Las elecciones enconan la pugna política en Alicante con 'canje' de dimisión por presupuesto

ALICANTE. La proximidad de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo impregnó el desenlace del pleno ordinario del mes de febrero desarrollado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante. Las seis fuerzas que conforman la corporación en este mandato -PP, PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox- trataron de aprovechar la sesión (que se prolongó durante más de nueve horas) con el propósito de desplegar sus propuestas y planteamientos ideológicos ante la tesitura de tener que movilizar a los afines y tratar de arañar apoyos entre indecisos o seguidores de otros partidos. Todo, con buenas dosis de demagogia desde las bancadas del equipo de gobierno y de la oposición, y a pesar del limitado seguimiento de público que siguen teniendo las sesiones municipales, ya sea en el salón de plenos o en su retransmisión en streaming (un máximo de 54 seguidores, en esta ocasión).

Lo cierto es que varios de los ediles de prácticamente todas las formaciones se refirieron a ese contexto preelectoral en sus intervenciones al reconocer que "hay que rascar votos". Así, volvieron a reproducirse las habituales críticas frente a las decisiones de otras administraciones gobernadas por los partidos opuestos, pese a que sí se alcanzó un acuerdo unánime respecto a la necesidad de que se construyan nuevas infraestructuras educativas en el distrito de Playa de San Juan: un asunto en el que se combinan competencias compartidas entre el Ayuntamiento (como responsable de la gestión y cesión del suelo) y la Generalitat (encargada de la promoción o, en su caso, financiación -como sucede con el Plan Edificant- de los colegios). 

La necesidad de diferenciación política frente al adversario se puso de manifiesto en algunos de los puntos sometidos a debate, como las tres declaraciones institucionales registradas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del próximo 8 de marzo. La primera fue la defendida por PP y Cs; la segunda fue la registrada por PSOE y Unides Podem EU, y la tercera por Compromís en solitario. Ese escenario de división sobre un tema sensible como la igualdad ya se ha venido reproduciendo en los años precedentes de este mandato, pero en esta ocasión quedó acentuado por el hecho de que ni siquiera las tres fuerzas de la izquierda hubiesen sido capaces de pactar una propuesta conjunta. A la postre, las tres iniciativas quedaron rechazadas. 

Además, esa diferenciación política con posicionamientos enconados también se evidenció en otro asunto con tanta repercusión social como la fiscalidad municipal. Máxime, en un contexto marcado por la inflación. Así, el grupo municipal del Vox volvió a desvincularse de PP y Cs en su defensa de la supresión del impuesto de plusvalía -o, cuando menos, en su intento de rebajar el coeficiente para su cálculo- y Unides Podem EU apostó por reivindicar la necesidad de la progresividad en el pago de impuestos de recaudación municipal (IBI, IAE, Icio e IVTM), aunque su iniciativa quedase desestimada con los votos del eje del centro-derecha (PP, Cs y Vox). 

También volvió a surgir el debate sobre las consecuencias de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que quedan obligados a implantar todos los municipios de más de 50.000 habitantes por trasposición de normativa comunitaria, que queda recogida a través de la Ley de Transición Ecológica. 

En este caso, fue el equipo de gobierno, el bipartito formado por PP y Cs, el que se vio forzado a rebatir el discurso que ha venido extendiendo Vox para descartar la posibilidad de que vaya a prohibirse el acceso de vehículos en los dos anillos de control previstos en el eje de la Gran Vía y en el entorno del Centro Tradicional.

Tampoco faltó el pulso recurrente en materia social sobre la disponibilidad de vivienda pública, con los habituales reproches sobre si es el Ayuntamiento o la Conselleria de Vivienda la administración competente para arbitrar políticas que favorezcan el alquiler social y que procuren soluciones para ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Un debate en el que terció también la pugna sobre la emisión de informes sobre la capacidad económica de los vecinos solicitantes de ayudas: las formaciones del eje progresista exigieron celeridad y el bipartito alegó que es la Generalitat la que, después, no tiene capacidad de respuesta para atender las necesidades planteadas.

Y hasta salió a la palestra la cuestión de las infraestructuras y la planificación urbanística con la iniciativa promovida por el PSOE para exigir que la ordenación que debe amparar la construcción del Parque Central en los terrenos liberados de las vías del ferrocarril se apruebe este mandato. Una cuestión en la que, según defendió el bipartito, ya se está trabajando y que permitió que el alcalde, Luis Barcala, volviese a hacer referencia a su rechazo a la firma de la adenda del convenio planteada en el seno de la sociedad Avant en 2019 hasta que no quedase reflejada la incorporación de las inversiones que se comprometieron en 2003, entre las que figuraba el Parque Central.

Y, por si fuera poco, también volvió a ser objeto de discusión la tramitación del presupuesto de 2023, ahora paralizada por falta de apoyos para que pueda prosperar (el bipartito requiere de la abstención de al menos un concejal de la oposición) y pospuesto hasta que se celebren -precisamente- las próximas elecciones municipales, según ha venido defendiendo el primer edil en sus últimas comparecencias públicas al respecto. En esta ocasión, el debate sobre las cuentas surgió a partir del órdago que lanzó la edil de Acción Social y Educación, Julia Llopis, en una de sus intervenciones, en la que llegó a plantear que ella estaba dispuesta a renunciar a sus competencias de gobierno si Compromís -quien ha exigido su cese como condición para desbloquear el presupuesto- se comprometiese por escrito a facilitar su aprobación. 

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, recogió el guante, después, dándole la vuelta al planteamiento para señalar que, si Llopis dimitía, podía convocarse el pleno de presupuestos porque su formación se abstendría como mal menor al aceptar un "mal presupuesto" si con ello se conseguía la salida de Llopis del equipo de gobierno. 

No obstante, Barcala replicó a Bellido que ese planteamiento no era el que Llopis había puesto sobre la mesa, al señalar que el primer movimiento debería ser que Compromís garantizase la aprobación del presupuesto y que, en todo caso, era él, en su condición de alcalde, quien tenía la potestad de dar o de retirar competencias. Así que, por el momento, nada parece augurar que ese órdago vaya a tener ningún tipo de recorrido y que, como estaba previsto, el futuro del presupuesto se juegue a la carta de las elecciones: el camino que ha elegido el equipo de gobierno en base a teóricas expectativas de cosechar una mayoría tras la consulta de las urnas.

Entre tanto, se ha anunciado el impulso de una modificación sobre el presupuesto prorrogado de 2022 con el fin de garantizar la aportación económica necesaria que evite la pérdida de las subvenciones europeas para la ejecución de obras de reurbanización de algunos de los ejes principales de la ciudad, incluidos en la ZBE. Se trataría de una propuesta que contaría con el compromiso de respaldo por parte del grupo municipal del PSOE. Con todo, hasta el momento no se ha concretado cuándo podría tramitarse esa modificación de crédito (en todo caso, debería ser antes de las municipales) ni cuál podría ser su importe.