Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 hechos públicos este jueves han dejado una fotografía general a primera vista aceptable para la Comunitat Valenciana: 1.269 millones de euros de inversiones territorializadas que suponen un 5% más en cuantía económica y un 0,1% respecto al peso total de las autonomías si se compara con las cuentas del año pasado.
Ahora bien, si se baja al detalle, la distribución exhibida señala por segundo año consecutivo una gran derrota en lo que se refiere a las inversiones al sur de la Comunitat. De hecho, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) apuntaba este jueves que esta demarcación se convertía en la última de España en inversión por habitante, con 85 euros.
El debate estaba servido. El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, admitía que el balance de las cuentas ofrecidas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no era bueno para Alicante. "En el caso del capítulo de inversiones hay un decalaje que hay que subsanar", admitió el jefe del Consell en un elegante eufemismo.
Internamente, la situación se manejaba con mucho menos temple. Los principales altos cargos del entorno del presidente se movían de un lado a otro a la búsqueda de fórmulas que puedan equilibrar la marginación -hay unanimidad en esto- de la provincia de Alicante en las cuentas. El problema cobra especial valor en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2023: Puig lleva varios años tratando de 'coser' la Comunitat Valenciana y, en especial, reforzar su presencia en Alicante, una provincia donde el PPCV siempre se ha mostrado especialmente poderoso (ostentan la Diputación, la alcaldía de la capital y la de otros muchos municipios).
Por si fuera poco, también la patronal salía al paso de las cuentas. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, lamentaba que la provincia volviera a ser la "más damnificada de todo el territorio español". Mientras, su compañero en Alicante, Joaquín Pérez, se mostraba más duro si cabe: "Es un desastre absoluto para la provincia, Alicante es la España olvidada", sentenció en un comunicado. A lo largo de este jueves, el resto de patronales se han sumado a estas críticas.
De esta manera, con estos presupuestos -en los que la provincia de Valencia casi sextuplica en inversiones a Alicante-, el discurso transversal de Puig se debilita y la proclama más 'cantonalista' se refuerza. O lo que es lo mismo, los socialistas sostiene que estas cuentas dan un importante balón de oxígeno al líder del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que se había quedado en cierta medida descolocado en su discurso tras la rebaja fiscal anunciada por Puig en el Debate de Política General días atrás.
Ahora, las soluciones se complican para Puig, que además sufre un incendio interno por la situación creada. El secretario general de la provincia de Alicante, Alejandro Soler, no ponía paños calientes a la "poca inversión" en su territorio y llamaba a subsanarla incluso enmendando recursos destinados a Valencia para trasladarlos a Alicante. Sin duda, una solución que también produciría no pocas grietas internas entre los diferentes actores del gobierno autonómico.
El montante inversor del Gobierno en la provincia de Alicante es un torpedo en el mensaje de Puig en la comarcas del sur, como en la Vega Baja, con la que el Consell también se ha volcado tras los efectos de la Dana anunciando millonarias inversiones. El jefe del Consell siempre ha hecho gala de su apuesta por Alicante, con la sede de la Conselleria de Innovación y la apuesta por el Distrito Digital; su sintonía con el alcalde de Elche, Carlos González, con el que el jueves firmó el pago de la deuda histórica, valorado en en 43 millones, y sobre todo, su apuesta por la Vega Baja, donde la Generalitat, además de las inversiones anunciadas, ha adquirido un edificio para ubicar una sede de Presidència, la única que no está en una capital de provincia. Además, hay que recordar que el PSPV se hizo con la Alcaldía de Orihuela el pasado abril con una moción de censura tras más de 33 años en la oposición.
De ahí el malestar que existe en el Palau por el desequilibrio que a su juicio genera el mensaje del Gobierno valenciano y del Gobierno de Pedro Sánchez. Como ha recordado el propio Puig este viernes, su gobierno se afana cada año en ajustar el gasto de la Generalitat al porcentaje poblacional de la provincia de Alicante dentro de la Comunitat, mientras que el Gobierno no cumple ni se acerca a esfuerzo inversor, de ahí que se estén haciendo todos los esfuerzos posibles por revertir esta situación. En el PSPV confían en dar la vuelta a esta situación este finde semana. El lunes, se reúne el secretario provincial, Alejandro Soler, con el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, y posiblemente se podrá saber si la presión ha surtido a efecto y hay enmienda a las cuentas.
Hay un doble agravio. Por un parte, el montante global de la inversión: a inversión prevista en la provincia de Alicante sufre un recorte del 12,3% respecto al año pasado. Así, "las partidas previstas ascienden a 160,8 millones de euros frente a los ya paupérrimos 183,5 millones de año pasado", que supusieron una reducción del 36,8% respecto a 2020, de acuerdo con los datos aportados por Ineca.
Por otra parte, no existe ningún proyecto con una inversión destacada, y el más esperado de todos, la conexión ferroviaria entre Alicante y el aeropuerto Miguel Hernández figura con una partida de 1,3 millones de euros. La cifra es cuando menos sonrojante porque una de las enmiendas que pactó Compromós con el PSOE en octubre de 2021 es destinar unos 65 millones en los próximos años a cambio de dar su respaldo al presupuesto del pasado ejercicio. También se acordaron 3 millones para la línea Alcoi-Xàtiva, que tampoco tienen referencia alguna en las cuentas.
Y en materia viaria, finalizada la variante de Benissa, sólo aparece 8 millones para el tercer carril de la A7 entre Crevillent y Orihuela. El resto de inversiones son mucho menores, con proyectos, como la duplicación de la N-332 a su paso por Torrevieja que es otra de las obras más reivindicadas. En materia hídrica, se posterga la ampliación de la desaladora de Torrevieja, de la que se prometió dotarla de más capacidad.
