El Consell trasladará a la Abogacía las "sospechas" de irregularidad en el sector público

VALÈNCIA (EFE). El Consell pondrá en manos de la Abogacía de la Generalitat "cualquier sospecha o atisbo" de irregularidades en la gestión del sector público por parte del gobierno del Botànic, sobre la que ya están conociendo datos sobre contratación a dedo y "una especie de barra libre de adjudicaciones".

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado en el pleno de Les Corts que trasladarán a la Abogacía "las sospechas de malas prácticas" como son los 75.919 contratos menores que se dieron en cinco años por las Consellerias y el sector público.

"No podemos permitir malgastar en el sector público ni aguantar una administración mastodóntica", ha proclamado Mazón al referirse a que se están conociendo "los primeros datos, la punta del iceberg del sector público del Botànic".

El anterior gobierno, ha dicho, se saltó las recomendaciones sobre gestión de contratos menores sin expediente ni crédito presupuestario y en su conjunto las Consellerias tramitaron en cinco años 270.000 expedientes por la vía rápida "obviando los principios básicos" de la contratación pública.

Cada día se adjudicaban 147 contratos menores, se contrataba a dedo por 480.000 euros al día, hasta 800 millones de euros, unas actuaciones que eran "el modus operandi" del Botànic.

Hasta la fecha, solo las Consellerias adjudicaron por la vía rápida 163 millones, y el sector público adjudicó 713 millones entre 2019 y 2022, de los que 554 fueron de facturas que se pagaron sin expediente de contratación y el resto, 158 millones, fueron contratos menores adjudicados sin solicitar, en la mayoría de los casos, ni siquiera los tres presupuestos económicos que se requieren para conseguir un mejor precio.

Antes del president, la síndica de Vox, Ana Vega, ha afirmado que nadie duda de que los servicios públicos del sector público instrumental pueden ser necesarios, pero en los últimos cinco años se han adjudicado "a dedo" contratos por 713 millones "saltándose" la libre concurrencia y publicidad.

El actual gobierno "no puede continuar con ese derroche para engrosar la lista infinita de enchufados en forma de observatorios y chiringuitos", más cuando la deuda pública de la Generalitat creció hasta los 58.000 millones bajo "el gobierno de la extrema izquierda" que pagamos "todos los días".

Vega ha manifestado que la gestión política del anterior gobierno ha sido "negligente" y el Consell del PP y Vox "no va a ser cómplice de esa deriva" en la que se crearon cinco nuevos entres públicos.