VALÈNCIA. La incomodidad que genera en el PSPV todo lo que afecta al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, resulta especialmente palpable en Les Corts Valencianes. El Parlamento autonómico es el lugar en el que más está quedando en evidencia que los socialistas creen que Compromís se excedió con Francis Puig en la tramitación del expediente que posteriormente derivó en una sanción de 43.000 euros de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a mercantiles vinculadas a él y sus socios. Motivo por el que quiere fiscalizar el proceso con la petición de todos los expedientes, tal como consta en las iniciativas en trámite.
La sospecha del PSPV sobre un trato desfavorable al empresario con intenciones políticas por parte de la coalición ha existido desde el principio, aunque hasta ahora había preponderado cierto disimulo al respecto en lo que a posicionamientos públicos se refiere. Por su parte, Compromís siempre ha recordado que fue Competencia, órgano adscrito a la Conselleria de Economía que dirigen pero independiente, el que decidió la multa.
El expediente que acabó en sanción fue conocido el pasado enero. El objetivo de Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Visualiza –la primera de ellas administrada por Francis Puig y las dos siguientes por la familia Adell Bover– era ganar varios lotes de corresponsalías de À Punt con un acuerdo en las ofertas. Así, presentaron propuestas idénticas al alza y en cada contrato pujaba una a la baja para que todas las firmas resultaran beneficiadas de ese concurso.
Las intenciones fueron advertidas por la propia radiotelevisión valenciana –los contratos no llegaron a firmarse–, que lo puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y ésta, a su vez, lo trasladó al órgano autonómico. El expediente se inició en octubre de 2019 ante posibles incumplimientos de la ley de Contratos del Sector Público y se resolvió con la citada multa al declarar acreditada una infracción muy grave constitutiva de cártel en el ámbito de la contratación pública.
El informe elaborado por Competencia explicaba que, una vez recibida la documentación de esas mercantiles, se acordó iniciar una información reservada con el fin de determinar con carácter preliminar si concurrían las circunstancias que justificaran la incoación de expediente sancionador. Dado que en esa comprobación se observaron indicios racionales de la existencia de conductas restrictivas de la competencia prohibidas por ley, se incoó a continuación el expediente sancionador a las cuatro que acabaron multadas.
Concluyeron que esas mercantiles presentaron cuatro tipos o modelos de ofertas el mismo día, con precios idénticos en los cuatro conceptos –que se repitieron de forma coordinada en los distintos lotes a los que concurrieron– y que todo respondía a un sistema de reparto. Además, fueron las únicas, de entre las licitadoras que licitan a varios lotes, que ofrecieron precios distintos a los diferentes lotes a los que concurrían.
A ello se unía que las empresas de Francis Puig y los Adell Bover disponían, de acuerdo con Competencia, de información sobre la licitación con carácter previo a su publicación, tanto el hecho de la próxima licitación como de los términos en que se iba a lanzar. También que existió una coordinación entre todas para presentarse con el mencionado pacto de precios.
Ahora, el PSPV quiere acceder a todo lo relacionado con la investigación. A la parte pública –que se puede consultar en la web de la Conselleria– y al informe reservado. Para ello, la diputada Rosa de Falastín Mustafá ha registrado hasta seis peticiones de documentación dirigidas a Economía.
Entre ellas, la copia de la documentación requerida a À Punt y las cuatro empresas por parte del departamento que dirige Rafael Climent en el trámite del expediente sancionador a raíz de la denuncia; y la copia de las resoluciones realizadas desde 2014 por la Subsecretaría de Economía –en la cual se encuentra actualmente Natxo Costa– por las cuales se acordó el inicio de la información reservada de las actuaciones.
El grupo socialista también solicita los escritos remitidos a la Agencia Antifraude para reclamar su colaboración en las indagaciones; a la Abogacía de la Generalitat para la autorización judicial preventiva de entrada domiciliaria debido a la investigación; y las resoluciones que se han trasladado a la Fiscalía. Por último, pide copia del documento completo de información reservada iniciado en 2019.
La batería de información pedida denota que el asunto preocupa al PSPV, puesto que tampoco es la primera vez que lo hace. Ya el pasado abril, quiso averiguar si el expediente únicamente se inició para las empresas multadas finalmente, ya que la información aportada por À Punt a la CNMC relativa a conductas que podrían ser contrarias a la ley de Defensa de la Competencia mencionaba a siete mercantiles (no sólo a las cuatro sancionadas).
Motivo por el que preguntaron: ¿A cuántas de ellas se les inició expediente sancionador desde la Conselleria?; ¿sobre qué empresas se solicitó información a la radiotelevisión valenciana y de qué tipo?; ¿qué empresas fueron requeridas para que aportaran documentación y de qué tipo?; y, en caso de no haber iniciado expediente sancionador a alguna de esas siete empresas, ¿cuál es la causa y qué órgano ha dictado la resolución correspondiente?
En la respuesta, firmada por Climent, Economía expuso que el expediente se incoó de acuerdo a un informe de fecha del 15 de marzo de 2019 de Competencia.