aprobará a lo largo de 2022 un real decreto
El Gobierno regulará el sistema de telepeajes para hacerlo compatible con el resto de Europa
Instalaciones de telepeaje de Abertis. Foto: ABERTIS
16/01/2022 -
VALÈNCIA (EP). El Gobierno aprobará a lo largo de 2022 un real decreto para trasponer la directiva europea de telepeajes a la normativa española y hacer así compatible su sistema con el que se usa en cada uno de los países de la Unión Europea.
Los dos principales objetivos que persigue esta decisión son poder viajar por todo el continente con un único dispositivo electrónico y facilitar el intercambio de información sobre los peajes impagados en los distintos Estados miembros.
El Ejecutivo de coalición ha incluido este real decreto en el plan anual normativo de 2022 de la Administración General del Estado, en el que se recogen todas las leyes que prevé aprobar a lo largo de este año.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha propuesto dar luz verde a ocho leyes y 23 reales decretos, entre los que se incluye el que regulará el bono alquiler joven de 250 euros.
Respecto al real decreto sobre telepeajes, cuya fecha de aprobación todavía está por definir, en el documento publicado con motivo de su puesta a disposición de los ciudadanos se explica que su intención es "garantizar la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje instalados en las carreteras y autopistas españolas con los de otros Estados miembros de la Unión Europea".
No obstante, el servicio europeo de telepeaje (SET) será un sistema complementario a los servicios nacionales de telepeaje y no aplicará a los sistemas no electrónicos. Ya en 2004, la Comisión intentó llevar a cabo una normativa parecida pero sin éxito.
El Gobierno español ya traspuso la directiva de 2004 por vía del real decreto en febrero de 2006, pero, como argumenta el Ministerio, los avances tecnológicos "han ido por delante de su regulación a nivel europeo", de manera que se fueron implantando por los diferentes países sin que fueran del todo compatibles entre sí.
Ahora, la Comisión ha vuelto a intentarlo y para ello lanzó en 2019 una nueva directiva que tenía que haber adquirido rango de ley en los distintos países de la Unión antes del pasado 19 de octubre de 2021.
