MADRID (M.G./AGENCIAS). El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado finalmente los planes hidrológicos de todas las cuentas de España y en el especial, el plan del Tajo, que tanta consecuencias generará en el trasvase del agua hasta el Segura, pues supondrá el envío de menos recursos. Finalmente, la propuesta del Gobierno contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.
Como vienen denunciando los regantes, ese aumento de caudal llevará aparejada una predecible disminución del agua a trasvasar hacia el Levante, lo que afectará gravemente a la economía de estas zonas en general y al sector primario en particular, de acuerdo con las denuncias de regantes, empresarios, instituciones y fuerzas políticas locales de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Hay que recordar que la Generalitat había alcanzado un acuerdo inicial con el Gobierno por el que los caudales ecológicos se postergaban hasta 2026 y mientras se aplicaba la denominada cláusula adicional novena, que permitía revisar los caudales ecológicos en función del estado del río (y por tanto facilitaba los trasvases si dicho estado era óptimo). Este precepto fue recogido incluso por el informe del Consejo del Estado, que pidió que se arbitraran mecanismos para hacer posibles los trasvases entre las cuencas del Tajo y del Segura, además de critica la falta de transparencia con la que se había aprobado el plan de cuenca en el Consejo Nacional del Agua.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha justificado el plan del Tajo cumple tanto con la legislación nacional como con la europea y además, vienen aparejadas unas inversiones para permitir que siempre exista disponibilidad de agua, tanto si llueve como no. Así, la ministra ha destacado que los planes aprobados cuentan con una inversión de 22.844 millones, de los cuales algo más de 10.000 millones son de inversión estatal.
"Nunca jamás" se han destinado tantos recursos en España para la inversión y gestión en agua, ha hecho hincapié la ministra.
Respecto a los escenarios climáticos, la vicepresidenta ha asegurado que desde los años 80 España ha sufrido una reducción próxima al 12 por ciento de sus recursos hídricos y la perspectiva hasta 205 es la de una reducción adicional de entre el 14 y el 40 por ciento del agua disponible.
Por otro lado, Ribera ha incidido en que los planes de cuenca permiten a España prepararse para el riesgo de inundación y mejorar las inversiones hasta niveles nunca conocidos para mejorar el saneamiento y la depuración porque España sigue pagando multas coercitivas por este motivo.
En cuanto a una de las cuestiones que más polémica ha suscitado la tramitación de este Real Decreto, el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo que supondrá una reducción del volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura, la vicepresidenta ha garantizado el compromiso del Gobierno con el Levante pero ha advertido de la necesidad de anticiparse para asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo en materia de recursos hídricos.
Por ello, ha defendido la aplicación "por primera vez" de un caudal ecológico para el Tajo, para garantizar la "buena gestión" con un caudal ecológico que no suponga "ningún riesgo" para las cuencas que hasta ahora se han beneficiado del Tajo-Segura.
En concreto, la nueva planificación contempla una reducción de 7 hectómetros cúbicos (hm3) del caudal trasvasable del Tajo al Segura en 2003 hasta llegar en 2026 a un recorte de 8,65 hm3. Sin embargo, ha asegurado que en "el peor de los escenarios" la reducción máxima de agua trasvasable está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío.
Así, ha subrayado que estos recursos hídricos adicionales permitirán "como mínimo" 140 hm3 nuevos, es decir un volumen "superior al agua que se dejaría de trasvasar como pérdida del caudal ecológico incluso en épocas de sequía". En ese sentido, ha agregado que el Gobierno no quiere que estos recursos supongan una "carga inasumible" a los agricultores por lo que se ha comprometido a poner un precio tope de 34 euros para el agua desalada, inversiones en renovables y eficiencia del regadío.
La vicepresidenta ha reconocido al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, su voluntad para que estas inversiones sean "transparentes", "participadas", y que el Gobierno pueda demostrar cómo se van cumpliendo los distintos hitos de la planificación con los respectivos territorios.
Así, ha señalado que los volúmenes adicionales de desalación supondrán 547 millones de euros entre la capacidad de desalación con fotovoltaica y una ampliación de la capacidad de las desaladoras de 70 hm3 de los usuarios del Tajo-Segura que permite tener esa apuesta en 2026.
En este contexto, la vicepresidenta ha afirmado que cumplir la legislación europea, nacional y las sentencias judiciales debe ser una "premisa incuestionable" para "cualquier" ciudadano, institución y grupo parlamentario, lo que supone la obligación de establecer caudales ecológicos.
"Lo más sintomático e importante es anticiparnos a un escenario problemático", ha reiterado Ribera, que opina que no se puede depender solo de la lluvia disponible en un escenario de escasez cada vez más frecuente, por lo que ha recalcado la importancia de gestionar los recursos con inteligencia, participación, coordinación entre administraciones y reflejando la importancia económica que tiene el agua en política de precios, recuperación de costes, pero poniendo atención a las personas en el centro.
Finalmente, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno ha leído "con atención" las recomendaciones del Consejo de Estado, que tiene un enfoque "adecuado" respecto a las expectativas de gestión respetando el caudal del Tajo.
