Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Desesperación en el sector inmobiliario valenciano. El retraso en la aprobación del nuevo decreto para reactivar en la Comunitat Valenciana la promoción de vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como de protección oficial (VPO), está teniendo ya graves consecuencias. Ante la promesa de la Administración de su inminente entrada en vigor, muchas compañías iniciaron el desarrollo de promociones que han tenido que parar porque sin la actualización de la normativa, los proyectos no son viables en términos económicos.
La normativa, muy esperada en el sector, recoge, entre otras cuestiones, la revisión del precio del módulo que lleva años sin actualizarse mientras subían los costes para las compañías, lo que ha provocado que en estos años los proyectos de VPO hayan sido escasos en la autonomía. Pero, además, los promotores se sienten "engañados", ya que aseguran que hace unas semanas la Conselleria de Vivienda les garantizaba la aprobación del texto, pero ahora esquivan ofrecerles una fecha. Y esta indefinición ha puesto en peligro algunas obras ya en marcha y ha frenado otras que se querían lanzar al mercado para ofrecer nueva oferta asequible al mercado.
Solo entre València y Alicante se han paralizado el desarrollo de cinco proyectos y dejado en el aire el lanzamiento de otros tantos. Muchas compañías confiaron en que esta norma iba a salir adelante próximamente, lo que les llevó a poner en marcha la maquinaria, pero sin la actualización del precio, los números no salen. Actualmente, el módulo de VPO en València está en 1.819,2 euros el metro cuadrado útil, mientras que la norma fijará su valor en 2.200 euros, lo que da un margen a los promotores dada la actual subida de costes. Pero sin su actualización, la presión de los costes de obra y el alza en el precio del suelo suelo y las cargas impositivas es mayor que la rentabilidad del proyecto.
Como publicara este diario, no es la primera vez que el texto se atasca. La burocracia administrativa y la introducción de algunas modificaciones han propiciado que su entrada en vigor se haya dilatado más de lo previsto, ya que en principio la idea era sacarlo adelante en verano. Posteriormente, se pospuso para mediados de abril, pero aún sigue pendiente sine die. Su redactado lleva un año cerrado y pactado con el sector. El último escollo que quedaba fue el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que fue favorable hace ya un mes y únicamente incluyó unas cuantas objeciones para incluir en el texto final. Por ello, desde el sector no entienden que siga en el limbo.
También desde la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) se presiona a la Generalitat y urgen a agilizar su tramitación porque advierten de que este limbo está impidiendo que se desarrolle esta tipología de vivienda en la Comunitat Valenciana."No han hecho nada, ni una VPO, y todavía no se puede hacer porque el Reglamento de Vivienda de Protección Pública no está aprobado", lamentaba su presidente, Antonio Olmedo, en una entrevista este martes en Plaza Podcast.
El objetivo de la Conselleria que dirige Héctor Illueca era aprobarlo a finales de abril en el pleno del Consell, el último proceso para su entrada en vigor. Desde Conselleria se trabaja en el redactado final, pero lo cierto es que no hay una previsión definitiva para dar luz verde a la norma. El objetivo, en cualquier caso, sería sacarla antes de que finalice la legislatura por la convocatoria electoral del próximo 28 de mayo.
En concreto, la norma busca reactivar la VPO en la Comunitat Valenciana. Y más teniendo en cuenta que en los últimos años, los proyectos en régimen VPO han sido residuales, principalmente por la desactualización de la normativa. Solo en la ciudad de València existen cientos de suelos con la calificación de protegidos, tanto públicos como privados, que están parados y en los que se podrían construir 2.312 viviendas, según un informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Con esta nueva oferta, señala el informe, se podría destensionar los precios de la obra nueva en la plaza valenciana, en alza desde hace años. De hecho, solo en 2022 el valor de la vivienda de nueva planta en el 'cap i casal' aumentó un 26% hasta rozar los 3.000 euros por metro cuadrado y las previsiones de cara a 2023 auguran que seguirá creciendo hasta un 3%. Por ello, el sector no entiende el retraso que acumula y más en la situación actual de emergencia habitacional.
Además de recoger la revisión de los precios -la última actualización fue hace más de diez años-, también incluye la eliminación de las zonas geográficas, que diferenciaba el valor del módulo entre municipios. De esta forma, se creará una única zona para toda la Comunitat, cuyo precio máximo se estableció en 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil en caso de promociones privadas y de 1.530 euros por metro cuadrado, las públicas.
Asimismo, busca impulsar el alquiler bajo este régimen tanto de promociones públicas como privadas. Y más en este momento en el que para ciertos colectivos como lo jóvenes es difícil acceder a la compra de un piso. Por ello, también establece precios máximos. Además, establece la calificación permanente de las viviendas de protección pública para "evitar la especulación".
