El Consell aprueba el decreto-ley de simplificación administrativa, que busca reducir la burocracia

Estas son algunas de las medidas previstas por sectores: agilizar la protección de bienes culturales; simplificar procedimientos de ayuda a víctimas de violencia machista; fomentar la igualdad en empresas sin penalizaciones; eliminar la obligatoriedad de cláusulas de responsabilidad social en contratación pública; agilizar procesos de personal sanitario; garantizar prestación farmacéutica en pueblos; eliminar la obligación de aportar documentos ya disponibles en el sistema educativo.

También se reforma la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) para simplificar trámites, eliminar cargas administrativas y clarificar plazos y procedimientos, con el objeto de agilizar la tramitación de planes urbanísticos y otros proyectos. Y se contemplan modificaciones para acelerar la implementación de energías renovables y para facilitar la declaración de zonas de gran afluencia turística (ZGAT).

"Es una gran obra de trabajo de reducción de trabas administrativas de toda la administración autonómica que se ha trabajado de manera transversal, en una grandísima apuesta que nos pone en la vanguardia de la simplificación", ha manifestado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al ser preguntado por el decreto tras firmar el convenio con PowerCo (filial de Volkswagen) para el proyecto del Battery Campus.

Según ha expuesto Mazón, el decreto persigue agilizar los trámites en el sector energético, pero también "en el campo industrial clásico", en la puesta en marcha de empresas, en la relación de los ciudadanos con la administración y en la "lucha contra la brecha digital" mediante un refuerzo de la atención presencial.

El jefe del Consell ha defendido que esta macronorma hará a la Comuniat Valenciana más competitiva, pero también "más humana, más cercana". Además, ha garantizado que es "un proyecto vivo permanentemente" y que "dentro de dos meses habrá nuevas medidas de simplificación".

Por ejemplo, ha avanzado que servirá para ayudar en los trámites que quedan con PowerCo para la futura implantación de la gigafactoría de baterías en Parc Sagunt II (Valencia), así como ha augurado que "catapultará" a la Comunitat en la instalación de energías renovables.

Al respecto, Mazón ha destacado que si "en la última legislatura del Botànic se aprobaron 400 megas, en nueve meses del gobierno del cambio se han aprobado 600 megas". "Es irrenunciable que trabajemos en nuestra soberanía energética", ha reivindicado.

Por su parte, la portavoz del Consell, Ruth Merino, ha explicado en su comparecencia semanal que el decreto supone "una modificación muy ambiciosa que afecta a todas las áreas" de la administración que llega tras meses de trabajo.

Declaraciones responsables y ventanilla única

El decreto, que se publicará este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), prevé la sustitución de autorizaciones y licencias por declaraciones responsables o comunicaciones, así como la supresión de cargas administrativas repetitivas, obsoletas y no exigibles por la legislación.

En esta línea, establece la tramitación preferente y urgente de las iniciativas consideradas proyectos de interés autonómico. Los titulares de estos proyectos dispondrán de una ventanilla única de solicitud y de la posibilidad de disponer de una sola interlocución.

Entre las medidas para la ciudadanía, la Generalitat posibilitará que pueda acceder a través de un único punto electrónico a toda la información generada, que deberá estar redactada en un lenguaje claro y sencillo. En las oficinas de atención presencial se dispondrán los medios técnicos necesarios para que la ciudadanía pueda relacionarse también digitalmente con la administración.

Por otro lado, se prohíbe solicitar a las personas interesadas la aportación de datos o documentos que puedan consultar en la plataforma autonómica de interoperabilidad. El Consell aprobará un "modelo de gobierno del dato", basado en la transparencia y la protección de datos personales.

A nivel local, el decreto insta a los ayuntamientos a adoptar medidas de simplificación para armonizar procedimientos y así asegurar "una administración coherente y eficiente en todo el territorio autonómico".

El texto normativo prevé que el Consell apruebe cada dos años planes de simplificación de la administración de la Generalitat, a través de los que se concretarán los plazos de puesta en marcha de cada medida.