Carlos Mazón anunció que crearía un departamento que dependería directamente de Presidencia. Se abre una nueva etapa en la relación de la música profesional y las administraciones, no sin incertidumbres
VALÈNCIA. El pasado 25 de julio, se abrió un nuevo tiempo para el tejido empresarial de la música en directo de la Comunitat Valenciana; al menos con su relación con la institución. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció que la Generalitat Valenciana contaría con una nueva dirección general dedicada a la industria musical. El nuevo departamento, que aún no tiene titular, dependerá directamente de Presidencia y no de Cultura.
El anuncio se hizo en la presentación del Primer Anuario de la Música en la Comunitat Valenciana, un estudio pionero encargado por la Valencia Music Office y que mide por primera vez de manera integral el impacto económico de los festivales y conciertos a nivel regional. Los datos ya fueron analizados entonces por Culturplaza.
La dirección general propia es el último hito conseguido por las asociaciones empresariales, que han ido estructurándose poco a poco desde hace aproximadamente una década. Hasta entonces, solo MusicaPROCV (promotoras) y VAM! (managers) tenían una voz unificada. Poco a poco, y sobre todo desde el cambio de gobierno del Botànic, el resto de actores fueron organizándose, como las salas de conciertos.
Con el cambio de gobierno en 2015, dos instituciones recogieron la petición del sector para empezar a desarrollar políticas culturales para la música en directo. Por una parte, el Institut Valencià de Cultura, con una reestructuración integral y el nombramiento de Marga Landete como Directora Adjunta de Música y Cultura Popular, con un proyecto en el que se incidía precisamente en la necesidad de facilitar estructuras que promovieran una interlocución público-privada más fluida y profesionalizara también la gestión cultural.
Por otro lado, TurismeCV, con Francesc Colomer al frente, presentó la marca Mediterranew Musix, con el que se articularían las principales líneas de ayudas y subvenciones que han recibido en los últimos años. El dinero manda, y realmente fue desde este departamento donde se ha desplegado la principal interlocución entre administración pública y sector privado. Mediterranew Musix fue aupado por las propias empresas como la puerta a la que llamar a partir de la pandemia, ya que TurismeCV fueron los principales mediadores con la Conselleria de Sanidad para flexibilizar las restricciones a la música en directo.
A lo largo de los años, y siempre al calor de las generosas ayudas a los festivales de música, Mediterranew Musix ha conseguido influir en el ecosistema. La manera de convencer a la administración de que era un sector empresarial a proteger fue ponerlo bajo el paraguas del activo turístico, y con ello, el principio de la puesta en valor de los festivales como músculo económico, mientras las citas musicales se multiplicaban en número y en público. Había nacido un modelo: el del festival valenciano (carteles en clave nacional, abonos baratos, ubicadas en ciudades medianas con vocación de acoger decenas de miles de personas).
Tras la pandemia, TurismeCV fomentó el que parecía ser el siguiente paso: el festival inteligente. Un modelo para mejorar las instalaciones y la logística, que había aprendido de la pandemia, y que podría contar con ayudas públicas para su adaptación. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, la promesa del festival inteligente se ha ido difuminando, en favor de otras innovaciones que, en todo caso, reman en sentido contrario: cobrar por el re-acceso o por las duchas, carteles aún más clónicos o programas de voluntariado que ahorran contratos laborales.
Así que la narrativa se ha centrado otra vez, en todo caso, en una realidad indiscutible: son uno de los principales motores económicos de los diferentes sectores culturales, y uno de los pocos con capacidad de diferenciación estatal.
Cambio de gobierno, y reseteo de relaciones entre la Generalitat y la industria musical. El Institut Valencià de Cultura, bajo el mandato de la Conselleria de Cultura a cargo de Vox, destituye a Marga Landete y encuentra a su sustituto a través de un concurso público: Joan Cerveró. Del fomento de la Valencian Music Office de Landete, el giro en Cultura se traduce incluso, en cierta hostilidad. En una entrevista con este diario, el propio Cerveró opinaba: “Creo que estos festivales están más vinculados a una ampliación de lo que es el turismo de sol y playa. Yo creo que está muy bien que estén vinculados a turismo, porque, al fin y al cabo, son proyectos más comerciales que culturales”.
Diferentes fuentes del tejido empresarial confiesan que las relaciones no han sido fluidas. Basta con ver que en el Anuario escribe el prólogo Carlos Mazón, pero no hay rastro ni de la Conselleria de Cultura ni del Institut Valencià de Cultura, a pesar de que han financiado el proyecto. Y ahí está la clave de este último cambio. Con Vox enfrentado a diferentes sectores culturales valencianos, Presidencia activó conversaciones con diferentes actores de la música para buscar una manera de redirigir la relación directamente.
Con la salida de Vicente Barrera y su equipo de la Conselleria, Presidencia ya tiene la solución: una dirección general que no depende de Cultura para darle esa dimensión económica. El mismo nombre es una declaración de intenciones: hace unos años la música valenciana se preguntaba si acaso eran sector o industria. Ahora, con los datos en la mano, Generalitat y empresas coinciden en que merecen ese calificativo gracias al dinamismo económico que han demostrado en los últimos años.
Sin embargo, tras el anuncio quedan algunas preguntas por contestar. La primera, claro, quién ocupará la dirección general. Por ahora, este diario ni siquiera ha podido recoger ni siquiera rumores. La segunda es si la dirección general tendrá presupuesto propio o incluso si va a reunir bajo su paraguas las ayudas y convenios que otorgan diferentes instituciones.
Y luego, de una manera más profunda, cabe preguntarse de qué manera atenderá a un sector con una realidad muy contrastada. Están, por un lado, las salas de conciertos y festivales medianos (agrupados en las diferentes asociaciones); por otra, Profest, la asociación de grandes festivales que el pasado mes de octubre recibió una subvención nominal de un millón de euros. ¿El Consell se decantará por el lobby de los macrofestivales o por el grueso del tejido empresarial? ¿De qué manera convivirá la promoción de los festivales con las continuas denuncias de asociaciones de consumidores y sindicatos?