Foto: EFE/Miguel Ángel PoloMADRID (EP). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz recuerda a las empresas afectadas por la DANA que pueden acogerse, de forma voluntaria, a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por causa de fuerza mayor, si lo necesitaran. Además advierte a las compañías de la región que "ninguna empresa puede poner en riesgo la vida de las personas trabajadoras".
"La reforma laboral incorporó los ERTE de fuerza mayor para abordar situaciones dramáticas como la que estamos viviendo", ha expresado en su cuenta de 'X' (antes Twitter), añadiendo que "las empresas ya pueden solicitarlo".
La ministra recuerda que en la reforma laboral se desarrolló este instrumento para proteger a las personas trabajadoras y al tejido productivo "ante situaciones en las que se paralice o perjudique la actividad". De este modo el ERTE permitiría que la empresa pueda suspender temporalmente el contrato o reducir la jornada si fuera necesario.
Este sistema, si las compañías deciden utilizarlo, permite proteger a las personas trabajadoras "sin consumir prestaciones y sin necesidad de haber cotizado". Es así porque, durante todo el tiempo que dura el ERTE, se entiende que el trabajador está en situación legal de desempleo, además de que se facilita su acceso al paro.
La vicepresidenta recuerda que "las personas trabajadoras estarán protegidas independientemente a cuánto se haya cotizado y no consume la prestación", y que las empresas pueden acogerse de forma voluntaria y contar con exenciones en las cotizaciones del 90%.
Para solicitarlo se puede llamar al 060, teléfono de atención telefónica de las oficinas, o en la sede electrónica del SEPE indicando en 'Observaciones' que se trata de un ERTE FM y también el nombre de la empresa.
Díaz concluye que es "clave" conocer y compartir todas las herramientas disponibles "para hacer más leve estos momentos difíciles y facilitar el conocimiento a los derechos que tenemos".
Desde el Gobierno se asegura que se seguirá trabajando para "proteger a las personas trabajadoras ante cualquier situación" y se advierte que ninguna empresa puede poner en riesgo la vida de las personas trabajadoras. "De hacerlo, la Inspección de Trabajo actuará", advierte con contundencia la ministra de Trabajo y Economía Social.
