ALICANTE. Las obras para completar la ampliación del edificio del Centro 14 como sede de la Concejalía de Juventud de Alicante tendrán que esperar, incluso después de que se haya desbloqueado el acuerdo sobre su financiación. Lo cierto es que, como mínimo, no se prevé que los trabajos puedan iniciarse hasta el próximo mes de marzo, una vez que se haya completado la licitación de las obras. Y, sobre todo, de que se haya renovado el convenio concertado entre la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de Alicante sobre la cobertura económica de los trabajos.
Como informó este diario, ese convenio nominativo se aprobó en el pleno del Consell a finales de noviembre con vigencia hasta final de este ejercicio. En sus propios términos se detallaba que el acuerdo debía renovarse para que sus efectos tuviesen continuidad en 2022, 2023 y también en 2024, pese a que se prevé que, para entonces, las obras hayan quedado concluidas.
En esta línea, el Patronato de la Vivienda -que asume las competencias sobre su licitación- aborda ahora la preparación de los pliegos con el propósito de lanzar la convocatoria del concurso durante el próximo trimestre con el fin de solapar plazos, ante la previsión de que el convenio pueda quedar actualizado para entonces.
En principio, el presupuesto estimado para completar la ejecución del inmueble asciende a 2,9 millones a sufragar por el Consell. En el convenio aprobado hasta ahora, se preveía una primera consignación de 1.040.000 euros para el ejercicio en curso, que deberán trasladarse hasta 2022, tras la extinción del convenio actual, a 31 de diciembre. Por su parte, el Ayuntamiento se hará cargo de los costes de proyecto y de dirección de obra.
El convenio debe renovarse año tras año con la previsión de que los trabajos queden completados en 2023
Los avatares que han rodeado la ejecución del proyecto ya son conocidos: las obras se iniciaron en 2011 en el edificio anexo al palacete del número 14 de la calle Virgen de Belén con un presupuesto inicial de 4,4 millones, en función del proyecto trazado por el propio Patronato Municipal de Vivienda.
No obstante, cuatro años después de que comenzaran a ejecutarse, quedaron interrumpidas por los problemas económicos que atravesaba su adjudicataria inicial, Intersa Levante. La situación no mejoró con la empresa que tomó su relevo, después de que se desencadenase una disputa entre la compañía y el arquitecto responsable de la obra, a cuenta de un último modificado relacionado con las condiciones de climatización del edificio y la introducción de medidas encaminadas a mejorar su eficiencia energética. Esa disputa derivó en un conflicto sin solución, que también forzó la paralización de los trabajos. A la postre, la Conselleria de Vivienda tuvo que resolver el contrato en 2020 tras una intrincada negociación con la constructora.
