El Consell da por hecho que resolverá todos los expedientes de renovables antes del 25 de enero

VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana trabaja a contrarreloj para resolver todos los expedientes de renovables con el fin de llegar a la fecha límite del próximo 25 de enero, cuando los proyectos deben haber recibido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable por parte del Ministerio de Transición Ecológica o las autonomías para poder seguir adelante. El tiempo apremia, pero desde la administración valenciana garantizan que se cumplirá con el plazo fijado por el departamento que dirige Teresa Ribera.

De hecho, este pasado viernes equipos de las tres Consellerias implicadas en el proceso - Economía, Territorio y Medio Ambiente- mantenían una reunión de trabajo para evaluar el proceso y analizar la evolución de los expedientes. Un encuentro capitaneado por los responsables de las tres carteras con Rebeca Torró, Rafa Climent e Isaura Navarro, acompañados por técnicos de los tres departamentos para coordinar la tramitación.

Al término de la cita, las tres Consellerias daban por hecho que se cumplirá con esa fecha límite para tener evaluados todos los proyectos en un mensaje en sus respectivas cuentas de Twitter. "Gracias a la coordinación y al trabajo de la Generalitat se cumplirá con el hito del 25 de enero para la implantación de las energías renovables. Seguimos avanzando en la descarbonización de la Comunitat Valenciana", rezaba el tuit.

Lo cierto es que en las últimas semanas el proceso se ha agilizado, después de que el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig reuniera a Economía, Territorio y Medio Ambiente para poner orden ante las discrepancias en el seno del propio Consell con el fin de dirigir la posición del Ejecutivo autonómico hacia el acuerdo y acelerar los plazos. 

Y ese toque de atención ha tenido sus frutos desbloqueando poco a poco el tapón en la tramitación de proyectos. Según ha podido saber este diario, de los 63 expedientes que había atascados en la Generalitat Valenciana antes de finalizar 2022, y que se juegan su futuro el próximo 25 de enero, el pasado jueves quedaban aún por evaluar unos 41. No obstante, según precisan las mismas fuentes, cada día se van revisando las propuestas, no todas ellas de forma favorable, por lo que remarcan que en estos momentos quedan menos expedientes pendientes de resolución y se cumplirá con el plazo fijado por el Ministerio.

De no llegar a esa fecha con la DIA favorable, pese a que los proyectos cuenten con autorización administrativa, automáticamente se quedarán fuera, perdiendo los puntos de conexión a la red y el aval depositado. Y, según la patronal autonómica Avaesen, hay en juego 7.000 millones de euros y la viabilidad de 160 empresas, que pueden acabar en la quiebra. Además, la Administración también se enfrentaría a posibles demandas millonarias por responsabilidad patrimonial por parte de los promotores.

Por ello, desde la Generalitat se ha trabajado intensamente en las últimas semanas para acabar con una obstrucción que ha llevado incluso a generar luchas internas dentro del propio Botànic.

Más recursos humanos

Dos de los factores que han tenido mucho que ver con la aceleración del proceso han sido, por un lado, el aumento de los recursos humanos implicados en esta materia y el informe de la Abogacía de la Generalitat, que fijó la hoja de ruta a seguir. En este sentido, desde el Consell explican que se ha ido paulatinamente incorporando nuevo personal para ir más rápido. En el encuentro de Puig con las tres Consellerias ya se acordó el aumento de recursos en la tramitación de los expedientes precisamente para cumplir con el calendario. 

Pero, además, también el informe de la Abogacía de la Generalitat ha permitido desatascar la situación al evitar cualquier duda o interpretación sobre cómo proceder con los expedientes. Fue la propia consellera Torró, del PSPV, quien, consciente de que parte del 'tapón' estaba en la dirección general de Paisaje, dependiente de su Conselleria, pero dirigida por Rosa Pardo (Compromís), consultó a los letrados de la Administración para clarificar dudas e interpretaciones.

Y en su informe la Abogacía fijó unas pautas con el criterio a seguir para evitar la parálisis y el bloqueo. Una hoja de ruta que se plasmó en una instrucción con las disposiciones a considerar en la elaboración de informes durante la tramitación de proyectos de renovables. De hecho, hace solo una semana que Territorio resolvía proyectos por más de 1.000 MW de potencia, gran parte de esos informes correspondientes a proyectos que deben obtener la DIA antes del 25 de enero. Por tanto, el Consell pisa el acelerador para cumplir con una fecha, fijada hace ya dos años, y que permitirá a la Comunitat avanzar en su descarbonización y soberanía energética.