VALÈNCIA. El pasado 7 de abril, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba una serie de medidas de choque ante la crisis energética e inflacionista provocada por la invasión de Ucrania acometida por Rusia. Entre ellas, la creación de un Observatorio de Precios que tenía como misión, según informó la propia Generalitat en un comunicado, "seguir los precios y analizarlos con rigor, con el fin de detectar a tiempo las incidencias, garantizar la información y la transparencia a la ciudadanía, así como las buenas prácticas comerciales".
Además, entre estas funciones del órgano, también se marcaba "identificar posibles aumentos injustificados de precios de venta al público ante la tensión inflacionista que afecta al bienestar de valencianos y valencianas". El Observatorio de Precios de Consumo quedaría presidido por la persona titular de la dirección general de Comercio, Artesanía y Consumo, Rosana Seguí, e integrado por dos personas representantes de las federaciones y asociaciones que sean miembros titulares del Pleno del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de la Comunidad Valenciana. En concreto, Vicenta Alcácer, de Tyrius Asociación de Amas de Casa y Consumidores TYRIUS, y Vicente Inglada, de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana. Además, también se incluía en el grupo de trabajo, como personal experto, el director general de Economía Sostenible, José Soler; el responsable del Instituto Valenciano de Estadística (IVE), David González, y la directora general de Análisis y Políticas Públicas de Presidencia de la Generalitat, Ana Berenguer.
Casi tres meses después del anuncio y dos de su creación oficial, lo cierto es que los resultados y conclusiones del Observatorio de Precios están pasando más bien desapercibidos. El órgano sí se ha reunido (al menos en dos ocasiones), y ha extraído datos y conclusiones, pero el Gobierno valenciano no parece por la labor de promocionarlo en exceso.
Es más, al margen de su constitución, tan sólo ha tenido protagonismo en este espacio de tiempo en una nota de prensa colgada en la Conselleria de Economía dentro de otra información sobre el crecimiento del IPC en España aprovechando datos facilitados días atrás por el Instituto Nacional de Estadística.
Así, en ese comunicado difundido el 30 de junio, se especificaban algunos datos sobre el aumento de precios en la Comunitat Valenciana: los aceites y grasas (45,8%), calefacción y distribución de agua (28,3%), huevos (27,4%), leche (19,4%), cereales y derivados (18,7%), transporte personal (15,8%), pan (15,4%), carne de ovino (14,6%), carne de ave (13,3%) y patatas y sus preparados (12%). Además, también se remarcaba la inflación en el índice de precios de hoteles del 22,7% en la Comunitat Valenciana, si bien casi siete puntos porcentuales por debajo de la media nacional.
En la mencionada reunión, el grupo de trabajo acordó además "profundizar" en la dinámica de formación de los precios al alza de los productos de la cesta de la compra. Para ello, el objetivo marcado fue estudiar "nuevas metodologías de análisis de datos" que permitan identificar "en qué fases de las cadenas de producción, distribución y comercialización" se pueden estar produciendo las variaciones.
De esta manera, y al margen de que el grupo de trabajo se encuentre avanzando en la materia, resulta evidente que el Observatorio de Precios no ha obtenido en este tiempo mayor cota de visibilidad y notoriedad que cuando fue anunciado por Puig.
En este sentido, algunas fuentes del Ejecutivo opinan que no resulta demasiado positivo reflejar el crecimiento de precios en la Comunitat Valenciana si no se puede poner remedio u ofrecer soluciones que amortigüen el impacto de la propia información. O lo que es lo mismo: para qué contarle a la ciudadanía algo que ya sabe -que la cesta de la compra ha subido notablemente- si no pueden anunciarse medidas de choque dirigidas a paliar esta situación.