VALÈNCIA. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, salió este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado en Madrid durante más de cuatro horas, con el pequeño consuelo de un margen adicional de gasto permitido para 2025 de unos 300 millones de euros. Pequeño no por la cantidad, que es considerable, sino porque si no se soluciona el problema de infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, el objetivo de déficit no se va a cumplir.
Y no se va a arreglar a corto plazo, porque, una vez más, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentó sin una propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y culpó al PP y a Núñez Feijóo del retraso en la reforma, que ya se alarga más de diez años y medio.
Montero hizo caso omiso, una vez más, de la reivindiación valenciana y de otras comunidades autónomas (CCAA) de un un fondo transitorio de nivelación que permitiría a las cuatro autonomías peor financiadas -Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía- acercarse a la media de financiación per cápita ya en 2025. Un parche que este mismo lunes volvía a apoyar la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) por boca de su director, Ángel de la Fuente.
Al término del CPFF, Merino criticó la “desidia” del Gobierno para la aprobación de un nuevo modelo de financiación y reprochó a la vicepresidenta que "siga haciendo dejación de funciones” de su responsabilidad para liderar la negociación y plantear una propuesta de reforma.
La vicepresidenta Montero, en rueda de prensa posterior al CPFF, volvió a ofrecer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una negociación "discreta" para avanzar en la reforma del SFA, al margen de las posiciones "maximalistas" de cada territorio. "Quiero volver a reiterar la disposición del Gobierno a negociar con el PP la reforma del modelo, una oferta que ya hizo el presidente Sánchez al señor Feijóo y que rechazó. Hoy, ante todos los consejeros autonómicos, he vuelto a hacer este llamamiento al diálogo constructivo para discutir un modelo que requiere discreción y, sobre todo, que los interlocutores tengan en la cabeza y velen por el interés general de todos los territorios", manifestó.
"No tengo duda de que PP y PSOE representan el interés general de todos los territorios", explicó, y añadió que es más fácil que se pongan de acuerdo los dos partidos mayoritarios, que lograr un acuerdo entre Andalucía y Madrid, por ejemplo, ambas gobernadas por el PP.
"No va a haber grandes diferencias en lo que platee el PP y el PSOE, ya se lo adelanto", aseguró Montero, que insistió en que prefiere una negociación con el PP antes que negociar con las autonomías en el seno del CPFF, porque ya se ha intentando desde que gobierna Pedro Sánchez "y no ha habido posibilidad de acuerdo".
Lo que sí negociará con las CCAA, una a una, es la condonación de parte de la deuda autonómica con el Estado, como acordó el PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, pacto que extendió al resto de autonomías.
"Para la condonación de deuda nos vamos a reunir con los territorios a lo largo del mes de julio, pero como no dará tiempo, seguiremos en el mes de septiembre y el tiempo que sea necesario para también intentar llegar a un consenso y llegar a un acuerdo", detalló. Según explicó Montero, en estas reuniones se trasladará la metodología que el Gobierno de España entiende mejor para ser capaces de compensar, en parte, la deficiencia de recursos con motivo de la crisis financiera de hace más de una década.
Las reuniones empezarán por Cataluña y en el orden de antigüedad de las CCAA -excepto País Vasco y Navarra-, por lo que la Comunitat Valenciana será la octava.
En cuanto a los anuncios previstos en el CPFF, empezando por la buena noticia para las CCAA, Montero informó de que el objetivo de estabilidad para el período 2025-2027 refleja un mayor margen fiscal para las CCAA del comunicado inicialmente a Bruselas.
Concretamente, las CCAA podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1 % del PIB en 2025, lo que supone dos décimas de margen fiscal respecto a la anterior senda, que implicaba alcanzar un superávit del 0,1 % de PIB. Para el Consell que preside Carlos Mazón, esto supondrá poder gastar unos 300 millones de euros más dentro de los límites.
La senda fiscal vigente para las comunidades autónomas para el periodo 2024-2026, establece que el subsector autonómico tiene que llegar al equilibrio presupuestario en 2024 y que en 2025 y 2026 tenía que contar con un superávit del 0,1 % del PIB. La nueva senda fiscal para el periodo 2025-2027, que este martes aprobará el Consejo de Ministros y que tendrá que ser validada por las Cortes, da mayor margen fiscal a las regiones no solo en 2025, sino también en 2026 y 2027, años para los que también se fija un déficit del 0,1 % del PIB.
La vicepresidenta comunicó también la cantidad de dinero del sistema de financiación que recibirán las CCAA en 2025 en forma de entregas a cuanta, tal como contempla la ley orgánica de financiación de las CCAA. Serán 147.412 millones de euros, un 9,5% más que este año, como consecuencia del aumento de la recaudación prevista gracias a la buena marcha de la economía.
Cataluña volvió a centrar el debate de la financiación autonómica, esta vez con la presencia de su consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, que había estado ausente en anteriores reuniones del CPFF. Mas expuso la singularidad que pretende para Cataluña y proclamó que "Cataluña necesita hacer este paso hacia adelante" de soberanía fiscal, que, según explicó, funcionaría igual que el modelo que rige actualmente en el País Vasco y Navarra, con la recaudación del cien por cien de los impuestos y una cuota hacia el Estado.
Montero negó que el Gobierno esté negociando bilateralmente con la Generalitat y puntualizó que lo que existe es una negociación entre. el PSC y ERC cuyos términos el Gobierno no conoce, "pero confía plenamente en Salvador Illa".
No obstante, acabó admitiendo que sobre la mesa está la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat al que se le encargaría la tarea de recaudar el cien por cien de los impuestos en Cataluña. Añadió que es una posibilidad que está contemplada en el Estatuto catalán y en algún estatuto más, "y un gobierno no se puede negar a cumplir leyes orgánicas".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral