VALÈNCIA. Elisa Núñez (Elche de la Sierra, Albacete, 1977) llegó a València hace 30 años y se quedó a vivir. Fue la gran sorpresa del Gobierno autonómico que comenzó su andadura el pasado verano. Su nombre no figuraba en ninguna quiniela y no provenía de la política activa –ejercía como abogada–, aunque había ocupado cargos públicos en anteriores Ejecutivos del PP durante la etapa de Francisco Camps. Pese a que se la vio inicialmente como la 'independiente' de Vox, la actual consellera de Justicia e Interior se encuentra afiliada al partido y ha mostrado posicionamientos muy próximos a la formación en asuntos como la violencia de género. Pasados unos meses desde su toma de posesión y ya en plena actividad, asegura que ha asumido sus competencias con "muchas ganas". El principal objetivo lo sitúa en tratar de reducir la sobrecarga en los juzgados. Y destaca la incredulidad por la gestión previa en el área de Emergencias.
-¿Quién le llama para ser consellera? ¿De qué viene su relación con Vox?
-Mi vida y mi manera de pensar es, evidentemente, afín a Vox. Tengo muchos amigos, tanto en el ámbito de la Universidad como de la abogacía, que aparte de ser afiliados son cargos públicos del partido. Unos meses antes de que llegara el nombramiento, me llamaron para que les acompañara a algunas reuniones y encuentros distendidos. A partir de ahí, me propusieron el reto de ser servidora pública y acepté. Fue curioso porque en el momento de la llamada iba conduciendo hacia Murcia para un juicio. Me llamaron, me preguntaron, dije que sí y seguí conduciendo.
-¿Y quién le hizo esa llamada?
-Alguien de la dirección nacional.
-Se encuentra con muchos asuntos pendientes que cuelgan de la pasada legislatura y otros nuevos que, seguramente, querrá poner en marcha. ¿Cuáles serán los ejes de su gestión en este inicio?
-En la Conselleria tenemos competencias que atañen a dos ministerios: el de Justicia y el de Interior. Dentro de la parte de Justicia, uno de los principales problemas es la sobrecarga de trabajo de los juzgados. El primer planteamiento es intentar disminuirla. Para ello queremos entrar en contacto con todos los operadores jurídicos y acordar y coordinar acciones para poder exigir al ministerio que nos dote, no sólo de los órganos judiciales que necesitamos, sino de los medios materiales y humanos que hacen falta.
La segunda línea es dignificar el trabajo de nuestros funcionarios de Justicia. Dependiendo de la región de España en la que estemos, éstos tienen una retribución distinta. La tercera línea es la de crear plazas estructurales para funcionarios, de manera que se acabe la inestabilidad y temporalidad.
La cuarta será el de las infraestructuras judiciales. Uno de los planteamientos que me hice inicialmente, y así se lo transmití al equipo y están todos de acuerdo, es que aquellos proyectos que estén bien del anterior Gobierno se mantendrán. Los haya hecho quien los haya hecho. En el plano de las infraestructuras, vamos a reevaluarlo todo para ver si van a cumplir con las necesidades para las que fueron planteadas o se van a quedar obsoletas antes de ser inauguradas.
Crearemos nuevas sedes, algunas absolutamente necesarias: Llíria, Torrent... y también hay que reformar y ampliar otras. Pero todo eso hay que estudiarlo bien. De nada sirve que tengamos un juzgado en el centro de la ciudad si no es práctico.
Luego hay una línea que me parece importante y es la de las víctimas del terrorismo. Queremos trabajar para que no caigan en el olvido porque las nuevas generaciones oyen hablar de ETA y no saben lo que es. Hay momentos de la historia que no podemos olvidar. Se trata de una banda terrorista que estaba apoyada por un grupo político que hoy vota a Pedro Sánchez como su socio.
-Uno de los últimos anuncios de su predecesora en el cargo, Gabriela Bravo, fue la ampliación de la Ciudad de la Justicia de València con la construcción de un nuevo edificio. ¿Seguirá adelante con la licitación prevista para enero de 2024?
-Ese edificio está en el proyecto y se han destinado fondos del presupuesto para ello. Ahí lo que estamos mirando son terrenos lo más anexos posible a la Ciudad de la Justicia que, o bien no estén afectados, o bien sea fácil el proceso de desafectación para poder ampliarla.
-Entonces el proyecto sigue adelante tal como estaba previsto. ¿Pero se mantienen los plazos?
-Sigue adelante. Pero estamos viendo los terrenos. Son municipales y no se habían cerrado. Estamos negociando con el Ayuntamiento de València y viendo la ubicación más adecuada, más funcional y más práctica.
-¿Piensa que los gobiernos autonómicos, entre ellos la Generalitat, deberían tener más competencias para la creación de órganos judiciales y para su funcionamiento interno? ¿O tiende a la recentralización también en este ámbito?
-A mí no me gusta hacer supuestos. Me gusta ceñirme a lo que establece la norma y en ese momento las competencias no están transferidas. Así que me toca arar con los bueyes que tengo. Y no hay más. A mí lo que sí que me gustaría es que el Gobierno central escuchara las necesidades que le transmitimos.
-¿Y qué van a transmitirle a partir de ahora?
-Cuando llego a la Conselleria me encuentro con una serie de peticiones al Ministerio de determinados órganos judiciales. La previsión es que la mayoría no nos serán otorgados y en la ciudad de València no tenemos más que cuatro juzgados de familia colapsados y desde 2008 no se ha otorgado ni uno. Para mí es muy importante es estar en contacto con todos los operadores jurídicos: desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), las Audiencias Provinciales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los colegios de abogados, de procuradores, etc. Los que verdaderamente saben de las necesidades.
En este momento estamos esperando la resolución de la petición que hizo el anterior Gobierno. Y pediremos lo que necesitemos. Juzgados y recursos. Lo que nos concedan hay que ver la manera de implementarlo y tener en cuenta las infraestructuras, el personal con el que contamos, etc. Y de cara al año próximo ya estamos teniendo reuniones y hemos abierto una especie de 'lista de deseos'. Por ejemplo, de los ayuntamientos.
-Sobre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, dijo que no las cerraría pero que ampliaría sus competencias. ¿Eso no desvirtúa el objetivo para el que fueron creadas? ¿De qué manera se ampliarán?
-Aquí están las 37 oficinas de víctimas del delito y las 3 oficinas de denuncia. Lo que vamos a hacer es aumentar la protección y mejorar la atención de las víctimas a través de todas esas oficinas. En cuanto a las oficinas de denuncia, que tenemos una en cada provincia, de lo que nos hemos dado cuenta es de que eran el escaparate de una ideología. Yo siempre digo que el partido al que pertenezco es el más garantista en la protección de las mujeres porque protegemos a todas las mujeres de cualquier tipo de delito sea quien sea el agresor.
Esa 3 oficinas, tal cual las plantea el Botànic, sólo atiende a las víctimas de delitos cometidos por parejas o exparejas. Una señora que también es mujer, va por la calle y sufre una agresión sexual, y si el agresor no es su pareja o expareja no puede ir a esa oficina a denunciar. A mí eso me parece discriminatorio. Lo que vamos a hacer es ampliar las competencias de esas tres oficinas para que atiendan a todas las mujeres víctimas de cualquier delito sea cual sea su agresor.
Cuando estaba de abogada tuve un caso de dos mujeres que habían decidido formar una familia con los múltiples modelos familiares que hay en nuestra sociedad. En un momento determinado, rompen la relación y una de ellas se dedica a interponer siete denuncias en siete juzgados distintos diciendo que había sido agredida. Yo pido para mi defendida medidas cautelares de no aproximación y no comunicación. Me fueron denegadas porque el agresor en este caso no era un hombre, sino una mujer. Pero era su pareja. ¿Por qué no tiene los mismos derechos? Ese es mi planteamiento.
Las tres oficinas de denuncia serán exclusivamente para mujeres víctimas de todos los delitos. Y las otras 37 serán para el resto de delitos y el resto de víctimas. De personas vulnerables, de agresiones a mayores, de acoso laboral, escolar... yo llevo los avisos de Policía Autonómica y del 112. No se pueden imaginar todo lo que se produce. Con lo cual, pienso que si queremos ser verdaderamente garantistas mantengamos oficinas para mujeres pero también tengamos para víctimas vulnerables.
-La reordenación de los juzgados de violencia de género suscitó el año pasado gran polémica porque la puesta en marcha de cinco nuevos juzgados exclusivos de violencia de género en la Comunitat suponía que se reordenaran las competencias de esta materia que tenían juzgados mixtos y pasaran a los exclusivos de violencia. ¿Le trasladarán algo al Ministerio de esta situación?
-El tema de la comarcalización viene determinado por el Ministerio y no podemos hacer absolutamente nada. Pero ahí es importante analizar las cargas de determinados juzgados. Si Xàtiva o cualquier municipio, en un momento determinado, necesita un juzgado de violencia sobre la mujer, yo lo pediré. Pero siempre y cuando sea una necesidad real.
-Un clásico de las reclamaciones desde el mundo de la justicia es la de la mejora en los sistemas informáticos. La intención del anterior Consell de digitalizar la Administración de Justicia hasta lograr el objetivo del 'papel 0' no tuvo avances sustanciales. ¿Cuál es su plan? ¿Verá la luz por fin en su mandato un nuevo sistema de gestión procesal?
-Mi idea es tender a la reducción del papel. Aquí nos hemos encontrado con el proyecto Just@, que es ambicioso y cuenta con fondos europeos. Cuando llegué solicité las evaluaciones que había tenido y pedí una nueva de la prueba piloto que se está llevando a cabo en Castellón. La decisión que tomé, acorde con mi equipo y con los operadores jurídicos, es seguir trabajando sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de este año. Y en atención a los resultados que obtengamos, decidir si seguir adelante, plantear una modificación o impulsar un nuevo proyecto de digitalización. A la consellera anterior se le ofrecieron medios que estaban en otras autonomías, algunos de manera gratuita, pero ella prefirió un sistema con su seña de identidad propia que yo califico como un caprichito de 12 millones de euros.
En el ámbito de los registros civiles, se empezó con otro proyecto piloto en Alicante en el que está previsto que el 15 de enero pase a las otras dos provincias y estamos hablando de la digitalización de 15.000 libros de registro civil. También hay más proyectos que se están estudiando, como la comunicación directa entre juzgados y centros sanitarios, juzgados y policía, etc.
Y a otro nivel a mí me gusta mucho el proyecto de las salas amables, que es del anterior Consell y me parece una herramienta fundamental a la hora de que los menores puedan prestar declaración en un ambiente agradable y tranquilo. Tiene detalles tan importantes como que las mesas sean de cristal para ver el lenguaje gestual del menor y comprobar si está nervioso o incómodo. Como he dicho antes, lo que esté bien para qué tocarlo.
-En el marco de la gestión de Emergencias, ¿tiene previsto reorganizar, replantear o recortar las empresas públicas y entes bajo su competencia, como la Avsre o la Sgise?
-Lo que me he encontrado en la parte de Emergencias ha sido una madeja como resultado de una gestión absolutamente deficiente, temeraria e irresponsable. Aquí no estamos jugando con récords de presupuesto. El hecho de que disminuya no quiere decir que no pueda gestionarse de manera eficiente. Se puede hacer con un gasto racional y ordenado. Los 9 millones de Sgise eran ficticios. Estaban en el presupuesto, pero nunca se podía utilizar esa partida porque estaban destinados y condicionados al desarrollo de la famosa UME valenciana. El Botànic, durante 5 años, no fue capaz de hacer un convenio colectivo y, por tanto, de aplicar el decreto y disponer de ese dinero.
Lo que hemos hecho es quitar esos 9 millones que no se iban a poder aplicar y que íbamos a tener que devolver para ponerlos en un sitio donde hicieran su papel. No me sirve de nada decirle a Sgise que tiene el mismo presupuesto sin poder usar una parte del dinero.
Por otro lado, a mí me gustaría, y en eso estamos trabajando, reorganizar y reestructurar Sgise desde la base. Ese ha sido mi objetivo desde el primer día. Lo primero que hice fue visitar la base de Paterna y sentarme con los 5 sindicatos. El único compromiso que les trasladé fue que siempre les iba a decir la verdad. Pero lo que ellos tienen que saber es que no puedo resolver en tres meses lo que otros no han hecho durante cinco años. Aquí ha sido dar un pasito y encontrarte derroche y despilfarro; dar otro pasito y encontrarte una bombita, dar otro pasito y descubrir una irregularidad.
"NO NOS PLANTEAMOS SUPRIMIR SGISE, Reorganizaremos el gasto y las estructuraS; hay una deficiencia estructural y eso hay que tocarlo"
-Usted ya ha vivido su primera protesta desde que es consellera por parte del colectivo de los bomberos forestales que tienen contratos temporales y a los que no ha renovado. ¿Cómo piensa afrontar la situación?
-En octubre convoqué el consejo de administración de Sgise y asumí de manera temporal y transitoria no solamente la presidencia sino la gerencia. Destituí a tres cargos de alta dirección. Se pueden imaginar lo que es llevar la Conselleria y además una empresa con 950 trabajadores en plantilla.
En el momento en el que soy gerente y puedo tener acceso a más información todavía, lo que hago es intentar que los 183 bomberos de refuerzo según la RPT, puedan continuar con el servicio hasta el 31 de diciembre. El día 10 de octubre mandé una solicitud a la Conselleria de Hacienda pidiendo el aumento de masa salarial necesario para mantener a los bomberos forestales. Cuál fue mi sorpresa cuando recibí el informe desfavorable de Hacienda diciendo que ya se habían hecho ampliaciones de masa salarial y que, de acuerdo con la normativa administrativa, era imposible hacer ese aumento de masa salarial.
Nos vamos reuniendo progresivamente mi equipo y yo para ver si encontramos una solución. Pero no llega. Y el día 26 de octubre, antes de ir a las Cortes, me reuní virtualmente con los representantes sindicales explicándoles la situación real. No es que la consellera Núñez no tenga recursos, es que se ha hecho una mala gestión de los recursos que se habían solicitado. Me siento atada de pies y de manos.
El lunes 30 fue el primer día que se manifestaron. Bajé a hablar con ellos y les expliqué de nuevo la situación. Ahora mi objetivo es reestructurar y reordenar Emergencias. Tenemos RPT y bolsas de empleo impugnadas, más de 400 demandas de trabajadores porque les han dejado desprovistos de derechos. Y ya la última ha sido un contrato de 4.800 pares de zapatillas a razón de 322.000 euros para 950 bomberos. No lo entiendo. A eso me refiero cuando hablo de gestión temeraria.
-¿Y hacia qué sentido quiere reestructurar Emergencias? ¿Dejará los entes como están?
-Sgise nace en 2018 y la tendencia es encontrar un modelo en el que podamos integrar todos los elementos que están en Sgise pero que son partes separadas de un puzzle que no acaba de encajar. No suprimir. El 7 de noviembre nombramos un nuevo gerente, que es un ingeniero dedicado al mundo de la empresa durante más de 30 años y con amplia experiencia. Estableceremos un plan estratégico nuevo y quiero desarrollar la ley de coordinación valenciana de emergencias. Reorganizaremos el gasto y las estructuras. Hay una deficiencia estructural dentro de Sgise y eso hay que tocarlo.
-Le critican también por recortar el presupuesto en prevención de incendios.
-El objetivo que se tenía desde la Conselleria y así se está cumpliendo es que la prevención y la extinción se encontraran en el mismo departamento. Somos de los que pensamos que los incendios se apagan en invierno. La gestión del Botànic en materia forestal ha sido la de no intervención. Así que la prevención se está trabajando de manera ordenada con el desarrollo de infraestructuras como los depósitos de hidrantes, observatorios, haciendo pistas forestales... y estamos estudiando una ley de prevención de incendios para urbanizaciones.
Considero suficiente el presupuesto en prevención de incendios porque hay algo que no se incluye y son todos los fondos europeos. Yo no voy a poner un presupuesto que no ha llegado.
-Dentro de su discurso político, usted se ha desmarcado de la violencia de género y defiende el concepto de violencia doméstica. ¿También piensa como gente de su partido que la violencia de género no existe?
-Para mí, una cosa es la violencia que sufre la mujer y otra muy distinta la ideología de género. Yo no puedo negar que existe violencia sobre la mujer, ahí están los datos. Pero otra cosa es que yo necesite sobreprotección por el simple hecho de ser mujer. Yo la necesito si se ha cometido un delito sobre mí, pero no por ser mujer. Y luego además, la ideología de género lo que hace es criminalizar al hombre por el hecho de ser hombre. Que un hombre agreda a su pareja por el hecho de ser mujer no se lo puedo comprar. Un señor le pega a su mujer dentro de un contexto en el que pueden existir infinidad de elementos.
-¿Y elementos machistas no?
-En España en este momento no. En España se cree en la igualdad de derechos y obligaciones de la mujer. Yo no puedo asumir que el hombre sea malo por el hecho de serlo.
-¿Entiende que haya mujeres que no puedan asumir que no exista un componente machista en las agresiones y el maltrato?
-Lógicamente, vivimos en un país con libertad de pensamiento y expresión como derechos fundamentales.
-En Les Corts se ha vivido precisamente una guerra de pancartas por los conceptos de los que estamos hablando ahora mismo. ¿Piensa que esa imagen cada vez que hay un asesinato machista prioriza realmente a la mujer que ha sido víctima?
-Yo eso lo he denunciado en Las Cortes. He dicho que la izquierda radical ha utilizado a las mujeres para sus delirios. Se ha hecho una utilización política de la violencia sobre la mujer.
-El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido en los gobiernos en los que está que se convoquen manifestaciones institucionales contra la amnistía. ¿Es algo que se ha abordado en el Consell o que ve usted posible? Parece que el PP lo está esquivando.
-Ha habido manifestaciones de los partidos. Yo creo que es el momento de no adelantarnos. La semana pasada fue muy intensa y tenemos que analizar la raíz del problema que tenemos en España y darnos cuenta de que este proceso del señor Sánchez y sus socios está consistiendo en la abolición del Estado de Derecho, en destruir los valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Ha deslegitimado y roto la separación de poderes. Lo que esconde la ley de amnistía es el deseo de perpetuarse en el poder y evitar que alguien que piense distinto a él llegue al Gobierno.
-Hay aspectos de los pactados entre Sánchez y los independentistas de los que la Comunitat Valenciana podría beneficiarse. Por ejemplo, la condonación de la deuda. ¿Qué visión tiene?
-No quiero irme a las posibles consecuencias. Lo que pienso es que hay que reaccionar al problema que tenemos delante. Vayamos paso a paso. Ahora mismo son una serie de pactos de los cuales conocemos sólo algunas cosas. Junts ya ha advertido a Sánchez de que irán partido a partido. No es la votación de investidura, es lo que van a ir exigiendo día a día. Hay que ver cómo se va desarrollando.
-Da la sensación de que la relación del PP con Vox dentro del Consell es buena, pero de que pueden apretar un poco las tuercas en Les Corts con posicionamientos más ideológicos que incomoden a su socio. ¿Es esta su estrategia?
-La relación con el PP en el Consell es espectacular. El papel de los diputados es uno y el de los consellers es otro. El proyecto es el mismo, pero a mí no me toca entrar tanto en la parte política, sino que me dedico a gestionar mis competencias. Cada partido tiene su proyecto político y sabe adónde va. Pero en el Consell hay absoluta fluidez y coordinación.
-¿Cree que el PP le intentará fichar antes de que acabe la legislatura?
-¿A mí? No. Yo tengo muy claro quién me ha puesto aquí y a quién represento.