VALÈNCIA. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anulaba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), según confirman fuentes de este departamento a Valencia Plaza.
La norma, aprobada por decreto del Consell el 4 de mayo de 2018, buscaba "la conservación activa de más de 7.500 hectáreas de suelos de elevada calidad ambiental, territorial y paisajística" en la Comunitat Valencana. No obstante, desde el primer momento generó malestar entre el sector promotor valenciano y diferentes administraciones locales, que interpusieron diversos recursos.
Así, tras un recurso de TM Grupo Inmobiliario -Torreviñas SL-, una de las promotoras más importantes de la provincia de Alicante, el Alto Tribunal valenciano anuló hace unos meses este plan por carecer de informes clave para su desarrollo: el económico, el medio ambiental y el de género.
En una sentencia, los magistrados entendían que no existía en el expediente un estudio económico que reflejara los costes de su implementación ni la repercusión que suponía para las propiedades afectadas. También apuntaban a una omisión de los preceptivos informes en materia de género, infancia y adolescencia, y familia. Además, sostenían que no se había sometido el plan a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica, con la falta de la evaluación de las distintas alternativas posibles.
No obstante, la Generalitat, a través de la Abogacía, presentó un recurso de casación ante el Supremo al considerar que la sentencia del TSJCV era "gravemente dañosa para el interés general" puesto que, según sus argumentos, conllevaba "una situación de incertidumbre para los propietarios y agentes públicos, determina la parálisis de la Administración no solo autonómica sino también municipal, conlleva la desprotección de todo el litoral de la Comunitat Valenciana y la posibilidad real de su destrucción".
Ahora el Supremo admite a trámite el recurso de la Generalitat con el que el Gobierno valenciano busca recuperar "esta herramienta para la protección y preservación del litoral". De hecho, durante estos meses el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha defendido que pese a la anulación "la normativa que comprende el Plan continúa en vigor y nuestras playas y costas están protegidos". "Este instrumento de ordenación y protección sigue estando vigente y continúa dando cobertura a nuestras costas", ha recalcado en varias ocasiones.
