Foto: CARLOS LUJÁN/EPVALÈNCIA. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, tuvo la oportunidad el pasado viernes de plantearle a su homólogo nacional Pedro Sánchez las principales reivindicaciones valencianas en un encuentro mantenido en La Moncloa. Una cita enmarcada dentro de la rondas de encuentros programados por el jefe del Gobierno con los líderes autonómicos.
A la reunión, la primera entre ambos líderes desde que Mazón tomó posesión como jefe del Consell tras las elecciones de mayo de 2023, el president de la Generalitat acudió con toda una serie de demandas que la Comunitat reclama al Estado y por las que la autonomía "no puede esperar más", según rezaba el documento elaborado en las entrañas del Palau. Las principales, la reforma del sistema de financiación, la aplicación de un fondo transitorio de nivelación, la quita de la deuda y una serie de inversiones millonarias en infraestructuras.
Sin embargo, algunas de ellas no resultan del todo relevantes según a quien se le pregunte en el PP. Tanto, que el grupo Popular en el Senado ha presentado una moción para reformar el sistema de financiación autonómico -caducado en 2014- en el que no aparece ninguna mención a la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio hasta que cambie el modelo actual. Un fondo que se ha convertido en las últimas semanas en una de las principales exigencias del Partido Popular valenciano y del Consell de Carlos Mazón.
Los populares, cabe recordar, presentaron propuestas de resolución en el Debate de Política General instando al Ejecutivo valenciano a reclamar ante Madrid el citado fondo. También respaldaron las iniciativas de Compromís registradas en este sentido y registraron enmiendas a la Ley del Trato Justo dirigidas exclusivamente a que se pusiera en marcha cuanto antes. Las enmiendas al texto legal, de hecho, se debatirán en las próximas semanas.
No obstante, la moción presentada por el PP en el Senado en respuesta a la interpelación que formuló a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero sobre la financiación autonómica, pasa por alto la activación de un fondo de nivelación para compensar a las autonomías que estén infrafinanciadas por el actual sistema. Y no es el único 'pero' de la iniciativa.
El texto de la moción, además, propone reformar el modelo de financiación teniendo en cuenta factores distintos a los que defiende la Comunitat Valenciana. En su lugar, pide incluir o potenciar factores que agravarían la infrafinanciación de la autonomía como "la dispersión, la despoblación, el envejecimiento, el reto demográfico o el coste de la prestación de los servios". Variables, señala, para garantizar la "igualdad".
En concreto, la moción pide "tener en cuenta, dentro de los diferentes cálculos que se realizarán, la ponderación de variables como la dispersión, la despoblación, el envejecimiento, el reto demográfico, el coste de la prestación de los servicios...por tanto variables que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de los servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional".
Conviene recordar que uno de los principales escollos a vencer para alcanzar el acuerdo político que se necesita para reformar el sistema de financiación es el de los criterios que se aplicarán a la hora de repartir los recursos entre las Comunidades Autónomas. Por un lado hay las ocho regiones aliadas para defender los intereses de la España Vaciada (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria). Estas defienden que se apliquen variables como las que recoge la moción presentada por el PP en el Senado: que la dispersión, superficie, o despoblación se utilicen para calcular el reparto de recursos entre CCAA.
Por su parte, Andalucía y la Comunitat Valenciana se sitúan en la orilla opuesta para conseguir que la población ajustada sea el criterio principal de cálculo de las necesidades de gasto. Murcia y Baleares, donde también gobierna el PP, también integran además este grupo que reclama un fondo de nivelación para compensar a las CCAA infrafinanciadas y que el Estado aporte más recursos al sistema.
Sin embargo, la iniciativa de los populares no recoge ni el fondo, ni concreta variables que beneficiarían a la autonomía a la hora de afrontar una reforma del sistema.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
