El conseller de Vivienda, Héctor Illueca. Foto: GVAVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda da un paso más para movilizar las cerca de 20.000 viviendas en desuso que calcula que hay en manos de grandes tenedores en la Comunitat Valenciana. Este departamento aprobó en octubre una norma que obliga a las entidades con más de diez viviendas a comunicar a la Administración los pisos que tengan vacíos. Una exigencia que ahora se ordena con la creación de un registro en el que deberán inscribir estos inmuebles para que que la Generalitat Valenciana pueda sacarlos al mercado del alquiler.
Con esta nueva herramienta, el departamento que dirige Héctor Illueca regula uno de los mecanismos que preveía el decreto aprobado hace dos meses para la movilización de las viviendas vacías en la región valenciana. Una normativa que da cumplimiento a la Ley por la Función Social de la Vivienda, aprobada en 2017, que recogía la intervención sobre viviendas deshabitadas y ya preveía la creación de este registro.
En concreto, el decreto sobre viviendas vacías regula la obligación de comunicar el número de viviendas deshabitadas de los grandes tenedores, es decir, aquellos inmuebles que lleven un año vacíos o destinados a otro uso que no sea residencial. Eso sí, los particulares estarán exentos de hacerlo de forma obligatoria. Para ello, la normativa fijaba la creación de un registro en el que las grandes entidades deben informar de forma semestral a la Administración de sus activos para poder darles una salida y atender la emergencia habitacional en la autonomía valenciana.
Ahora, Vivienda crea ese portal web en el que estas entidades deberán inscribir sus propiedades en desuso de forma que se ordenará e informatizará en un mismo canal la información. Un registro que servirá de instrumento básico de control y seguimiento y permitirá, a su vez, conformar un inventario preciso de las viviendas vacías existente en la Comunitat Valenciana. Se trata de la primera herramienta del decreto que se pone en marcha.
"Nos permitirá no solo inventariar todas las viviendas vacías que existen en nuestro territorio, sino que también nos proporcionará unos datos fundamentales para mejorar la efectividad de las políticas de vivienda", resaltó el conseller Illueca en el acto de presentación de la plataforma. Una vez recibida esa comunicación, el titular de este departamento explicó que se iniciará el procedimiento administrativo para la declaración de la vivienda deshabitada y la inspección del inmueble para en un plazo de seis meses movilizarla en el mercado.
"El desarrollo de la comunicación electrónica de viviendas vacías, el procedimiento de declaración y la habilitación del registro de viviendas vacías, acompañados de las medidas de fomento establecidas, la movilización del parque inmobiliario será una realidad que nos permita facilitar el acceso efectivo a una vivienda digna, asequible y adecuado que toda persona que se encuentre en nuestro territorio se merece", señaló la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris.
En caso de incumplimiento, los grandes tenedores se enfrentarán a sanciones cuyo importe dependerá de la tipología del inmueble y de dónde esté ubicado. En concreto, las sanciones tipificadas como graves oscilarán entre los 10.000 y los 350.000 euros y las muy graves irán de los 350.000 hasta los 950.000 euros.
En concreto, se penalizará cuestiones relacionadas con falta de información o falsedad de documentos, así como situaciones de discriminación, como no aceptar de inquilino a un migrante. Eso sí, solo se multará a grandes tenedores que son los que tienen la obligación de comunicar sus viviendas vacías.
En cualquier caso, la norma también contempla una serie de medidas para fomentar la movilización de las viviendas, ya no solo en el caso de grandes propietarios, sino también de particulares. Así, se creará la 'Xarxa Lloga'm', una red de intermediación y fomento del alquiler que permitirá a la ciudadanía alquilar sus viviendas. ¿Cómo? A través de una red de intermediación de 'Agentes Inmobiliarios Colaboradores' que se encargarán de tramitar estos alquileres con todas las garantías y cuyos precios máximos serán establecidos por el Consell de acuerdo con sus características y ubicación. Según precisó Peris, ya se está en contacto con agentes privados para que esa colaboración se haga efectiva lo antes posible.
También se regulará un programa de 'alquiler solidario' que conllevará la rehabilitación de los inmuebles que sean cedidos a la Generalitat Valenciana para uso social.
Y, finalmente, se creará una 'Bolsa Habita' en la que los particulares que así lo consideren cederán sus viviendas a la Administración por un período de entre 7 y 8 años para alquiler social destinado a personas en situación de emergencia residencial. A cambio, la Generalitat le abonará una cantidad por debajo del precio de mercado y le compensará con ciertas prestaciones como pólizas de seguro que garanticen el cobro de las rentas o la reparación de desperfectos que no sean consecuencia del deterioro por el uso o el paso del tiempo. Igualmente, financiará la contratación de un seguro multiriesgo para el hogar, así como promoverá ayudas para la obtención del certificado de eficiencia energética.
Según detalló Peris, se está trabajando en la puesta en marcha de estas herramientas que, previsiblemente, estarán en funcionamiento a principios del próximo año con el objetivo de que también los particulares se animen a ceder aquellos pisos que tengan en desuso.
