Fernando López Miras y Ximo Puig, en noviembre de 2022. Foto: LORENA SOPENA (EP)MURCIA. Del fracaso de la política a la esperanza de la Justicia. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra en la guerra del agua. Los Ejecutivos autonómicos han activado la vía de los tribunales dos meses después de que el Gobierno central consumara la nueva planificación hidrológica que ha puesto en armas al Sureste español por lo que considera un hachazo al Trasvase del Tajo-Segura.
La Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía han dado luz verde a la interposición de sendos recursos por la vía Contencioso-Administrativa para impedir el recorte del Trasvase, que con el plan acordado el pasado 24 de enero puede sufrir una merma de los envíos de agua del Tajo al Segura en una horquilla de 70 a 110 hectómetros cúbicos entre 2023 y 2027.
El recurso va dirigido contra la decisión del Consejo de Ministros, que ratificó el plan del Ministerio que dirige Teresa Ribera. Pero no sólo contra el Ejecutivo central. Murcia, Valencia y Andalucía también tendrán enfrente a Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno plantará cara para defender sus intereses y se personará en los recursos en contra de los caudales ecológicos del Tajo.
La decisión del Supremo puede tardar en llegar, por lo que la Región, Valencia y Andalucía trabajan para intentar conseguir una medida cautelar. "Queremos evitar daños irreparables", señalaba este jueves el portavoz de la Comunidad murciana, Marcos Ortuño, quien teme que el 'hachazo' suponga un "grave impacto medioambiental, social y económico".
Pero las estrategias de murcianos y valencianos no serán similares. Mientras que la Generalitat ha puesto el foco del recurso en la nueva disposición adicional novena que afecta al futuro incremento escalonado de las caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo, el Gobierno murciano ha decidido ir contra todo el paquete. "Vamos a ir con todos los argumentos para impedir el recorte", anunció Ortuño. El recurso, no obstante, se redactará en los próximos días.
Eso sí, el Gobierno regional hizo hincapié en que ha trabajado con expertos y peritos tanto de la Junta de Andalucía (gobernada por el PP) como de la Diputación de Alicante (también en manos del PP) para diseñar el recurso de Murcia. La propia Andalucía se suma a esta ofensiva judicial. El pasado martes la Junta que lidera Juanma Moreno acordaba su recurso contra el decreto del Ministerio, convencidos de que es una medida "arbitraria".
Bien distinto opina Murcia sobre la estrategia de Valencia, a cuya iniciativa calificó de "recursito y paripé para quedar bien y no molestar a Pedro Sánchez". El Gobierno murciano no comparte los argumentos de Valencia porque considera que "asume una parte del recorte" al pedir la suspensión cautelar del escalonamiento de los caudales ecológicos previstos para 2026 y 2027 en el Tajo. A los regantes, con Lucas Jiménez (presidente del Scrats) a la cabeza, tampoco le gusta, pues esgrimen que no se les ha consultado y creen que la apuesta es blanda.
Desde la Comunidad consideran que hay más razones en las que apoyarse porque el acuerdo del Consejo de Ministros "contiene deficiencias". A saber: "No está basado en criterios científicos ni técnicos, sino ideológicos. Fue impuesto de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica modificando el acuerdo previo alcanzado por las comunidades en el Consejo del Agua. Y es incompatible con los planes hidrológicos del Tajo y del Segura".
El recurso murciano, sobre todo, intentará demostrar el "nulo rigor técnico" y la "falta de respaldo científico" que secunde el incremento del caudal mínimo circulante en el río Tajo para garantizar su buen estado ecológico. Ese es el aspecto clave, y cuyo punto de vista que ha partido en dos los territorios de La Mancha con los del Sureste.
La Región, por tanto, se lanza a desactivar una "bomba que afecta a todos", como así describió Ortuño, y cuyas consecuencias "se sentirán en cada casa y cada empresa". No en vano, el recorte, si llega a110 hm3, podría implicar la pérdida de casi la mitad de la aportación actual a la cuenca del Segura.
Pero, por otro lado, Castilla-La Mancha no se quedará de brazos cruzados. El Gobierno manchego, que en enero celebraba la "histórica" decisión del Consejo de Ministros -"Hoy empieza a cambiar de color y tendencia la humillación del Tajo, de las tierras que baña y de su población", afirmaba exultante entonces Page-, tiene claro que defenderán el decreto. Por eso, en un Consejo de Gobierno extraordinario, la Junta ha autorizado al Gabinete Jurídico a emprender las actuaciones necesarias y personarse en los recursos que presenten otras comunidades contra los caudales ecológicos del Tajo.
De hecho, el Ejecutivo de García Page tiene prisa por que se apliquen las nuevas normas del Trasvase Tajo-Segura antes del verano. Aun así, lo curioso es que este 2023, de momento, lleva tres meses sin asumir recortes en los envíos de agua, tras los 20 hm3 de enero, los 27 hm3 de febrero y los 27 hm3 de marzo. La naturaleza da un respiro. Pero el miedo al recorte, no obstante, es muy real.
Así las cosas, el Alto Tribunal ya tiene todas las cartas encima de la mesa. En su mano queda. Pero... ¿y si el Supremo deniega la razón al Levante español? No quiso responder taxativamente a esta pregunta Ortuño -"No quiero jugar a ser futurólogo", afirmó- pero advirtió, a modo de corolario: "Nunca nos rendiremos". Dicho queda.
