El exjefe de Gabinete de Zaplana reconoce un pacto para beneficiar a los Cotino en las ITV

VALÈNCIA. El que fuera jefe de Gabinete de Eduardo Zaplana entre 1995 y 2022, Juan Francisco Garcia, ha relatado el amaño de las adjudicaciones de las ITV durante su declaración de este martes en el juicio del caso Erial. El objetivo, ha dicho, era beneficiar a Sedesa, la empresa familiar del exdirector general de la Policía Juan Cotino. De todo estuvo al tanto, ha indicado, el en ese momento presidente de la Generalitat. 

García se sienta en el banquillo junto a otros 13 acusados como partícipe de una presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.

El testimonio del exjefe de Gabinete de Zaplana responde a un acuerdo alcanzado con la Fiscalía y que puede suponer una rebaja sustancial de las penas de prisión. Algo que también han hecho los hermanos Cotino –quienes han admitido igualmente los amaños de las adjudicaciones– y Joaquín Barceló, el autodenominado testaferro de Eduardo Zaplana y el cual la semana pasada lideró las confesiones. Cuatro declaraciones que complican la estrategia judicial del exministro de Trabajo. 

García ha detallado que fue presidente de la comisión de la racionalización del sector público de la Generalitat en la cual se impulsaron los procesos de privatización de las ITV y presidente de la mesa de contratación para ese expediente –nombrado por el pleno del Consell a propuesta de Zaplana–. Desde ambos cargos tuvo un conocimiento directo de estos procesos. 

Así, ha indicado que la concesión de las ITV se adjudicó de manera predeterminada a una firma dependiente de Sedesa, perteneciente a la familia Cotino. "Juan Cotino me transmitió el especial interés de presentarse y ser adjudicatario. Me lo trasladó en enero de 1997. Posteriormente, yo mantuve una serie de reuniones con el director financiero de la empresa en las que fuimos revisando las posibilidades que tenían los pliegos del concurso para que estuvieran en una situación de ventaja", ha relatado. 

De este modo, encauzaron el borrador del proceso de adjudicación con una serie de puntos que beneficiaran a Sedesa. Ahora, bien, ha hecho hincapié en que el concurso estaba perfectamente reglado por los órganos de la administración y que éstos cumplieron con la legalidad. 

"Cuando Cotino me comunicó este interés fue en presencia de Zaplana y lo volví a comentar con él en pocas ocasiones. Lo hablé (con este último) cuando se resolvió el concurso. No le dije nada a los miembros de la mesa de contratación, actuaron en absoluta libertad y ajustándose a la ley", ha remarcado.

Una vez se resolvió la adjudicación para la firma de Sedesa, García ha señalado que Juan Cotino le dijo que que iban a tener una participación del 30%. En aquel momento todavía no existía el entramado societario para el desvío de las comisiones que aparece en el caso Erial. "De 1997 a 2004 no hubo apenas conversaciones. Ya a finales de 2004, cuando Sedesa vendió Valenciana de Revisiones (la adjudicataria de las ITV), Vicente Cotino, con quien pasé a tener la interlocución, me comunicó que por indicación de su tío los fondos correspondientes al 30% de las plusvalías obtenidas en la operación se iban a vehiculizar a través de Imison, a nombre de Joaquín Barceló, y Fenix, a mi nombre, como últimos beneficiarios". 

Es decir, que el 30% de las plusvalías por la venta de la adjudicataria irían a las comisiones por la concesión previamente amañada. ¿Y por qué a las sociedades a nombre de Barceló y de García? "Alguien le diría a Cotino que debíamos ser beneficiarios", ha especulado García.

Ambas estaban radicadas en el extranjero. Imison es considerada por la investigación como la empresa matriz de todo el entramado fuera de España. Constituida y gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa, Vicente Cotino ha admitido este martes que para su creación Juan Cotino entregó 640.000 euros en efectivo. Esta cantidad sería la procedente de las comisiones por las adjudicaciones. 

García ha detallado que tras la operación de Sedesa se sacaron los fondos a Luxemburgo. Allí se desplazaron Vicente Cotino, Joaquín Barceló y él, según ha afirmado. "No hablé de todo ello con Zaplana No hablaba de que los fondos fuesen suyos. Sí le expliqué luego lo que habíamos hecho", ha apuntado. "Estoy absolutamente arrepentido de determinadas actuaciones que he llevado a cabo. Reconocer los hechos sirve para reparar el daño", ha incidido.

El que fuera jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat ha querido desmentir una parte de la declaración de Barceló en la que ofreció una versión de Zaplana del manejo del dinero. Barceló afirmó que llevó a Luxemburgo 2,5 millones de euros que el exministro le dijo que provenían de una operación realizada por Juan Francisco García. Sin embargo, este último ha matizado que es "absolutamente falso" que él le regalara a Zaplana esos 2,5 millones de euros. Una manera de reseñar que en realidad el exministro estaba al tanto de la existencia de esos fondos. 

Seguidamente, se ha desvinculado de los movimientos de capitales de las sociedades en el extranjero. "Mi intervención en la gestión de Fenix era mínima. Los fondos estaban en Luxemburgo y yo tenía que firmar todos los años el acta de la junta general de accionistas que me facilitaban los despachos. No hubo ningún movimiento financiero hasta que se disolvió para regularizar la situación fiscal  establecida por el Gobierno de España", ha apuntado. "Nunca tuve conocimiento de que esos fondos tenían origen ilícito. Los traje a España acogiéndome a la regularización fiscal", ha insistido.