MADRID (EP). La Ley de Memoria Democrática, que amplía la ley de memoria histórica vigente desde 2007, pasará el jueves su primer examen en el Pleno del Congreso con el debate de las enmiendas de totalidad que han presentado ERC, PP y Vox para frenar la tramitación del texto del Gobierno.
Mientras el PP y Vox se han limitado a solicitar la devolución de su proyecto al Ejecutivo, ERC, habitual aliado del Gobierno en el Congreso, ha optado por presentar un texto alternativo para que sea el que se tramite, ya que considera que la propuesta del Ejecutivo es manifiestamente insuficiente.
La previsión es que todas las enmiendas de totalidad sean rechazadas y el texto gubernamental prosiga su camino en la Cámara Baja con la presentación de enmiendas parciales por parte de los distintos partidos.
El grupo que ahora capitanea Gabriel Rufián, ya votó en contra de la ley auspiciada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y sostiene que la decisión del Ejecutivo de coalición de modificar aquella norma les ha dado la razón.
Pero el nuevo texto, que será defendido en la tribuna del Congreso por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tampoco convence a los miembros de ERC, que intentarán que sea sustituido por su propia norma.
En su texto alternativo, recogido por Europa Press, ERC va más allá del proyecto del Gobierno y plantea reconocer "cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas" víctimas del franquismo y su derecho a la "reparación".
Así, aboga por obligar al Gobierno a "restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus familiares", ya sea mediante la devolución del bien o compensando su valor económico en la actualidad.
También cuantifica en 135.000 la indemnización que deben recibir las personas beneficiarias de quienes "fallecieron o desaparecieron por la represión franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta el 27 de diciembre de 1978".
Además, da un año al Gobierno para presentar un estudio sobre la represión contra las "personas y colectivos que lucharon por los valores democráticos y los derechos nacionales, entre los años 1975 y 1982, perpetrada por funcionarios el Estado y organizaciones paramilitares" y que después estudie hacerles homenajes y posibles vías de reparación.
Su propuesta también obliga a hacer homenajes a los perseguidos "por destacarse en la lucha democrática a favor de un Estado descentralizado y de la afirmación nacional de sus territorios", así como los fusilados, presos, exiliados o las mujeres por su especificidad como víctimas de la represión.
ERC demanda, asimismo, reconocer jurídica y moralmente la "lucha por la democracia" de los 'maquis' y de todas las personas que formaron parte de organizaciones y guerrillas antifranquistas, con indemnizaciones económicas incluidas. Para los brigadistas internacionales reclama distinciones oficiales.
El texto de los independentistas persigue reconocer por ley a la II República como "un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político", así como "sus leyes y símbolos como propios e históricos", y dejar claro que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue una sublevación de parte de "un grupo de oficiales, jefes y generales del ejército contra sus manos y el Gobierno de la República".
Además, prevén apoyo económico y jurídico del Gobierno para quienes denuncien los delitos cometidos durante la dictadura, teniendo en cuenta la "imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad", y que se declaren ilegales los tribunales creados durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como todas su resoluciones, en especial las sentencias de los consejos de guerra, del Tribunal de Orden Público, entre otros.
En el caso del presidente de la Generalitat Lluis Companys fusilado tras un consejo de guerra, el texto alternativo de ERC contempla que el presidente del Gobierno entregue la certificación correspondiente de nulidad al presidente catalán. También propone la aprobación de "sentencias de nulidad" por parte de tribunales militares, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de Justicia.
El texto incluye otro artículo para que en un año las administraciones invaliden todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de adeptos al régimen, así como de condecoraciones concedidas por "hechos de colaboración con el franquismo" o vulneración de los derechos fundamentales.
El PP también pide la devolución al Gobierno de su proyecto de ley pero, en su caso por creer que se trata de una norma "innecesaria" y guiada por "un espíritu de confrontación entre españoles".
Parecidos argumentos usa Vox, que la considera una ley "revanchista" y "totalitaria" que "impone una versión sectaria y distorsionada de la Historia, "divide a los españoles --tanto a los de 1936 como a los de 2021-- en buenos y malos" y "pone en peligro derechos fundamentales , como las libertades de pensamiento, expresión, asociación, educación y religiosa".
