Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Gobierno de Carlos Mazón ya ha avanzado que uno de sus planes estrella esta legislatura es la construcción de 10.000 nuevas viviendas para alquiler en colaboración con el sector privado. Un proyecto del que todavía no se han desvelado detalles, y cuya puesta en marcha urgen los promotores para dinamizar la actividad en la región y atender la falta de obra nueva en muchos puntos de la geografía valenciana. El sector reclama a la Administración que su activación se produzca a lo largo de este primer semestre, una petición que ya ha trasladado a la Generalitat y al equipo de la Conselleria de Vivienda, al que también ha entregado un documento con el impacto económico y social que este programa tendrá en la autonomía.
El texto, al que ha tenido acceso este diario, destaca el poder tractor de la construcción en la economía a través de la creación de empleo y la generación de riqueza no solo de forma directa, sino también indirecta. Así, a grandes rasgos y según sus cálculos, refleja que la puesta en marcha de este plan para alquiler asequible beneficiará a más de 24.000 personas, creará más de 93.000 empleos y la inversión alcanzará los 7,3 millones de euros, con un impacto en el PIB en los próximos tres años.
Y es que en la construcción intervienen numerosos agentes, abarcando actividades de promoción, financiación y comercialización y elaboración de proyectos, entre otras. También incluye actividades de producción, no solo de la obra pura, sino en el suministro de materiales, instalaciones o acabados, derivando en un gran volumen de actividad y empleo. Así, según las estimaciones del sector, por cada 1.000 puestos de trabajo directos que se generan en la construcción se crean otros 1.260 indirectos en sectores productivos relacionados.
A ello se suma el efecto recaudador tributario a nivel estatal, autonómico y local al estar vinculado a la construcción gravámenes como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); tasas de licencias urbanísticas, plusvalía, IBI; IVA, Sociedades, ITP o Actos Jurídicos Documentados (AJD). Y, obviamente, su efecto social ya que estos proyectos dan respuesta a necesidades habitacionales y cumplen con uno de los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución como es el derecho a la vivienda.
Con todo, los promotores estiman que el impacto de la inversión de esos 10.000 nuevos inmuebles alcance los 7,3 millones de euros, dado que por unidad son 165.000 euros, es decir, 1,6 millones en total. Además, se producirá un impacto en la construcción y sectores relacionados de 5,6 millones de euros, lo que sumado a los 1,6 millones de las viviendas da esa inversión final de 7,3 millones.
Por otro lado, el sector señala que cada incremento del 1% en la inversión residencial supone un alza media del PIB de entre un 0,12 y un 0,15%. Por tanto, si el PIB de la Comunitat Valenciana de 2022 fue de 126,4 millones, entendiendo que se mantendrá estable, y sumando los 7,3 millones de inversión en las 10.000 viviendas, calculan que se rozarán los 133,7 millones, un incremento del 5,5%. Por ello, los expertos cifran el impacto en el PIB cercano al 2% durante los próximos tres años.
El número de beneficiarios que plantean se sitúa en las 24.600 personas, teniendo en cuenta que el tamaño medio de los hogares en la Comunitat es de 2,46 individuos, de acuerdo con la última estadística del INE. En cuanto a empleo, los promotores se apoyan en los datos del Gobierno Central sobre los efectos del 'Plan de 20.000 viviendas estatal', que se anota la creación de 148.000 puestos, lo que supone una media de 7,4 trabajadores por vivienda. Trasladado a las 10.000 unidades que planea la Generalitat Valenciana, implicaría la generación de 74.000 empleos entre directos e indirectos.
No obstante, también recuerdan que la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial en su XXVII Edición afirmaba que se generan cinco puestos directos por cada inmueble terminado. Por tanto, serían 112.950 en el caso de este proyecto valenciano, de los que 50.000 serían directos y 62.000 indirectos. Este cálculo supondría la creación de 11,3 empleos por vivienda. Por tanto, en una aproximación entre ambas estimaciones, el sector valenciano ve lógico que el número total de empleos se establezca en los 93.000 trabajadores.
En cuanto al impacto fiscal, prevén una recaudación de 487,5 millones entre gravámenes directos (289,3 millones) e indirectos (198,2 millones). En impuestos estatales como el IVA estiman 206,8 millones a los que se suman 82,4 millones de tributos municipales, 40,8 millones de recaudación indirecta de la Generalitat Valenciana y 157,3 millones de la parte estatal. Unas cifras que evidencian la repercusión económica y social de este proyecto.
A priori, la construcción de estas viviendas se articularía en un concurso de suelos públicos para que optaran los agentes privados. La fórmula se basaría en la cesión del derecho de superficie, por la cual las empresas privadas construyan en suelo público un edificio y lo exploten durante un periodo de tiempo determinado, generalmente de 50 a 70 años. Una vez finalizado ese plazo, los inmuebles pasan a ser gestionados por la Administración, que en todo momento es propietaria de los activos. Ahora habrá que esperar al próximo movimiento del Consell en este sentido, mientras desde el sector aprietan para que llegue en los primeros seis meses de este año.
