Cinco de los exconcejales del PP investigados. Foto: MARGA FERRER VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del caso Taula, ha procesado a alrededor de medio centenar de personas, entre ellas los concejales y asesores del PP de la última etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, por blanqueo de capitales. También al propio partido, que se encontraba imputado en esta pieza de la causa como persona jurídica por los hechos de 2015.
El llamado auto de procedimiento abreviado conocido este martes y esperado desde hace mucho tiempo llega casi seis años después del estallido de la operación. En enero de 2016, se produjeron las detenciones de más de 20 cargos y excargos populares por una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas consistente en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales.
En los meses posteriores los hechos se fueron concretando con la conformación de piezas separadas y la del presunto blanqueo en el Ayuntamiento de València se convirtió en la más mediática de la macrocausa por sus protagonistas: casi 50 imputados –entre ellos nueve de los diez ediles del PP de la pasada legislatura–, asesores y la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster. De acuerdo con el juez y la Fiscalía, todos ellos habrían realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de 2015 que después se les habría devuelto en dos billetes de 500. En total, un supuesto blanqueo de 50.000 euros.
La Guardia Civil comprobó cómo una parte importante de los gastos eran pagados a través de una cuenta diferente bajo la titularidad del grupo municipal, pero fuera del control de cualquier órgano fiscalizador (puesto que la ley impide abrir una cuenta al margen del partido). En la conocida como 'cuenta opaca' se habría ingresado el dinero que recogía el supuesto recaudador del PP y a ella también fueron a parar las donaciones de los concejales y asesores.
El auto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, explica que "la operativa decidida y seguida en este caso para ingresar dinero de procedencia ilícita (50.000 euros en efectivo a disposición de la investigada Mari Carmen García Fuster) en el circuito económico consistió en utilizar a cincuenta personas fuertemente vinculadas al grupo municipal popular". El fin era, expone, "que para que bajo la apariencia de aportaciones voluntarias a la cuenta del Banco Sabadell" se engrosara la cuenta bancaria, "deduciéndose de lo actuado que en realidad no eran donaciones, sino que la citada investigada procedió a devolver las sumas de 1.000 ingresadas en billetes de 500 euros".
