VALÈNCIA. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comenzó la remodelación de su gobierno el pasado domingo con el nombramiento de Susana Camarero como portavoz del bautizado como Consell de la reconstrucción. Un nombramiento al que le ha seguido el de Marián Cano como consellera de Industria y Turismo en sustitución de Nuria Montes y al teniente general Gan Pampols vicepresidente para la recuperación.
La reestructuración trata de enterrar la crisis generada por la gestión de la dana del Ejecutivo anterior y pretende que la Comunitat, y en especial los 75 municipios devastados por la catástrofe, recuperen cuanto antes cierta normalidad. Ahora bien, para ello el gobierno no solo plantea la variación de su estructura más elevada, sino que también necesita que esta llegue hasta todos los estratos de la administración, hasta su cuerpo de funcionarios.
Con este telón de fondo, la Generalitat, y en concreto la Conselleria de Hacienda, Economía y Función Pública que dirige Ruth Merino ultima un decreto en el que se plantean cambios respecto a las funciones, horarios y movilidad de los funcionarios públicos con la intención se "sumar manos" que trabajen en la recuperación del territorio.
Así, según el borrador al que ha tenido acceso Valencia Plaza y que ahora deberá pasar por un pleno del Consell para entrar en vigor, el gobierno valenciano plantea diferentes medidas para garantizar que el equipo humano que trabaje en la reconstrucción desde la administración sea el mayor posible.
Entre los aspectos más significativos que recoge la norma se encuentra la asignación de funciones distintas a las que tienen encomendadas de manera habitual los empleados públicos, pero también la movilidad en el puesto. Según el redactado original, "se podrá asignar temporalmente al personal empleado público tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeña, siempre que resulten adecuadas a su clasificación o categoría".
Además, también se podrá "adscribir temporalmente al personal empleado público a órganos o unidades administrativas distintas, en las que, por causa de su mayor volumen de trabajo, sus competencias o funciones no puedan ser atendidas con suficiencia por el personal dependiente de la misma". Un redactado que no pasa inadvertido si se tiene en cuenta la creación de una nueva vicepresidencia para la recuperación que, actualmente, carece de estructura funcionarial alguna. Por lo que, se sobre entiende que parte de estos funcionarios desempeñarían labores en ella.
Ahora bien, tanto la movilidad a otras consellerias o a otros puestos que no sean el que tienen asignado para desempeñar otro tipo de tareas -como por ejemplo pudieran ser gestión de ayudas autonómicas y estatales-, tendría a priori un carácter voluntario. "Para todas las medidas previstas, regirá en primer lugar la voluntariedad del personal, haya o no cambio en la localidad de la prestación del servicio y siempre que ello no implique un cambio de residencia", dicta el decreto.
No obstante, el texto legal también advierte que si no existieran suficientes efectivos voluntarios, "se podrán acordar dichas medidas con carácter forzoso aun cuando implique cambio en la localidad de la prestación de servicios siempre que no conlleve cambio de residencia". En cuyo caso, la duración de la medida no podrá exceder de seis meses prorrogables a otros seis.
La vigencia de estas medidas excepcionales tendrá la vigencia, según la norma, "en tanto permanezca la situación de emergencia provocada por la dana, y durante el periodo de tiempo en el que se desarrollen los trabajos dirigidos a restablecer la recuperación y vuelta a la normalidad necesarias, momento en el que mediante acuerdo adoptado por el Consell se podrán dar por finalizadas". Es decir, que aquellos funcionarios que se ofrecieran voluntarios para desempeñar funciones dirigidas a la reconstrucción de la Comunitat podrían hacerlas durante todo ese periodo y no lo tendrían limitado a seis meses prorrogables como sí lo tendrían los de movilidad forzosa.
No es la única forma en la que la Generalitat busca agrupar todas las manos en la recuperación. El decreto también plantea la posibilidad a los funcionarios que estén en edad de jubilación de alargar su salida de la administración por dedicarse a estas labores. Y para ello bastaría con que los interesados lo propusieran a la subsecretaría de su conselleria en cuestión o a la Dirección General de Función Pública con una antelación mínima de 15 días.
La prolongación se concederá por el plazo "de un año". Eso sí, el funcionario "deberá acompañar su solicitud de una declaración responsable en la que haga constar de forma expresa que sus condiciones psicofísicas son idóneas para continuar la prestación de servicios". Y los subsecretarios, reclamar a riesgos laborales que ratifiquen esta declaración.
Asimismo, la Generalitat también plantea utilizar todas las bolsas de empleo de las que dispone para la cobertura de puestos de trabajo necesarios en la gestión de la post emergencia y la posibilidad de "acudir a bolsas de otras administraciones públicas y entidades y a los listados de personas demandantes de empleo inscritas en LABORA".
Con todas estas premisas, la Administración se guarda la posibilidad de modificar turnos y horarios con carácter "excepcional" para poder "atender las necesidades específicas de la dana". Entre ellas, "establecer horarios de mañana o de tarde para la organización de turnos".
Toda una batería de medidas que conlleva una buena remodelación de la administración autonómica planteada este lunes en la Mesa de Negociación a los sindicatos que ahora deberá aprobar el pleno del Consell, y a las que las organizaciones sindicales ya han planteado alegaciones. La principal para UGT, por ejemplo, que todas las medidas que se establezcan tengan un carácter voluntario y, en caso de no ser posible y deber aplicarse medidas forzosas, "que se motiven lo suficiente en la correspondiente resolución y se atienda a los derechos de conciliación". "Y siempre previa negociación con las organizaciones sindicales", señalan desde UGT.
El sindicato también reclama que siempre que el funcionario asuma funciones o una categoría superior a la propia, le sea reconocido a nivel retributivo. Es decir, si un C1 realiza labores propias de un A2, que la Administración le abonara el incremento salarial en su nómina.