Juan Carlos Campo. Foto: ALBERTO ORTEGA/EPVALÈNCIA. El exministro de Justicia Juan Carlos Campo es uno de los dos magistrados que debe decidir si el Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite el recurso planteado por el senador de Compromís Enric Morera contra la decisión de la Mesa del Senado de vetar la enmienda sobre el derecho civil valenciano en la reforma constitucional del artículo 49 de la Carta Magna.
Enric Morera, con asistencia de la Associació de Juristes Valencians, ha presentado un recurso de amparo ante el TC por la negativa de la Mesa del Senado a que se votase la enmienda en favor de la recuperación del Derecho Civil Valenciano en el marco de la reforma del artículo 49 de la Constitución, cuya esencia se centraba en la sustitución de la palabra "disminuidos" por "personas con discapacidad". Compromís también ha presentado un recurso de amparo por el veto a la enmienda en el Congreso.
La reforma del artículo 49 se aprobó en el Congreso y en el Senado sin que hubiera oportunidad de que los plenos de ambas cámaras se pronunciaran sobre la enmienda valenciana, ya que fue vetada en ambas mesas con el argumento de que la reforma del artículo 49 nada tenía que ver con la cuestión planteada.
Según ha podido saber Valencia Plaza, Campo intervendrá junto al magistrado Ricardo Enríquez en un recurso sobre cuyo fondo -la recuperación del derecho civil valenciano- tuvo conocimiento e intervención política no en su etapa como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez (2020-2021) sino cuando fue secretario de Estado de Justicia entre febrero de 2009 y diciembre de 2011, en el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Campo será ponente salvo que se abstenga, que no sería la primera vez, dado que por su condición de exministro ha intervenido en muchos asuntos políticos que han acabado en el Constitucional.
Aunque el recurso se centra en la constitucionalidad del veto a una enmienda por parte de la Mesa del Senado, su admisión y, en su caso, posterior sentencia tendrá efectos sobre un asunto sobre el que el TC ya se ha pronunciado en tres ocasiones en respuesta a sendos recursos del Gobierno, dos interpuestos por Rodríguez Zapatero y uno por Mariano Rajoy. Los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno son formalmente interpuestos por el presidente, aunque el escrito lo elabora y presenta en su nombre la Abogacía del Estado, que depende orgánicamente del secretario de Estado de Justicia, precisamente el puesto que ocupaba Campo.
En los casi dos años en que Campo fue secretario de Estado, el presidente del Gobierno interpuso, en abril de 2011, un recurso de inconstitucionalidad contra la ley valenciana de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, conocida como ley de custodia compartida. Además, mantuvo el recurso interpuesto contra la primera de las tres leyes valencianas finalmente anuladas por el Tribunal Constitucional, la de Régimen Económico Matrimonial (2007), a pesar de que Les Corts modificaron la ley en 2009 haciendo caso a todas las objeciones que el Gobierno había puesto al articulado en la Comisión Bilateral, entre las que no estaba la falta de competencias en derecho civil propio.
Por lo tanto, Campo participó durante dos años, desde un puesto relevante en materia jurídica, en un Gobierno que no reconocía y litigó contra la competencia de la Generalitat valenciana en derecho civil propio y que logró que el Tribunal Constitucional anulase tres leyes. La reclamación de esa competencia es el motivo de la enmienda para cambiar la Constitución.
Además de su condición de exministro, Campo ha tenido que abstenerse en varios recursos al Constitucional por ser pareja de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet. En este asunto, Batet ya no era presidenta del Congreso -lo fue hasta agosto de 2023- cuando el pasado mes de enero la Mesa, presidida por Francina Armengol, acordó inadmitir la misma enmienda que luego rechazaría la Mesa del Senado.
Sin embargo, sí fue la presidenta que durante tres años tuvo congelada en el Congreso la proposición de ley de Les Corts Valencianes que planteaba exactamente la misma reforma constitucional que Compromís intentó colar en forma de enmienda a la modificación del artículo 49. Esa proposición de ley, acordada y remitida por Les Corts, entró en el Congreso en febrero de 2020 y Batet la tuvo en un cajón tres años y medio, hasta el final de la legislatura, sin ni tan siquiera aprobar su toma en consideración.
