Foto: EDUARDO PARRAVALÈNCIA. (EP) El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha hecho público este martes el Plan Anual Normativo del Gobierno para 2022, en el que se incluye, según ha indicado, la abolición de la prostitución. "Nuestra idea es abolir la prostitución y acabar con esa lacra que afecta de manera mayoritaria a mujeres y niñas", ha declarado.
Fuentes del Ejecutivo han concretado que este objetivo se perseguirá dentro de la Ley de Trata que también prepara para este mismo ejercicio y no a través de una normativa específica.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha recordado que esta medida es "un compromiso" del propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el Gobierno hace suyo.
Sin embargo, las declaraciones del responsable de Presidencia contrastan con las informaciones dadas el pasado diciembre por fuentes de ambos partidos socios de Gobierno, PSOE y Podemos, quienes aseguraron que las dos formaciones trabajaban ya para registrar de forma conjunta en enero una proposición de ley contra la trata con fines de explotación sexual en el Congreso.
En este sentido, Bolaños ha indicado que se "están produciendo contactos entre el Ministerio de Igualdad y los grupos parlamentarios, incluyendo PSOE y Unidas Podemos" sobre este tema y ha llamado a ser "prudente" y esperar a "ver el resultado de este diálogo" y en "qué términos" se va a poner en marcha "la abolición" de esta práctica.
Bolaños se ha referido a esta norma tras las preguntas de los periodistas, ya que durante su intervención inicial, en la que ha presentado el Plan Anual Normativo de este año, sí se ha referido a una Ley de Trata, pero no ha hablado de otras iniciativas que son competencia de ministerios de Podemos.
Así ha sido con la reforma de la ley del aborto, anunciada por Igualdad, la Ley Trans o la Ley de Familias. Todas ellas, ha respondido a los periodistas, están también en la agenda del Ejecutivo. Sobre la primera de ellas, ha indicado que "pretende garantizar los derechos de las mujeres y su libre acceso a la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo"; mientras que de la segunda ha aclarado que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros en primera vuelta y, en la actualidad, se encuentra en la fase de informes preceptivos para posibles mejoras en el texto.
Sobre la Ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Bolaños ha explicado que busca "mejorar el régimen jurídico" por el que se rigen las mismas.
Bolaños tampoco ha hecho mención a la Ley de Binestar Animal, que también es competencia del Ministerio de Derechos Sociales, una norma que, según Podemos, está siendo "constantemente bloqueada" por el Ministerio de Agricultura.
Sí se ha referido en primera instancia a la reforma de la Ley de Protección contra la Violencia de Género, aprobada en 2004 bajo mandato socialista. Ya a finales de 2021, Igualdad anunció su deseo de realizar cambios en este texto para incluir el Pacto de Estado contra esta lacra aprobado por las cortes en 2017 y evitar que caduque este año, como recoge el acuerdo.
El pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el Gobierno y los grupos parlamentarios --a excepción de Vox-- revalidaron este pacto actualizando sus medidas y blindando su financiación. Ahora, el Ministerio quiere que este acuerdo conste en la ley contra esta lacra.
Otras medidas sociales a las que se ha referido Bolaños y que se incluyen dentro del Plan Anual, son una ley contra el racismo y otras formas de intolerancia, una directiva de conciliación de la vida familias y profesional o una ley de Servicios Sociales que, según ha indicado el ministro de Presidencia, se pondrá en marcha "para que la cartera mínima de servicios sea la misma en cualquier lugar del país".
Este anteproyecto de ley de Servicios Sociales, que este martes 11 de enero se ha abierto a consulta pública, tiene por objeto "regular las condiciones básicas" que garanticen la "igualdad" en el ejercicio del derecho de los ciudadanos a las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales, en cualquier parte del Estado español.
El problema que el Gobierno pretende solucionar con esta ley es la "gran pluralidad" en la organización de los servicios sociales en cada territorio que, si bien permite adaptarse a las necesidades locales, también "genera diferencias en la oferta de servicios que puede esperar la ciudadanía".
El Ejecutivo señala que la creación de un marco legal estatal para los servicios sociales permitiría así garantizar una "protección mínima" en el conjunto del territorio español, "avanzar hacia unos servicios sociales universales, consagrando el derecho subjetivo de la ciudadanía a contar con esa cobertura y protección" y "facilitar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno".
Del mismo modo, el ministro de Presidencia ha indicado que durante este año se aprobará también un Real Decreto que regulará el Sello de Inclusión Social que acreditará a todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y formación a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
