Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA (EP). La composición del próximo Parlamento Europeo que surja de las elecciones celebradas entre el 6 y este 9 de junio y por la que están llamados a las urnas más de 360 millones de ciudadanos europeos tendrá que encarar hasta seis regulaciones que afectan a la industria financiera.
En un plano general, la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) ha asegurado que la próxima legislatura de la Unión Europea (UE), que se extenderá durante el próximo lustro, servirá para terminar de adoptar normativas que amplíen los servicios de pago, mejoren la protección del inversor, regulen el uso de los criptoactivos y adapten la operativa digital al entorno actual.
Entrando al detalle de las normativas a seguir, cabe destacar que la Comisión Europea (CE) está revisando el marco actual y trabajando en la propuesta de cambios para la Directiva revisada sobre servicios de pago (PSD3) y el Reglamento sobre servicios de pago (PSR).
El nuevo paquete en cuestión busca introducir cambios en el sector de pagos de la Unión con el objetivo de reforzar la seguridad en las transacciones y mejorar la protección de los usuarios y la armonización de los criterios de autorización para los proveedores de servicios de pagos.
Asimismo, se pretende aumentar la competencia en los servicios de 'open banking' y facilitar el acceso de los proveedores no bancarios a los sistemas de pago para crear un mercado más competitivo y transparente.
En un apartado más garantista, este nuevo paquete incluye nuevas regulaciones para progresar en la lucha contra el fraude y establecer normas más claras para la responsabilidad de los proveedores de servicios de pago en caso de transacciones no autorizadas.
De su lado, otra regulación a encarar, aunque todavía está en sus primeros pasos, proviene del reglamento de euro digital en que llevan trabajando la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) desde 2021.
Las próximas fases son la adopción por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de una posición preliminar de cara a su negociación en trílogos, si bien no hay un consenso por el momento que permita avanzar en la tramitación.
Con todo, desde AEFI sostienen que la introducción del euro digital para uso minorista podría conllevar cambios de calado en el funcionamiento del sistema financiero, concretamente en las infraestructuras y el sistema de pagos.
En lo referente al reglamento MiCA, que regula los requisitos para proveedores de criptoactivos en el terreno comunitario, se comienza a aplicar a partir del próximo 30 de diciembre para los nuevos proveedores de servicios en el mercado de criptoactivos.
No obstante, algunos estados miembros, como España, dispondrán de un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2025 para su entrada en vigor; en el caso español, los nuevo proveedores deberán obtener la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como ser registrados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).
Por otra parte, la UE se encuentra actualmente en las últimas fases de desarrollo del nivel II del reglamento y la recta final se producirá en la nueva legislatura.
A propósito del reglamento DORA (siglas en inglés de ley de resiliencia operativa digital), que fue adoptada por la UE a finales de 2022 para asegurar que las instituciones financieras puedan resistir ante amenazas operativas digitales, será aplicable en todos los Estados miembros a partir de enero de 2025.
En cuanto a la Estrategia de Inversión Minorista (RIS, por sus siglas en inglés) pensada para proteger a este tipo de inversores de patrimonios más modestos, si bien el Parlamento Europeo había dado un visto bueno inicial, el proceso ha quedado finalmente estancado por la convocatoria electoral y es de esperar que la nueva composición de la cámara tenga que construir un nuevo consenso en torno a ella.
Finalmente, el reglamento SFDR, que se ocupa de las finanzas sostenibles y entró en vigor en 2021, se encuentra desde diciembre del pasado año en una fase de consulta a instancias de la Comisión Europea.
La consulta baraja dos alternativas: por un lado, la liberación de la clasificación de fondos para las gestoras, por lo que la Comisión se alejaría del marco actual y la inversión sostenible se basaría en la justificación de estrategias de inversión y la búsqueda de la transformación sostenible financiera de las empresas.
Por otra parte, se optaría por el mantenimiento de las clasificaciones actuales con una mayor redundancia de criterios de mínimos para delimitar las tipologías de fondos.
Aunque las nuevas mayorías de eurodiputados -todavía por discernir- pueden influir en la agenda que establecerán las nuevas autoridades europeas, desde AEFI pronostican que el nuevo Parlamento Europeo mantendrá en esencia una línea continuista en sus actividades en el ámbito de la regulación financiera.
