusación contra Arnaldo y Espejel que interesaron, entre otros, líderes independentistas catalanes condenados por el Supremo en 2019 por su papel en el denominado 'procés'.
A los pocos días y en el que era el primer pleno jurisdiccional, celebrado el 15 de diciembre, el Tribunal Constitucional acordaba inadmitir por unanimidad esas recusaciones. En el auto, defendieron la legitimidad de origen de los magistrados del Tribunal, al ser elegidos por los tres poderes del Estado, "lo que se proyecta en la pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones".
Así las cosas, y roto el fantasma de la falta de 'quorum' para conocer asuntos relativos al 'procés', el plenario se dirige con cierta calma hacia la que debe ser la renovación de un tercio de los magistrados en junio de 2022.
De producirse ese relevo, saldrían el presidente Pedro José González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol, y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez. Por norma no escrita, el nuevo presidente se elegirá entre los cuatro magistrados que más tiempo lleven en el TC, es decir, que saldría de la terna de Alfredo Montoya, Ricardo Enríquez, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.
Se da la circunstancia de que en esta ocasión toca renovar a los cuatro que elige el Ejecutivo (2) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (2). Y dado que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el órgano de gobierno de los jueces no pudiera realizar nombramientos discrecionales mientras estuviera en funciones, esto puede complicar el relevo en el TC.
Cabe recordar que el artículo 159.3 de la Constitución dispone que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Por lo que si el CGPJ no se ha renovado para junio --y fuentes consultadas aseveran de que no hay visos de que sea así-- podría darse un nuevo bloqueo.
Entre los asuntos pendientes y por estudiar por este tribunal, además de las diferentes derivadas del 'procés', está precisamente esa reforma de la ley que impide realizar nombramientos discrecionales al CGPJ. Y como asunto que acumula años en los armarios del TC figura el recurso que presentaron en 2010 diputados de PP contra la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Precisamente el pasado noviembre la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) inadmitió a trámite las querellas formuladas por la Asociación de Abogados Cristianos y la asociación HazteOir.org contra varios magistrados y exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el retraso en resolver ese recurso por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno. Los querellantes imputaban un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia.