El Gobierno abre una puja entre CCAA para la deslocalización de organismos estatales

VALÈNCIA. La descentralización de instituciones estatales no le va a salir gratis a las Comunidades Autónomas. Los territorios que se postulen para albergar la sede de alguno de los organismos del sector público institucional participarán en un proceso competitivo en el que tendrán ventaja aquellas CCAA o municipios que asuman total o parcialmente el coste de la sede por la que compitan. Una suerte de puja entre regiones donde el Gobierno, que se reserva la última palabra para la elección final, tendrá en cuenta otros "compromisos adicionales" como la cesión de inmuebles o las medidas de apoyo al personal trasladado.

A falta de conocer los detalles del acuerdo, este es uno de los ejes de plan del presidente Pedro Sánchez para la descentralización institucional del Estado, que se realizará a través de un proceso "objetivo, abierto y transparente" y que se desarrollará en un real decreto tramitado por urgencia.

La otra gran novedad del acuerdo adoptado en el consejo de ministros de este martes es que ese proceso solo incluirá entidades de nueva creación, de forma que entes ya en funcionamiento como Puertos del Estado, por ejemplo, seguirán enclavados en Madrid.

El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha abanderado en los últimos meses el debate sobre la necesidad de abordar la deslocalización institucional del Estado como elemento de cohesión territorial. Para el jefe del Consell, la concentración de sedes públicas en Madrid es uno de los factores que demuestran cómo la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso se beneficia del efecto capitalidad, por lo que reclama con insistencia una descentralización de los poderes del Estado.

El primer paso para ello es el acuerdo aprobado este martes para elegir las sedes de las nuevas entidades del sector público institucional estatal, que incluye organismos públicos, entidades públicas empresariales, agencias, autoridades independientes, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica.

El procedimiento de adjudicación de una sede lo abrirá el consejo de ministros, que también será el que adopte el acuerdo final para la ubicación. Para ello, se apoyará en el informe que elaborará una comisión consultiva presidida por la ministra de Política Territorial.

Ese informe incluirá el dictamen de Política Territorial con la valoración final de las alternativas presentadas. Las ofertas serán valoradas de acuerdo con un informe que recogerá los criterios que deberá reunir la ubicación seleccionada, informe que será publicado en el BOE junto al acuerdo de inicio del procedimiento.

Las CCAA o los municipios que quieran postular un enclave, además de aprobarlo en sus respectivos parlamentos o plenos, tendrán que presentar una memoria justificativa y un informe de cumplimiento de los criterios fijados por la mencionada comisión consultiva.

Gastos compartidos y ventajas para los funcionarios

Según informó el Gobierno, cualquier comunidad, ciudad autónoma, diputación provincial, cabildo, consejo insular o ayuntamiento podrá ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero para hacer más atractiva su propuesta. "El Estado podrá compartir, de esta forma, los costes asociados al establecimiento de sedes de entidades", destaca el Ejecutivo.

Además, se valorarán factores como el nivel de desempleo, la conexión con el ámbito de actuación de la entidad, el mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales en la región.

También se abre la posibilidad de ofrecerles a los funcionarios públicos "condiciones ventajosas de traslados" y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad donde se ubique.

El Gobierno asegura que en la elección de las ubicaciones primará la eficacia del sector público, garantizando que las localizaciones elegidas puedan "absorber las demandas asociadas a albergar una sede pública y al mismo tiempo puedan enriquecer a la institución que van a acoger". En el medio y largo plazo se pretende que todos los territorios puedan ser partícipes del proceso y contribuir así a vertebrar el país, promete el Ejecutivo.

Descentralización y reto demográfico

El discurso abanderado por el presidente Puig ha calado en el Gobierno hasta el punto de que el presidente Pedro Sánchez lo ha asumido como compromiso, tal y como se evidenció en el congreso federal del PSOE recientemente celebrado en València. En ese cónclave, la delegación valenciana logró que la ponencia política recogiera su propuesta para la descentralización política del Estado autonómico, con un compromiso concreto para ubicar sedes estatales fuera de la capital.

Sánchez ha defendido públicamente en los últimos meses que la "desconcentración" de muchas de esas instituciones públicas "que históricamente han estado en Madrid" es una de las maneras de afrontar el reto demográfico y hacer de ello una "política de Estado", no solo con la reforma de la financiación autonómica.

En ese sentido, el acuerdo adoptado este martes por el consejo de ministros, que reabre el debate de la deslocalización territorial en plena campaña electoral en Castilla y León, prevé que la comisión consultiva que se encargará de valorar las potenciales sedes tendrá que trasladar su dictamen con la valoración de las mismas a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico.