El Consell prepara una nueva Ley de Vivienda en la Comunitat y cambios en el decreto de VPO 

VALÈNCIA. Generar un nuevo marco normativo "sólido" y reforzar "la autonomía legislativa" en materia de vivienda de la Comunitat Valenciana. Esas son las bases sobre las que pivotará las nuevas políticas de la Generalitat Valenciana para aumentar el parque inmobiliario en la región. Y, para ello, la idea es sacar "en el medio plazo" una nueva Ley de Vivienda autonómica, que aúne la vertiente social de la vivienda con la económica y más sectorial enfocada en la construcción. De esta forma, el objetivo es aglutinar en un único texto toda la legislación vigente para poner orden y dotar "de mayor seguridad jurídica al sector".

Pero, además, en el corto plazo también se está acometiendo una revisión de los decretos más sonados como son el de tanteo y retracto y la norma para reactivar la vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como de protección oficial (VPO). Se trata de textos legislativos aprobados en la pasada legislatura y por el anterior equipo de la extinta Conselleria de Vivienda, en manos de Podemos en los últimos cuatro años. 

"Ha llegado el momento de apartarnos de la producción de normas ideológicas para situarnos en normas lógicas, sustentadas en criterios técnicos que den respuestas solventes a las necesidades reales de las personas y, en definitiva, configuren un marco normativo seguro que atraiga inversión", remarcó el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, en una intervención en la VII Jornada de Debate Sectorial Inmobiliario de VIVA, Salón de la Vivienda Valencia, que sustituye a la antigua feria Urbe. 

Una jornada en la que el sector aprovechó para pedir "agilidad" a la Administración en la puesta en marcha de políticas que destensionen el mercado y favorezcan el acceso a un inmueble. Y, a este respecto, Fernández aseguró que su departamento trabaja en un nuevo marco que aporte "seguridad y confianza" al sector inmobiliario y al de la construcción. Y más, según expuso, en un momento de coyuntura económica compleja, marcada por la escalada de precios de las materias primas, la escasez de mano de obra y el encarecimiento de la financiación.

De este modo, avanzó que su plan es sacar una nueva ley que englobe todas las normativas que se han ido aprobando a lo largo de los últimos años, además de reforzar la función social de la vivienda. No obstante, eso llegará "en el medio plazo", dijo, por lo que lo más inmediato será la revisión de algunos decretos para agilizar el mercado y permitir la salida de nuevos proyectos. Y uno de ellos es el que regula la VPO en la autonomía.

Lo cierto es que esta norma, aprobada en mayo de este mismo año, actualizaba y unificaba en un único texto las diferentes normativas existentes en esta materia-la de 2007, 2009 y 2013-. El decreto fue negociado con los promotores en una comisión creada para este fin y recogía algunas de sus reivindicaciones, como la revisión de los precios del módulo que se fijó en 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil en caso de la promoción privada y en 1.530 euros si era promoción pública.

No obstante, la fuerte subida de los costes de la construcción han llevado al sector a pedir una revisión al nuevo ejecutivo de la Generalitat Valenciana, liderado por el PP, porque asegura que los proyectos siguen siendo "inviables" y se necesita un nuevo empuje. De este modo, según explican desde el sector a este diario, el valor fijado para el módulo es una de las cuestiones que se está abordando en la nueva negociación. También la vinculación de los precios al IPC o la posibilidad de que un propietario de una vivienda pueda, asimismo, acceder a una VPO, aunque con ciertos requisitos. 

"Hacer VPO sigue siendo inviable"

"En este momento no es viable hacer VPO en la Comunitat porque los componentes y materiales han subido y habrá que ordenar la norma", remarcó Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) durante una mesa redonda en el marco de la jornada. Y más en un momento en el que ciertos colectivos tienen casi prohibido acceder a una vivienda. 

Por ello, una de sus soluciones pasa por generar más vivienda de protección pública. Una modalidad que, sin embargo, no acaba de despuntar en la autonomía valenciana porque a las compañías no les salen los números. En este sentido, Olmedo explicó que se planteó la revisión de la normativa hace tres años y, mientras se trabajaba en ella, el sector ha tenido que hacer frente "a una subida de costes muy importantes". 

Destacó, eso sí, la eliminación de las zonas geográficas, que recoge el decreto del Botànic, y que suponía acabar con la diferenciación del valor del módulo entre municipios. "Al final cuesta lo mismo hacer una vivienda en València que en el Rincón de Ademuz porque hay que llevar la mano de obra y toda la logística", remarcó para incidir en que es necesaria una revisión del texto legislativo.

Una postura que compartió Pedro Soliveres, presidente de la Asociación de Promotores de Alicante, para quien, aunque ahora hay "mejores condiciones" con el nuevo decreto, coincidió en que este requiere de "ajustes" y vincular la revisión del precio del módulo al IPC por el alza de costes que sufre el sector. Pero, además, y como vienen reivindicando los promotores, Soliveres también incidió en la necesidad de movilizar suelo público en colaboración con los agentes privados, algo para lo que la actualización de la VPO es prioritario.

Cabe recordar que el decreto aprobado hace cinco meses, además de unificar las zonas geográficas, también, regula aspectos como el alquiler o la colaboración público-privada con los agentes privados, así como establece la calificación permanente de las viviendas de protección pública para "evitar la especulación". 

Asimismo, fija que para acceder a una VPO la persona debe estar inscrita en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat Valenciana, cuestión que se está revisando. Otra novedad era que en promociones públicas se reserva preferentemente el 40% de las viviendas para alquiler asequible a jóvenes menores de 35 años. 

"Pedimos al Gobierno que nos escuche"

Por otro lado, el sector fue bastante contundente a la hora de pedir a la nueva Administración, tanto local como autonómica, que le escuche y tenga en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones. "Pedimos que nos hagan caso y que nos escuchen", remarcó Vicente Llácer, CEO de Grupo Ática, quien, no obstante, reconoció un cambio de talante al señalar que antes les rechazaban y ahora "por lo menos nos escuchan". 

Además, los promotores reivindicaron la necesidad de establecer una sólida colaboración público-privada y medidas para agilizar los procesos, particularmente en los que respecta a la concesión de licencias por parte de las autoridades administrativas. Asimismo, subrayaron la importancia de que la legislación se adapte a las nuevas necesidades del mercado, que ahora incluye nuevas formas de viviendas, como el ‘living o senior living’, entre otras.