Rafael Climent y Natxo Costa. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La implantación del teletrabajo para los funcionarios de la Generalitat no acaba de arrancar. La Conselleria de Economía, la primera en diseñar un plan para permitir a sus empleados públicos acogerse a esta modalidad un máximo de tres días a la semana, aún no ha podido implementarlo casi tres meses después de presentarlo.
El motivo del retraso es el cruce de peticiones entre las conselleries de Justicia y Función Pública, la de Economía Sostenible y la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTIC) de la Conselleria de Hacienda para recabar los informes preceptivos y la dotación presupuestaria necesaria para ponerlo en marcha.
El retraso generado por esa maraña de solicitudes ha obligado al departamento que dirige Rafael Climent a pedir a la Dirección General de Función Pública que le amplíe el plazo que le concedió para aportar el preceptivo informe favorable de la DGTIC, con la advertencia de que, de no hacerlo en diez días a contar desde el pasado 30 de diciembre, desestimaría la petición de aprobación del mencionado plan.
El hecho de que la puesta en marcha del primer plan de teletrabajo de la Generalitat siga enredado tres meses después de presentarse por la propia dinámica de informes y contrainformes entre departamentos pone de manifiesto que la Generalitat aún debe engrasar sus mecanismos internos para desarrollar el decreto aprobado en abril para regular esta modalidad de trabajo en la administración valenciana.
El informe que Función Pública le reclama ahora a Economía para poder dar el visto bueno al plan fue solicitado por primera vez a la DGTIC el pasado 21 de octubre. Pese a no obtener respuesta, la Conselleria de Rafael Climent le presentó su plan de teletrabajo a la Dirección General de Función Pública el pasado 9 de diciembre. Sin embargo, dado que Función Pública no podía darle el visto bueno son la autorización previa de la DGTIC, Economía reiteró formalmente la petición a el 14 de diciembre.
Nada cambió tras esta segunda petición. La DGTIC siguió sin responder y, entre tanto, llegó el ultimátum de Función Pública a Economía para que completase el expediente o archivaría su petición para autorizar el plan de teletrabajo. Ante la amenaza de poder ver archivada la petición en un plazo de diez días, Economía instó el 3 de enero a la DGTIC a pronunciarse sobre el plan de manera urgente.
Aún pasaron otros siete días hasta que el director general de la DGTIC, José Manuel García Duarte, ha respondido a Economía mediante un escrito fechado el 10 de enero en el que explicaba que no podía autorizar su plan porque, a la vista del decreto de Teletrabajo de la Generalitat, la petición de Economía estaba incompleta.
En concreto, según Duarte, junto a la petición de autorización, la Subsecretaría de Economía debería haber adjuntado una autorización a la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda para que Economía transfiera a la DGTIC el crédito necesario para financiar la puesta en marcha del plan y su desarrollo en los años posteriores.
En el mismo escrito, la DGTIC explica que teniendo en cuenta que el plan fija un máximo de 400 funcionarios el crédito necesario que Economía debería transferirle ascendería a 740.000 euros el primer año y a 240.000 euros el siguiente.
La Conselleria de Economía ya ha realizado la retención de crédito que le pide la DGTIC, pero en su respuesta, el Subsecretario del departamento, Natxo Costa, le recrimina al responsable de la DGTIC que haya tardado más de dos meses y medio después en responder a su primera petición de autorización.
En un escrito firmado el pasado jueves, Costa insta de nuevo a la DGTIC a emitir el preceptivo informe favorable a su plan de teletrabajo y le responde a García Duarte que "no hacía falta dejar pasar más de dos meses y medio para efectuar el requerimiento". Además, Costa argumenta que, mientras el plan de teletrabajo no esté aprobado no se puede saber la cantidad de funcionarios que pedirán acogerse al mismo y, por ende, el coste de ponerlo en marcha.
Por ello, Economía estima que los fondos necesarios para poner en funcionamiento el programa serán "sensiblemente inferiores" a los 740.000 euros consignados porque es voluntario y las personas que lo solicitan deben cumplir una serie de requisitos que pueden hacer desestimar o retrasar su incorporación al programa. Por lo tanto, esa cantidad es sólo una estimación del máximo necesario y solo será posible calcular el dinero necesario para comprar equipos cuando se apruebe el plan y se abra el plazo de solicitudes, insiste Costa.
